Tiempo estimado de lectura 18 minutos
Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIA
En la ciudad de Corrientes a los treinta y un (31) días del mes de agosto de dos mil veinte, constituyéndose el Superior Tribunal de Justicia con sus miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan, con la Presidencia del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria autorizante, Doctora Judith I. Kusevitzky, tomaron en consideración el Expediente N° QXP 3167/12 , caratulado: «DELLAMEA MARIA ELBA C/ MUNICIPALIDAD DE ESQUINA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS». Los Doctores Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan, dijeron:
¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ, dice:
I- Que a fojas 645/658 vuelta la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral desestima los recursos de apelación interpuestos a fojas 576/577 vta. por la Sociedad Sportiva Esquinense y a fojas 586/588 vta. por la actora y admite el deducido por la Municipalidad de la Ciudad de Esquina, confirmando la decisión de primera instancia en lo que no resulta modificada por la admisión de dicho recurso, imponiendo las costas por la labor desplegada en esa instancia, en el orden causado.
II- Que disconforme, la parte actora interpone sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad en los términos de los artículos 278 y 285 del C. P.C. y C., justificando su admisibilidad.
En primer término, se agravia porque la Cámara exonera de responsabilidad a la municipalidad demandada, señalando que incurre en contradicción porque reconoce que el municipio autorizó la caravana y colaboró con la provisión de inspectores de tránsito y agentes y, por otro, dice que no advierte una falta imputable a la municipalidad por el incumplimiento del deber genérico de seguridad que deriva del artículo 42 de la Constitución Nacional.
Señala que la municipalidad nunca alertó a los organizadores del evento que tenían la exigencia de dotar de condiciones de seguridad a la caravana automovilística y de simpatizantes. E insiste que no existió delegación de facultades o responsabilidades en la Sociedad Sportiva Esquinense porque, sabido es, el poder de policía reside en el Estado municipal conforme la ley nacional de tránsito y la ley provincial de adhesión a la misma, concluyendo que, la Municipalidad de Esquina no cumplió satisfactoriamente con su servicio, permitiendo que circularan vehículos transportando pasajeros en condiciones absolutamente prohibidas por la ley y el sentido común, participando la víctima al confiar como cualquier persona de buena honra y fe, en sus autoridades, dado que el «circo», así lo llama, estaba montado por el club deportivo y por el municipio.
A continuación, denuncia a la Cámara por arbitrariedad debido a una falta absoluta de motivación en la exoneración de responsabilidad al Estado municipal, observando que ello importa una verdadera injusticia en tanto resultó beneficiado como socio económico del evento de las comparsas, no pudiendo hablarse de una delegación de responsabilidades, habiendo ocurrido el hecho luctuoso por la falta de servicio de quienes tenían la obligación y el deber legal de velar por la seguridad de los participantes y no debieron autorizar el show si no estaba garantizada.
Finalmente, se agravia por la exoneración de responsabilidad a los codemandados Klaus Liebig y Arnoldo Rohner sin suministrar, sostiene, una mínima fundamentación, prescindiendo de argumentos elaborados sobre la base de la prueba rendida y propuestos en la sentencia de primera instancia, como el hecho que Liebig fue quien organizó el evento del carro de transporte y Rohner quien retiró el acoplado de sede policial ratificando luego su titularidad de dominio en sede penal, resultando absurdo decir que no se adjuntó informe registral de dominio cuando se trata de un acoplado armado fuera de fábrica.
III- Ordenado el traslado de ley sin que los demandados ejerzan su derecho de defensa, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral verifica la admisibilidad de los recursos y eleva las actuaciones a este Superior Tribunal de Justicia, por lo que, cumplimentada la vista al Fiscal General en los términos del artículo 286 del C.P.C. y C. (fs. 692/694), se llama Autos para Sentencia.
IV- Que en este estado, aclarando previamente que el Superior Tribunal se limita a ejercer la jurisdicción apelada dentro de los límites de los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley sometidos a consideración, cuidando, como siempre, de no actuar como un tribunal de tercera instancia, corresponde entrar al examen de los mismos atendiendo a los gravámenes especiales y específicos requeridos para su procedencia.
A) Respecto de la nulidad extraordinaria, en concordancia con lo dictaminado por el Fiscal General, está claro que el recurso no puede prosperar habida cuenta que, basta su atenta lectura para advertir que ninguno de los agravios expresados ni la denunciada falta de motivación, encuadra en alguno de los supuestos comprendidos en el artículo 285, tratándose, en rigor, de contradicciones argumentativas que, en todo caso, importarían un error en el razonamiento lógico seguido por los sentenciantes, atacable entonces, por vía del recurso de inaplicabilidad de ley.
