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JURISPRUDENCIACaducidad de instancia. Declaración de oficio. Actos impulsorios. Cédula electrónica
Se revoca la resolución que declaró operada la caducidad de instancia, al advertirse actos de impulso procesal interruptivos -como el diligenciamiento de una cédula electrónica- que impidieron al juez tenerla perimida de oficio. Es que si vencidos los plazos legales para que se opere la caducidad la parte impulsa el procedimiento por medio de una actividad idónea, el juez debe limitarse a proveer lo que corresponda sin declarar la caducidad de oficio.
Buenos Aires, 2 de febrero de 2018.-
Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I.- Vienen estos autos a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en subsidio a fs. 53/55vta, contra lo decidido a fs. 51/52, en virtud del cual el Sr. Magistrado de grado declaró operada la caducidad de instancia. El memorial luce agregado a fs. 53/55vta.
La parte actora se agravia afirmando la existencia de actuaciones impulsivas. En este sentido, señala el acta de audiencia de fecha 10 de agosto de 2016, la solicitud de una nueva audiencia de fecha 13 de diciembre del mismo año y la revocación del patrocinio efectuado a f. 45, entre otras actuaciones a las que atribuye efectos interruptivos.
Por otra parte, sostiene que no prospera la caducidad de instancia por aplicación de lo dispuesto en el artículo 313, inc. 3, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Así alega la existencia de actividades pendientes por parte del Tribunal.
Arguye también, la existencia de una animosidad manifiesta del Tribunal.
Finalmente el último de los agravios se centra en la alegada paralización de las actuaciones por partes del juzgado. En la especie, señala que la misma se efectuó entre el 17 de julio de 2017 y el 31 de octubre del mismo año. Expresa que no se debe computar ese lapso a los fines de la perención de instancia.
El traslado conferido a f. 57, no obtuvo respuesta.
II.- En forma previa a analizar las argumentaciones expresadas por la apelante aclararemos que el tribunal de apelación no se encuentra obligado a seguir a los litigantes en todos sus razonamientos, ni a refutarlos uno por uno. Posee amplia libertad para examinar los hechos y las distintas cuestiones planteadas. Puede asignarles el valor que les corresponda o que realmente tengan en tanto se consideren decisivos para fundar la resolución y prescindir de los que no sirvan a la justa solución de la litis.
En consecuencia se analizarán las argumentaciones que sean conducentes (ver CSJN, «Fallos»: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi – Yañez, «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado», T° I, pág. 825; Fenocchieto – Arazi. «Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado», T 1, pág. 620).
Sentado ello, diremos que la caducidad de instancia no opera de pleno derecho, por el mero transcurso de los plazos previstos en el art. 310 del Código Procesal, sin la realización de ningún acto tendiente al impulso de las actuaciones. Se requiere de la correspondiente declaración judicial, la que no puede tener lugar de oficio una vez que cualquiera de las partes haya impulsado el procedimiento (art. 316 C.P.C.C.).
Así la parte interesada en obtener por esta vía la extinción del proceso debe interponer el pedido respectivo antes de consentir el acto de impulso efectuado con posterioridad al vencimiento del plazo legal (art. 315 C.P.C.C.N.). Ese consentimiento se produce, de manera tácita, de no articularse el planteo de perención dentro de los cinco días del conocimiento de tal actuación (esta sala, R. 191.678 del 11.4.96).
Asimismo cabe aclarar que conforme lo dispone el art. 316 del ritual, “la caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el art. 31, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento”.
De allí que, no procede la declaración de oficio de la caducidad si cualquiera de las partes ha realizado un acto idóneo para impulsar el procedimiento, aun en el supuesto de que hayan transcurrido los plazos legales para que ello se concrete (Palacio, “Derecho Procesal Civil” T° IV, pág. 227 y sus citas jurisprudenciales).
Es que, si vencidos los plazos legales para que se opere la caducidad, la parte impulsa el procedimiento por medio de una actividad idónea para que el proceso o la instancia avance hacia su fin específico, el juez debe limitarse a proveer lo que corresponda sin que pueda declarar la caducidad de oficio (Fassi-Yañez, “Código Procesal Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado.”, T° 2, pág. 687 y sus citas).
IV. Sobre ese piso de marcha se destaca que luego de la providencia de f. 41, dictada el 05 de mayo de 2016, no obstante lo que resulta del acta de f. 42, de fecha 10 de Agosto de 2016, se produjo un acto de impulso a f. 43, con fecha 8 de diciembre de ese mismo año. Esa actividad resulta impulsiva y más allá de la fecha de su presentación, el Juzgado ya no puede decretar la caducidad de instancia de oficio, sin perjuicio de lo que pudiera requerir la parte contraria. Ello conforme se expresó más arriba.
Luego del acta de f. 47, datada el 23 de marzo de 2017, se produjo un nuevo acto de impulso, pedido de audiencia de f. 48, con fecha 30 de marzo de 2017, que fue proveído favorablemente a f. 49, señalándose nueva audiencia para el día 31 de octubre de ese año.
El acta de f. 50 confeccionada en esa misma fecha da cuenta de la existencia del libramiento defectuoso de una cédula electrónica con fecha 24/04/17.
Adelantaremos que este Tribunal no coincide con que la última actuación útil e idónea señalada en el pronunciamiento recurrido, esto es el proveído de f. 41.
Además de los antes enumerados, surge del acta de f. 50, que con fecha 24 de abril del corriente año se diligenció una cedula electrónica, en la cual, si bien no se transcribió el auto de convocatoria de fs. 22/vta., resulta impulsiva.
Esto es así, pues independientemente del resultado de la notificación, la Sala tiene dicho que son interruptivos del curso de la caducidad de la instancia aquellos actos o peticiones que activan el procedimiento haciéndolo avanzar hacia su destino final, la sentencia, debiendo tratarse de peticiones útiles y adecuadas al estado de la causa, que guarden directa relación con la marcha normal del proceso (Fenochietto-Arazi “Código Procesal Comentado” T.2 pag.27); es decir, deben tender al desarrollo de las actuaciones, con prescindencia del resultado o eficacia de tal actuación o pedido (conf. Fassi Yañez “Cod. Proc, Comentado) T.2 pág. 662).
De acuerdo a las fundamentaciones vertidas es que el planteo en examen ha de ser acogido, ya que si se tiene en cuenta que el último acto impulsivo ocurrió con fecha 24 de Abril del presente año, no ha transcurrido el plazo previsto en el ritual desde el mismo hasta el declara la perención de instancia con fecha 1° de noviembre de ese mismo año.
VI.- Las costas se impondrán por su orden, toda vez que no se ha contestado el traslado del memorial (art. 68 y 69 CPCCN).
Así, el Tribunal Resuelve: revocar la sentencia interlocutoria de fs. 51/52. Con costas por su orden (art. 68 y 69 CPCCN). Regístrese, protocolícese y publíquese. Cumplido, devuélvase, encomendándose la notificación de la presente a la instancia de grado.
Fecha de firma: 02/02/2018
Firmado por: DR. MAURICIO LUIS MIZRAHI, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: DR. CLAUDIO RAMOS FEIJOÓ, JUEZ DE CÁMARA
Firmado por: ROBERTO PARRILLI, JUEZ DE CAMARA
Club de Campo A. Asoc. Civil c/D., M. J. s/ejecución – Cám. Nac. Civ. – Sala I – 09/08/2016 – Cita digital IUSJU010664E
024370E
