En el marco de una acción de amparo se rechaza la queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad, pues el sindicato reclamante afirma que el sistema UBER seguiría funcionando y sostiene que la reparación posterior de cualquier daño derivado de esa circunstancia sería imposible, pues la firma no cuenta con patrimonio en nuestro país, pero no respalda de ningún modo sus afirmaciones y tampoco se hace cargo de los fundamentos dados por el a quo en cuanto refiere que en el juicio iniciado por el actor se dictó una medida cautelar mediante la cual se ordenó, precisamente, suspender el uso de la aplicación cuestionada.
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