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JURISPRUDENCIAEjecución. Cuenta corriente bancaria. Operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito. Exclusión
Se revoca la resolución que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta y se ordena llevar adelante la ejecución por saldo de cuenta corriente bancaria, excluyendo del monto el importe proveniente de operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito y sus intereses, pues el certificado base no cumple con los requisitos previstos por la ley 25065.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2017.
Y Vistos:
1. Apeló la ejecutante la sentencia de fs.49/52 que hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada y rechazó la ejecución.
Los fundamentos del recurso lucen agregados a fs. 55/61 y fueron respondidos en fs. 63/65.
2. El art. 1393 CCyCN define este contrato de la siguiente manera: “Definición. La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a prestar un servicio de caja”.
Respecto de la ejecución del saldo el art. 1406 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “Ejecución de saldo. Producido el cierre de una cuenta, e informado el cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la Republica, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El documento debe ser firmado por dos personas apoderadas del banco mediante escritura pública, en el que se debe indicar: a) el día del cierre de la cuenta, b) el saldo a dicha fecha, c) el medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. El banco es responsable por el perjuicio causado por la emisión o utilización indebida de dicho título”.
De ello se deriva que el saldo que arroje la cuenta corriente al cierre podrá ser reclamado mediante la emisión de un certificado de saldo deudor, con eficacia de título ejecutivo, independientemente del origen de los asientos de la cuenta.
a) En función de lo señalado, contrariamente a lo sostenido por la a quo el certificado que obra incorporado a fs. 8, cumple con los recaudos formales exigidos por la nueva normativa.
En efecto, la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria copiada en fs. 7 contiene (i) mención el día del cierre de la cuenta (28.06.2016), el saldo a dicha fecha ( $321.384,92); (ii) el medio por el cual fueron comunicadas ambas circunstancias al cuentacorrentista (carta documento) y (iii) las firmas conjuntas de dos apoderados del banco habilitados para ello, informando la escritura y folio del Registro Notarial interviniente en esta Ciudad, por lo cual el título resulta hábil y ejecutable, sin que sea menester el cumplimiento de ningún otro recaudo adicional porque la ley no lo exige, al menos a los fines de la ejecución que se postula. Ello así, deja sin sustento argumental los cuestionamientos de la demandada relacionados con la adjunción de poderes, sin perjuicio de ser eventualmente tratados en un juicio ordinario posterior (art. 553 Cpr).
Frente a ello, resultan inatendibles las objeciones ensayadas en torno a las formalidades del instrumento ejecutado.
Tampoco requiere al banco el cumplimiento de la previa comunicación del resumen o liquidación del estado de la cuenta al cliente para que, tácita o expresamente, confirme el saldo y este sea considerado definitivo a los fines de habilitar la ejecución, al margen de que el banco acepte o no las impugnaciones que, en todo caso, deberán ser objeto de tratamiento en el juicio ordinario (Cfr.“Temas de Derecho Comercial y Empresario y del Consumidor” pág. 28, bajo la dirección de Marcelo L. Perciavalle, abril 2015).
b) Superados así los cuestionamientos a las formas extrínsecas del título el cual, como se observó anteriormente, aparece emitido con sujeción a lo dispuesto por el art. 1406 CCy CN, corresponde pronunciarse sobre la defensa relativa a la contravención de los arts. 14 y 42 de la Ley 25.065, en tanto el nuevo cuerpo legal ha mantenido vigente la norma en cuestión.
Conviene recordar que el art. 42 de la Ley 25.065, establece imperativamente que los saldos de tarjetas de crédito existentes en cuentas corrientes abiertas «exclusivamente» a ese sólo efecto, no serán susceptibles de cobro ejecutivo (esto es, por la vía del art. 1406 CCyCN). Para ello deberá la entidad emisora preparar la vía en el modo indicado en el art. 39 de la ley (conf. «Régimen de Tarjetas de Crédito, Ley 25.065», Revisado, Ordenado y Comentado por Roberto A. Muguillo, Ed. Astrea, pág. 197).
En esa dirección, cualquier resignación impuesta en el contrato de apertura de la cuenta corriente bancaria o en el contrato de tarjeta de crédito que se vinculare con los derechos derivados de la ley que regula esta última materia, configuraría una cláusula nula, por receptar una renuncia de derechos indisponibles (cfr. art. 37 inc. b de la Ley 24.240, art. 14 inc. a Ley 25.065). Caso contrario, mediante un simple recurso instrumental y bilateral incorporado a una norma de carácter privado en beneficio de las entidades bancarias (vg. emisión de certificado previsto por el art. 793 C.Com.) se violaría toda la protección legal de orden público establecido en la ley de referencia. Por consiguiente, el débito de cargos por resúmenes de tarjeta de crédito en saldos deudores en cuenta corriente deberá igualmente cumplimentar todas las disposiciones que las leyes antes referidas contienen tanto para obtener su cobro, como en lo relativo a los deberes de información (conf. CNCom., Sala C, in re «Banco Itaú Buen Ayre SA c/ Cisco Hugo Orlando s/ ejecutivo», del 17/6/2009; en igual sentido esta Sala en “Banco Santander Río S.A c/ Gonzalez Pedro Miguel y otro s/ ejec.”, del 18/5/10; íd. “Banco Santander Río S.A c Lezcano Victor M”, del 24/6/10, entre otros).
