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JURISPRUDENCIAConcursos y quiebras. Pronto pago. Acuerdo preventivo homologado. Verificación tardía
Se modifica la sentencia apelada y se declara verificado tardíamente el crédito iniciado como pronto pago, en tanto, mediando homologación del acuerdo preventivo celebrado en el principal, deviene inoficioso pronunciarse sobre el pronto pago requerido en los términos del art. 16 de la ley 24.522, ya que este solo tiene utilidad durante el período que transcurre entre la presentación en concurso y la homologación del acuerdo.
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 14 días del mes de de Abril de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “S. C. S.A. DE T. S/CONCURSO PREVENTIVO S/INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Ribera y Llobera, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
CUESTIÓN
¿Debe modificarse la sentencia apelada?
VOTACIÓN
A la cuestión planteada el Dr. Ribera dijo:
I. R. R. M. inicia pronto pago de crédito laboral, de conformidad con lo dispuesto con el art. 16 de Ley 24.522, reformada por la ley 26.086. Acompaña a los fines de justificar su acreencia, copia certificada de la sentencia dictada en sede laboral y liquidación aprobada (fs. 24/6).
Corrido el pertinente traslado como verificación tardía (ver fs. 27, tercer párrafo), la concursada la contestó (fs. 28/30) y el Síndico dio su conformidad con el pronto pago (fs. 36)
Se dictó sentencia y se reconoció en favor del peticionante el derecho al pronto pago por la suma de $ 1.045.914,72 con privilegio especial e intimó de pago a la concursada para que en el plazo de cinco días depositara dicha suma, bajo apercibimiento de ley. No se impuso costas por carecer de naturaleza contradictoria (fs. 41/2).
La concursada apela (fs. 47) y funda su recurso a fs. 51/4.
La sindicatura apeló la imposición de costas (fs. 49) y expresa agravios a fs. 56/7.
III. El reconocimiento como pronto pago
i. Agravios de la concursada y breves antecedentes
Se queja la deudora que se haya admitido el pronto pago del crédito laboral, pues dice que estando homologado el acuerdo preventivo, el pedido debe ser rechazado. Agrega que la jueza señaló dicha circunstancia y no obstante ello, hizo lugar a la pretensión, por lo que entiende, la decisión es contradictoria.
Cuestiona, asimismo, que omitió señalar los límites que impone el art. 246 de la Ley 24.522 (L.C.Q.) respecto de los intereses, para lo cual, entiende, se le debió requerir al funcionario concursal que practique liquidación efectuando la discriminación correspondiente a su composición.
En cuanto a los antecedentes del caso, recordemos que el acreedor solicitó el 21 de agosto de 2015 el pronto pago de su crédito reconocido en sentencia, cuando, si bien se había presentado el acuerdo con los acreedores, aún no había sido homologado (fs. 5.923/5), lo que se efectivizó el 11/9/2015 (fs. 6.921/). Además, al clasificar y agrupar los acreedores, la concursada denunció la inexistencia de acreedores laborales (fs. 5.777), por lo que no se formuló acuerdo para ellos.
ii. Jurisprudencia respecto al momento hasta el cual puede solicitarse el pronto pago
La jurisprudencia ha decidido que el pronto pago tiene utilidad únicamente durante el período que transcurre entre la presentación en concurso y la homologación del acuerdo, dado que pasado tal período fenece su razón de ser, puesto que, o bien se trata de un crédito quirografario sujeto a las reglas acordadas y que, por ende, no puede ser reclamado por esta vía, o bien es un crédito privilegiado que es inmediatamente exigible. Por ello, estando homologado el acuerdo propuesto por el concursado, lo establecido en el art. 16, párrafo 2° L.C.Q. resulta inaplicable, debiendo el acreedor intentar la verificación conforme el procedimiento previsto en los arts. 56 y concordantes (CNCom, sala A, junio 17-9-987, L.L. 1998-B, 746; ídem, sala E , 23-12-1997, “Pinfruta S.A. conc. prev. s/ inc. pronto pago por: Vallejos, Hilardo”, LL 1998 C, 280-97168; íd., sala A, 18-9-1998, ”Química Sudamericana, S.A. s/Concurso s/ Incidente de verif. por Nupieri Helio”, ED 181, 742-49124; íd., sala A, 24-9-1998, “Casa Kleiman, S.A. s/ Concurso s/inc. de revisión por Alegre, Francisco”, ED 183, 307-49378; íd., Sala E, causa n° 44.224/2010 del 14-3-2011; ídem, causa n° 100.344/02 del 19-6-2009).
