Se confirma la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por acogimiento al régimen de sinceramiento fiscal regulado por la ley 27.260, en un caso donde se investigaba el origen de los fondos por los cuales una gran cantidad de empresas adquirieron títulos públicos por importantes sumas de dinero sin contar con capacidad económica para realizar dichas transacciones (hechos calificados en el artículo 303 del Código Penal), como así también si el dinero utilizado podía provenir de maniobras de fraude tributario. Ello así, al concluirse que no correspondía aplicar el artículo 46 (inciso b) de la ley 27.260 por el delito de lavado de activos de origen ilícito, ya que el espíritu de la ley fue no incluir esa clase de delitos atento su gravedad y su impacto en el orden socio-económico.
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