Ahora bien, la ejecutante señaló que la apertura de cuenta corriente bancaria, no habría sido emitida al sólo fin de debita montos de tarjetas de créditos. Sobre el particular refirió que la cuenta resulta operativa y los débitos para cualquier saldo originado en servicios de la entidad fueron expresamente acordados con la demandada.
La ejecutada no negó la existencia de la cuenta corriente. Tampoco medió un puntual cuestionamiento sobre la previsión contractual de debitar otros servicios en la misma. Ello, con más la documental incorporada a la causa, permite concluir que no se trata de un supuesto de apertura de una cuenta corriente con el fin exclusivo de debitar el saldo de tarjeta de crédito (v. fs. 14/22). Así entonces, el título en cuestión resulta hábil a fin de ser ejecutado mediante este trámite.
Pero ciertamente, debe excluirse del monto total consignado por el banco en el certificado de cuenta corriente no solo el importe proveniente de las operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito, sino también de sus intereses (compensatorios y punitorios). Sobre el particular advierte esta Sala que si bien la entidad bancaria informó sobre los montos de la tarjeta Visa y American Express, no discriminó el importe de capital e intereses sobre las mismas (v. fs. 32 vlta).
En este aspecto, señálase que en relación a la cuenta corriente y al sistema de tarjeta de crédito, las obligaciones asumidas y propias de cada relación jurídica no pueden extenderse sin más a la otra relación jurídica entre las partes, pues los efectos de ambos contratos deben entenderse dentro de los límites de cada uno de ellos por cuanto obedecen a diferentes regímenes jurídicos (conf. CNCom., Sala C, in re «Rodríguez Alicia c/ Banco Río de la Plata SA s/ ordinario», del 26.05.95, LL 1996-E-649, íd. esta Sala: «Banco Santander Río SA c/Gonzalez Pedro Miguel y otro s/ejec.» del 18/05/10; «Banco Santander Río SA c/Lezcano Victor M. s/ejec.» del 24/6/10; «Banco Santander Río SA c/Platia Silvia Mabel s/ejec» del 1°/7/10; «Banco Santander Río SA c/ Bianchi Inés Elena s/ ejecutivo», del 24/8/10; «Banco Santander Río SA c/Fittipaldi Sergio O. s/ejec.» del 30/9/10; «Banco Santander SA c/ Dell Acqua Jorge Raul y otro s/ ejecutivo», del 9/11/2010, entre otros).
Así, con el efecto de excluir del monto que se pretendió ejecutar el importe proveniente de operaciones derivadas del sistema de tarjeta de crédito y sus intereses (compensatorios y punitorios) -en tanto el certificado base de las presentes no cumple con los requisitos previstos por la Ley 25.065, arts. 39 y 41-, deberá la actora en el plazo de diez días, discriminar esos importes, con el debido respaldo documental.
En el entendimiento que propicia este Tribunal, fuera de tal excepcional salvedad, cualquier otro error o abuso en que hipotéticamente pudiera haber incurrido el banco al utilizar este procedimiento y que exija el análisis de la composición del saldo deudor en cuenta corriente, aparece ajeno al cauce cognoscitivo del trámite, debiendo ser materia eventualmente subsanable a través de la acción ordinaria a que refiere el Cpr. 553 (Cfr. CNCom. Sala A, 6/12/05, «Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Muñiz Guillermo Jorge s/ ejecutivo»; esta Sala, 1/12/09, «HSBC Bank Argentina SA c/Var Pen SA s/ejec.»).
3. Respecto de lo manifestado por la ejecutada en relación a la falta de cumplimiento de la Acordada de la CSJN, la cuestión debió ser puesta a consideración ante la magistrada de grado, por lo que nada corresponde agregar.
4. Consecuentemente con ello, se resuelve: modificar, en cuanto ha sido materia de puntual tratamiento, la decisión de fs. 49/52 y ordenar llevar adelante la ejecución por el monto del capital que surja de practicar la discriminación antes ordenada, con más los intereses desde la mora (acaecida el 28.06.16) a la tasa que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones comunes de descuento a treinta días, capitalizables trimestralmente (art. 1398 del CCy C).
Las costas de ambas instancias se distribuirán en el orden causado, atento las particularidades e implicancias de la presente y la forma en que se decide (arg. art. 68: 2° párrafo CPCC).
Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).
Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Alejandra N. Tevez
Rafael F. Barreiro
María Eugenia Soto
Prosecretaria de Cámara
Banco Santander Río SA c/Marcotulli, Nicolás Nahuel s/ejecutivo – Cám. Nac. Com. – Sala F – 04/05/2017 – Cita digital IUSJU016516E
Banco Santander Río SA c/García, Gastón Rodrigo s/ejecutivo – Cám. Nac. Com. – Sala F – 02/03/2017 – Cita digital IUSJU017220E
022946E