Aplicando la misma solución, otros tribunales han resuelto que mediando homologación del acuerdo preventivo celebrado en el principal, deviene inoficioso pronunciarse sobre el pronto pago requerido en los términos del art. 16 de la ley 24.522, ya que el mismo sólo tiene utilidad durante el período que transcurre entre la presentación en concurso y la homologación del acuerdo, a partir de la cual los acreedores privilegiados recobran el ejercicio de sus acciones individuales (CNCom., 3-6-2002, “Robles, Enrique R. en: Fortunato Arrufat S.A.”, LL 2002 F, 889-104724 comentado por José A. Di Tullio y Eduardo N. Chiavassa; CNCom., Sala A, 10-6-1997, “Industrias Tameyfú S.A.”, JA 1997 IV, 127).
iii. Los efectos de verificación del pronto pago No caben dudas que el momento a partir del cual se puede solicitar el pronto pago, en el concurso preventivo, es desde su apertura (art. 14 L.C.Q.).
El problema se plantea hasta cuándo puede solicitar o reconocerse judicialmente el pronto pago. Conforme a la referencia que hice de la jurisprudencia de la justicia nacional comercial, se ha resuelto que debe otorgarse hasta la homologación del acuerdo preventivo.
Ahora bien, también debe tenerse en cuenta que el pronto pago produce efectos de la verificación del crédito, por ello rechazarlo por la mera circunstancia que el acuerdo fue homologado, cuando fue iniciado con anterioridad, privaría al acreedor laboral de ejercer su derecho reconocido en el art. 56 L.C.Q. Los acreedores privilegiados no comprendidos o alcanzados por el acuerdo preventivo homologado, pueden ejercer sus acciones individuales, motivo por el cual, Morales podrá ejecutar la sentencia de verificación e incluso solicitar la quiebra del deudor.
Conforme a lo expuesto, la declaración de pronto pago apelada debe ser modificada y reconocerse la verificación del crédito tardíamente, pues caso contrario significaría desconocer el derecho del acreedor obtenido mediante sentencia laboral firme y obligarlo a recorrer un doble camino de iniciar un nuevo incidente para reclamar el reconocimiento del crédito.
Al respecto cabe mencionar, que la concursada fue parte el proceso laboral; al presente incidente se le dió traslado como incidente de verificación tardía, el que fue contestado sin plantear oposición frente al trámite impreso, pues sólo pidió que se acreditara la autenticidad de las copias de la documentación acompañada, cuando contaba con certificación del Tribunal de Trabajo y por la falta de pago del crédito (fs. 27/30). Además el síndico prestó su conformidad al pronto pago (fs. 36).
iv. La Propuesta
Tales antecedentes me llevan a la convicción que el pedido de rechazo del pronto pago e intimación de pago, tal como se formula en los agravios, privarían al acreedor de contar con una decisión que tuviese por verificado el crédito.
Además, iniciar una nueva incidencia para verificar su crédito, no se condice con la economía procesal que debe primar en el proceso. Es que, tratándose de un crédito de naturaleza laboral, tal rigorismo formal, podría conducir a un resultado disvalioso para los justiciables. Debe considerarse fundamentalmente que el pronto pago fue iniciado con anterioridad a la homologación del acuerdo, y que por motivos exógenos la resolución fue dictada luego de su homologación.
Aún cuando se desestime la pretensión, entiendo que resulta conveniente analizar el reclamo como un pedido de verificación de créditos tardío, máxime cuando al expresar agravios la demandada no desconoció la acreencia del reclamante, sino que se limitó a pedir su rechazo por cuestiones formales y cuya pretensión encuentra andamiaje en lo dispuesto por el art. 56 de la ley concursal.
El principio iuria novit curia faculta al juez a calificar autónomamente los hechos del caso en tanto no altere los supuestos fácticos (CNCom., Sala D, causa n° 25.304/; ídem Sala E, causa n° 100.344/02 del 19/6/2009; Sala B, del 21/12/06, entre otros).
