Se confirma la resolución que consideró configuradas las exigencias legales para el dictado de una medida cautelar y dispuso la suspensión de los efectos del "Procedimiento de transferencia de oficio" iniciado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), pues la medida otorgada no afecta una norma de rango legal sino un acto puramente individual y resulta claro que no excluye al sujeto privado afectado de la legítima obligación de adecuarse a la ley, sino que busca sanear un acto verosímilmente irregular garantizando la utilidad de los procesos. En segundo lugar, la medida adoptada más que afectar el interés público, lo preserva, en la medida en que la comunidad toda tiene interés republicano en el respeto al debido proceso en todo procedimiento administrativo. Finalmente, no se ha demostrado concretamente en qué consistiría la afectación al interés público y ello en relación circunstanciada al proceso de examen y deliberación que concluyó con el dictado de la resolución cuestionada, no siendo suficiente la mención genérica a los altos fines de la ley 26522.
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