Se decide la suspensión del juicio a prueba instruido contra el imputado por el delito de falsificación de documentos públicos, dado que, conforme a la interpretación amplia del artículo 76 bis del Código Penal, refrendado por la doctrina de la Corte en el fallo “Acosta”, limitar el alcance de la probation a los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supere los tres años se funda en una exégesis irrazonable.
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