La sanción de nulidad, sabido es, resulta procedente cuando se omite el tratamiento de cuestiones esenciales o se incurre en demasías decisorias pero no cuando se tratan implícita o expresamente las cuestiones sometidas a decisión con arreglo a los términos en que quedó articulada la relación procesal y la disconformidad surge con la forma en que fueron resueltas y el razonamiento seguido al efecto, como en el presente caso.
B) Siguiendo con el examen del recurso de inaplicabilidad de ley, cabe destacar, a todo evento, que si bien el Superior Tribunal de Justicia debe velar por la correcta aplicación del derecho, controlando que los órganos inferiores apliquen la ley de la manera más perfecta posible a los hechos juzgados, a través de la vía procesal instada solo puede verificar la legalidad del fallo, no la justicia del pronunciamiento.
En ese cometido, veremos si logra la parte recurrente demostrar los vicios que denuncia pues, en rigor, los magistrados no están obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a ponderar la totalidad de las pruebas producidas sino aquellas que consideren conducentes para la correcta composición del litigio (Fallos 272:225; 274:486; 276:132 y 287:230 entre otros).
La Cámara después de examinar los agravios expresados por la Municipalidad de Esquina señala que las circunstancias del accidente comprobadas en la causa carecen de relación de causalidad adecuada con las omisiones que la actora atribuye a esa parte y explica, apoyándose en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el deber de seguridad derivado del artículo 42 de la Constitución Nacional en que el a quo basa su decisión señalando que no se alertó a los organizadores de la exigencia de dotar de condiciones de seguridad a la caravana automovilística y simpatizantes, es genérico, no existiendo una prestación o acción establecida por ley – en sentido amplio – para ser cumplida de determinada forma, modo y tiempo, otorgando a los ciudadanos las prerrogativas necesarias para exigir su cumplimiento con la protección necesaria para evitar todo daño.
Destaca que la municipalidad ha cortado el tránsito vehicular dentro del recorrido previamente establecido para la caravana en mérito al pedido de autorización formulado por el Presidente de la Sociedad Sportiva Esquinense – César Tóffalo – asignando personal del área competente para el correspondiente control de su cumplimiento e inclusive ha contratado un seguro para los espectadores.
Y concluye que el daño resultante no genera entonces, responsabilidad de su parte al no haberse configurado la falta de servicio que constituiría el título atributivo del deber de reparación.
La recurrente señala en su crítica que el tribunal de alzada no ha motivado la decisión de eximir de responsabilidad a la municipalidad y destacar que el hecho luctuoso ocurrió por la falta de servicio configurada al tener la obligación y el deber legal de velar por la seguridad de los participantes y, consecuentemente, no autorizar el show si ella no estaba garantizada.
Veamos, el principio iura novit curia establece que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente, entendiendo que se le dará siempre a las partes la posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para sustentar su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan.
Cierto es, que el Intendente de Esquina al responder las preguntas formuladas vía oficio manifiesta que la autorización, como es de estilo, se expide en la misma nota donde se efectúa el pedido, lo que puede corroborarse a fojas 99/100 y que la municipalidad no delegó la seguridad de la caravana en ninguna persona o grupo en razón que solo se encarga de proveer inspectores de tránsito para el corte de calles, siendo esa su única participación (fs. 271/vta), coincidente con lo manifestado en la diligencia preliminar tenida a la vista (fs. 40), mientras que a fojas 336 el Asesor Letrado en respuesta al pedido de informe también formulado en el cuaderno de pruebas de la parte actora, detalla las acciones efectuadas por la Dirección de Tránsito la noche de la caravana y explica que esta fue autorizada en los términos del artículo 60 de la Ley Nacional de Tránsito, a la que está adherida la municipalidad por Ordenanza 16/96.
El artículo 60 de la Ley Nacional de Tránsito (24.499) coloca en cabeza de la autoridad correspondiente, en el caso concreto la municipalidad demandada, la autorización de uso de la vía pública para fines extraños al tránsito, la caravana encuadraría dentro de las manifestaciones que enuncia la norma como uno de esos fines extraños, solamente si, los organizadores acreditan que se adoptarán en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas (b) y cuando los mismos, refiriéndose nuevamente a los organizadores, se responsabilicen por sí o contratando un seguro por los eventuales daños a terceros o a la estructura vial, que pudieran surgir de la realización de un acto que implique riesgos (c).
Claramente, la municipalidad ha actuado contra legem habida cuenta que el intendente firmó, sin mayor preámbulo, la misma nota de pedido autorizando la realización de la actividad y afirmó además, al ser interrogado en autos, que no se delegó la seguridad de la caravana en ninguna persona o grupo cuando no se trataba, en rigor, de una facultad o deber pasible de delegación sino del cumplimiento de una condición necesaria para poder autorizar la utilización de la vía pública para el fin peticionado, siendo la misma norma la que coloca en cabeza de la Sociedad Sportiva Esquinense la obligación de adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de personas o cosas en el lugar y en la municipalidad la de constatar que ello se cumpla pues, solo así podría autorizar la manifestación.
