Se confirma el fallo que hizo lugar a la ejecución de honorarios iniciada por la mediadora, pues el recurrente no explica las razones por las que sostiene que el acceso a la justicia se encontró vulnerado por no aplicarse los criterios de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, del mismo modo que violado el principio de igualdad respecto de las remuneraciones de los abogados y demás auxiliares de justicia, sino que se limita a realizar valoraciones en abstracto y, en consecuencia, insuficientes a los fines que plantea.
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