Se revoca el decreto de oficio de caducidad de la instancia, atento al alcance restrictivo de su interpretación porque, si bien la única actividad pendiente de producción era el dictamen que el artículo 56 de la ley de Concursos y Quiebras le imponía a la sindicatura, no existía óbice para que el juzgado instase a su auxiliar a cumplir con tal requisito.
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