La contratación, por su parte, de un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños que pudieran sufrir los espectadores que concurran a los distintos eventos relacionados con los carnavales que se realicen en las fechas dispuestas, entre ellos, la caravana del día 20 de enero de 2012, no salva aquel incumplimiento de la norma.
En mérito a lo expuesto, asiste razón a la recurrente cuando señala en su crítica que el tribunal de alzada no ha motivado suficientemente la decisión de eximir de responsabilidad a la municipalidad porque, si bien los ciudadanos no tenemos un derecho subjetivo al cuidado de nuestra seguridad personal por parte del Estado en toda circunstancia, conforme doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en «Mosca» que comparto, está claro que, en el caso concreto, más allá de la ocurrencia del hecho luctuoso, la falta de servicio denunciada se configura al autorizarse la caravana sin que la entidad solicitante acreditara la adopción de medidas de seguridad adecuadas ni la contratación de un seguro de responsabilidad civil para cubrir los eventuales daños a terceros o a la estructura vial dado el riesgo que dicha actividad implica.
Respecto a la exoneración de responsabilidad de Rohner y Liebig la Cámara observa que no logra la recurrente conmover los fundamentos del fallo apelado debido a que, efectivamente, como señalara la juez a quo, no se ha demostrado idóneamente en autos la titularidad de dominio del acoplado.
Basta una atenta lectura de las constancias de la causa para advertir que, la exoneración de responsabilidad de varios de los demandados obedece, en rigor, a la orfandad probatoria atribuible a la actora recurrente, quien no ha intentado demostrar la actuación que efectivamente les cupo a Rohner y Liebig e inclusive al mismo Tóffalo, a título personal o los restantes miembros de la comisión directiva de la Sociedad Sportiva Esquinense en la organización de la caravana y puesta a disposición de los simpatizantes y comparseros que participaban de la misma, tanto del camión como del acoplado relacionados con el siniestro; tampoco ha indagado la titularidad de dominio del camión, limitándose a responsabilizar al conductor, o del acoplado pues, aun si hubiera sido armado fuera de fábrica como manifiesta, podría haber intentado demostrar quién lo armó, para quién y para qué o a quién se lo había entregado Rohner en comodato según manifestó en oportunidad de requerir la devolución del mismo, máxime cuando el conductor del camión – Cantos – relató que lo enganchó frente a la casa de Levechi, apellido señalado en la causa penal como perteneciente a una de las responsables de la organización del evento – Agostina Levechi – por algunos testigos, Liebig mismo por ejemplo, a fojas 73 y vuelta menciona a la chica (sic) Levechi Gallardo y su hermano Joselo y a Julio Bianchi, otros testigos mencionan como supuestos organizadores a Gloria Rosado quien solo fue citada en la causa penal y Klaus Liebig (fs. 73 y 182/183), a la comisión de Sportiva y el municipio (fs. 184 y vta).
Ahora bien, miembros de la comisión directiva, según se desprende del acta que en copia certificada consta a fojas 80/82 del I Cuerpo son, precisamente, Arnoldo Rohner (Vicepresidente 1ro.) y Klaus Liebig (Vocal titular), señalado este último también en los testimonios rendidos en esta causa a fojas 251/252 y 252 y vta. como organizador; la misma Sociedad Sportiva Esquinense había propuesto a varios de esos miembros como testigos: Omar Larroca (Secretario de Cultura y Deportes), José Manuel Fratti (Prosecretario) y Rubén Bordón (Revisor de Cuentas) desistiendo luego de Larroca, aunque nada pudieron aportar Fratti (fs. 430) y Bordón (fs. 432) quienes declararon desconocer quién organizó la caravana y negaron que lo hubiera hecho el club.
No se investigó la relación entre Liebig y Cantos, a pesar de la llamativa contradicción entre los dichos de ambos, porque Cantos dijo que Liebig lo contrató, le pagó y fue con él a enganchar el acoplado mientras que Liebig repite que solo le pidió que los acompañara esa noche y su número telefónico para dárselo a otra persona que no recordaba y que llegó del campo a las 21,00 justo para la caravana; por último, tampoco se trajo al debate la contratación del equipo de música que llevaba el camión, otro indicio que hubiera contribuido con la determinación de roles y responsabilidades, el gran déficit de esta causa.
La prueba en nuestro proceso administrativo se rige por una regla jurídica básica, quien alega los hechos sobre los que configura su pretensión debe probar tanto su existencia como su alcance.
