Se declara la caducidad de la segunda instancia al advertirse que desde que se concediera el recurso de apelación interpuesto hasta el acuse de caducidad no hubo, por parte de la recurrente, actividad alguna tendiente a instar la elevación del expediente, y por haber transcurrido el plazo de tres meses exigido por el artículo 310 -inciso 2°- del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, se concluyó que no enervaba la conclusión alcanzada la circunstancia de que el artículo 313 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación impusiera al juez la carga de efectuar ciertos actos procesales de oficio, pues ello no relevaba al interesado a la realización de los que fueran necesarios para urgir su cumplimiento ante la omisión del órgano judicial correspondiente.
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