Se revoca la resolución que impuso las costas a cargo del incidentista por considerar que el trámite verificatorio ostentaba el carácter de tardío, al valorase que recién a partir de la cuantificación de la acreencia el incidentista estuvo en condiciones de promover la verificación, configurándose el supuesto de excepción señalado en el artículo 56 de la Ley de Concursos y Quiebras.
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