Se dispone la suspensión del proceso a prueba -por dos años- respecto de los imputados por el delito de estafa reiterada, y se les impone la realización de tareas comunitarias y no remuneradas, interpretándose que el alcance del beneficio previsto en el artículo 76 bis del Código Penal -para los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años- se funda en una exégesis irrazonable de la norma que no armoniza con los principios de interpretación de las leyes penales (interpretación restrictiva, “ultima ratio” y “pro homine”), conforme a la doctrina de la Corte Federal.
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