Por tanto, no ha probado la actora aquellos puntos esenciales señalados más arriba y que hubieran permitido establecer, con suficiente grado de certeza, el invocado nexo de causalidad entre las lesiones que generaron la muerte de Ludmila y su producción por el riesgo que implicaba el traslado en el acoplado remolcado por el camión conducido por Cantos, cuya circulación debió impedir la municipalidad, según argumenta, por carecer de elementales condiciones de seguridad.
Veamos, cierto es que la hija de la actora perdió la vida debido a diferentes circunstancias que se conjugaron trágicamente, el hecho de circular en un acoplado que carecía de escalera u otro medio para subir y bajar del mismo de manera segura, el consumo generalizado de alcohol que actúa como inhibidor de respuestas físicas e intelectuales ante situaciones de riesgo, el elevado volumen de la música que impidió al chofer del camión escuchar los gritos de quienes lo alertaban, por citar las más relevantes.
No puede soslayarse que, según el relato de varios testigos, resbaló de la lanza que unía el acoplado al camión cuando se estaba bajando de aquel, cayéndose a la calzada, una maniobra cuanto menos imprudente de su parte, llevada a cabo de motu proprio, aun cuando su razonamiento pudiese estar obnubilado por el alcohol, decisión personal que contribuyó a generar el resultado.
También tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aún mediando imprevisión de la víctima, es necesario establecer en qué medida tales circunstancias pudieron ser evitadas si se hubiese observado el comportamiento apropiado pues, la responsabilidad solo puede surgir de la adecuada valoración del reproche de las conductas en orden a la previsibilidad de sus consecuencias (Fallos 311:1227).
Lógica conclusión considerando que las circunstancias que determinaron el accidente pudieron ser evitadas por la actora si hubiese actuado con prudencia pues, las posibles consecuencias de bajarse del acoplado por la parte delantera, pisando la lanza que lo unía al camión, eran previsibles para cualquiera (Fallos 317:768; 319:2511, etc.).
Sintetizando, no puede soslayarse en esta instancia la responsabilidad que le cabe a la Municipalidad de Esquina por haber autorizado la realización de la caravana sin que la Sociedad Sportiva Esquinense acreditara, como exige el artículo 60 de la ley 24.499, la adopción de medidas de seguridad pertinentes ni la contratación de un seguro por los eventuales daños a terceros o a la estructura vial, atendiendo a los riesgos que la realización de la caravana implica y nadie ignora según se desprende de las declaraciones testimoniales rendidas en la causa; pero tampoco, la observada orfandad probatoria que obsta la atribución de responsabilidad a los codemandados Rohner y Liebig por las razones suministradas.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar improcedente el recurso extraordinario de nulidad, rechazándolo y receptando, en cambio, parcialmente el de inaplicabilidad de ley, modificando, en consecuencia el fallo de la Excma. Cámara en lo pertinente, condenando también a la Municipalidad de Esquina en mérito a los fundamentos dados.
Por último, una visión global del juicio, no obstante el vencimiento parcial, impone cargar las costas de esta instancia a la municipalidad demandada, evitando conculcar el principio de reparación integral. (arts. 68 y 284 del C.P.C. y C.). ASI VOTO.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice:
Que adhiero al voto del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:
Que adhiero al voto del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:
Que adhiero al voto del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.
A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:
Que adhiero al voto del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, por compartir sus fundamentos. ASI VOTO.
En mérito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:
SENTENCIA N° 18
1°) Rechazar el recurso extraordinario de nulidad y hacer lugar, parcialmente, al de inaplicabilidad de ley interpuestos por la actora a fs. 666/669 vta., anulando el punto 2 de la sentencia 52 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, condenando a la Municipalidad de Esquina a pagar a la actora, solidariamente c on los demandados Perfecto Luis Cantos y Sociedad Sportiva Esquinense, la suma establecida en la sentencia de grado e imponiéndole las costas de esta instancia extraordinaria (arts. 68 y 284 in fine, C.P.C. y C.). 2°) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la instancia en el …% (art. 14, ley 5822) de lo que oportunamente se regule en primera instancia al vencedor. 3°) Insertar, registrar y notificar.
Dr. LUIS EDUARDO REY VÁZQUEZ
PRESIDENTE
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CORRIENTES
Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI
MINISTRO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CORRIENTES
Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ
MINISTRO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CORRIENTES
Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN
MINISTRO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CORRIENTES
Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN
MINISTRO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CORRIENTES
Dra. JUDITH I. KUSEVITZKY
SECRETARIA JURISDICCIONAL
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
CORRIENTES
Dellamea María Elba c/Municipalidad de Esquina y otros s/daños y perjuicios – Cám. Cont. Adm. y Electoral Corrientes – 12/09/2018 – Cita digital IUSJU032878E
002201F