Encontrándose acreditada la acreencia pretendida con la documentación acompañada (fs. 5/12) y la conformidad prestada por el Sindico fs. 38, teniendo en cuenta la naturaleza de la pretensión esgrimida y lo dispuesto por el art. 56 de la ley concursal, propongo que se declare verificado tardíamente el crédito pretendido por la suma de $ 730.021,25 en concepto de capital de condena con carácter de privilegio especial y general (arts. 241 inc. 2° y 246 inc. 1° de la ley 24.522).
En cuanto a los intereses, deberán calcularse de conformidad con lo dispuesto por los arts. 242 inc 1° y art 246 inc. 1° de la ley concursal con los privilegios especiales y generales que correspondan, a cuyo fin en su oportunidad, deberá practicarse liquidación de los mismos conforme a las pautas señaladas.
IV. Las costas en el pedido de pronto pago
En cuanto a que no se impusieron costas atento la ausencia de naturaleza contradictoria, la sindicatura apela tal decisión (fs. 49) y funda su recurso (fs. 56/57). Dice que ello vulnera su derecho de propiedad pues desplegó tareas profesionales que no se ven retribuidas. Agrega que se dio traslado como incidente de verificación tardía, y que se contestó en virtud de ello, por lo que resulta procedente la regulación.
Las decisiones judiciales sobre la imposición de costas en el pedido de pronto pago, han sido contradictorias. La jurisprudencia ha estado dividida, para algunos tribunales no generaba costas (CNCom., sala B, 28.4.89, “Viñedos Argentinos S.A. cit. por Amadeo y Speroni“, sum 2218)(cfr. Rivera, Julio César, Instituciones de Derecho Concursal, T° 2, Ed. Rubinzal Culzoni, 2003, p. 203; v. Sosa, Félix E. y Barotto, Sergio M., Las costas en sede laboral y el pronto pago, JA del 11-9-96; CACCSan Nicolás, 5530, RSI-293-3, sala I, 6-5-2003, ”Industrias Molineras S.A. s/ Quiebra. Incidente de pronto pago promovido por García Rogelio y otros.”; ídem, 4242 RSD-206-2, S 23-5-2002: “Frigorífico Ramallo S.A. s/ Quiebra. Incidente de pronto pago por Ricardo Acosta y otros”, entre muchos otros). En cambio para otra corriente jurisprudencial debían imponerse costas (CACC Lomas de Zamora, sala I, 56340, RSI-50-3, I, 27-2-2003, “Diario La Unión S.A. s/ Concurso preventivo s/ Inc. pronto pago por Cabrera Enrique Cesar”).
Pero teniendo en cuenta el alcance de la decisión que propongo, tener por verificado el crédito laboral tardíamente, el tema de las costas debe ser analizado conforme el art. 56 del L.C.Q.
Por ello debe tenerse en cuenta que corrido el traslado del pedido de pronto pago, el Juzgado le dio el trámite de incidente de verificación tardía, el deudor se opuso al pedido, pues sostuvo que debía acreditarse la autenticidad de las copias, cuando estaban certificadas por el Tribunal de Trabajo que había dictado la sentencia y que, además, dicha documentación no daba cuenta de la falta de pago del supuesto crédito insinuado (fs. 28 vta.).
Por ello, corresponde modificar también este aspecto de la resolución apelada, imponiendo las costas de primera instancia a la concursada (art. 68 del CPCC).
VI. Las costas de Alzada por el recurso de la concursada se imponen por el orden causado, atento el progreso parcial de sus agravios y por el recurso del síndico deberá soportarlas exclusivamente la concursada (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.).
Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos, el Dr. Llobera votó también por la AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
SENTENCIA
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede,
a) se modifica la sentencia dictada y en consecuencia se declara verificado tardíamente el crédito de R. R. M. por la suma de $ 730.021,25 en concepto de capital de condena con carácter de privilegio especial y general. En cuanto a los intereses deberán calcularse de conformidad con lo dispuesto por los arts. 242 inc 1° y art 246 inc. 1° de la ley 24.522, con los privilegios especiales y generales que correspondan, a cuyo fin en su oportunidad, deberá practicarse su liquidación conforme a las pautas señaladas;
b) Las costas de primera instancia se imponen a la concursada;
c) Las costas de Alzada se imponen, por el recurso de la concursada en el orden causado y por el recurso del síndico a la concursada
Se confirma el resto que fuera motivo de agravios.
Regístrese y devuélvase
Carlos Enrique Ribera
Juez
Hugo O. H. Llobera
Juez
Mariano A. Bonanni
Secretario
Ley 24522 – BO: 09/08/1995
007372E
