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JURISPRUDENCIARecurso de casación. Admisibilidad. Rechazo
Se declara mal concedido el recurso de casación interpuesto por el trabajador, pues a criterio del Tribunal Superior Provincial los agravios invocados por el actor remiten a cuestiones de hecho y prueba -en el caso, la existencia y prueba de la injuria laboral imputada- solo reservadas a los jueces de mérito salvo arbitrariedad, la que tampoco fue acreditada.
Río Gallegos, 10 de abril de 2015.-
Y VISTOS:
Los presentes autos caratulados: “SCHILLING PABLO ANDRES c/ METRAPET S.A. – SERPECOM SRL – UTE s/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº S-13.426/12 (S-1.986/14-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
CONSIDERANDO:
I.- Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 389/393, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 376/385vta. que confirmó el pronunciamiento dictado en primera instancia de fs. 349/353vta..-
Analizando los antecedentes de la causa, observamos que el actor promueve esta demanda aduciendo que fue despedido sin causa y por ello reclama la indemnización prevista por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. fs. 6vta.). La demandada, en cambio, pone fin al vínculo laboral porque entiende que la actora había cometido una injuria de una gravedad tal que hacía imposible la continuidad del mismo. La falta grave que motivó el despido -atribuible al actor- fue el hecho de haber marcado la tarjeta magnética, personal e intransferible del empleado Gómez simulando que éste había concurrido a trabajar, cuando en realidad no lo había hecho. Afirma que Gómez se ausentó de su lugar de trabajo los días 7 al 16 de noviembre de 2011, sin embargo, su tarjeta de asistencia fue marcada como si hubiera concurrido (conf. fs. 225). A raíz del episodio relatado, la empresa despide a Gómez y a Schilling (conf. fs. 226 vta.) explicando que en el caso del actor “…se ha tenido en cuenta los graves antecedentes desfavorables que tenía Schilling en su legajo personal…” (conf. fs. 225 y vta.). Aclara a su vez, que Olguin no fue despedido porque se tuvo en cuenta su especial situación familiar y, además, que no poseía los antecedentes desfavorables que poseía el actor (conf. fs. 227 vta.). Asimismo enumera y detalla las faltas graves, anteriores, cometidas por el accionante que constan en su legajo personal (conf. 228/229). Por su parte, el actor aduce que era deber de la empresa controlar la asistencia del personal, que él no podía hacerse cargo de la presencia o ausencia de algún empleado. Agrega que él cumplió con su trabajo y que, no obstante la ausencia, la actividad se realizó normalmente, que se cumplió con las tareas y diagramas de trabajo sin que se hubiera producido perjuicio o pérdida alguna para la empresa. Asimismo alega que ha existido una conducta discriminatoria, de parte de la patronal, en su contra debido a que en la falta motivo de autos se hallaba involucrado, también, el empleado Olguín y sin embargo a este último no se le aplicó una sanción tan severa, sino que sólo se lo suspendió por 25 días (conf. fs. 6 vta.).-
La Cámara, confirmó el veredicto de primera instancia, considerando que la injuria revestía gravedad suficiente como para justificar el distracto y, encontró probado el hecho alegado por la empleadora, fundamentalmente, mediante un acta notarial donde Schilling como Olguín reconocen el hecho; escritura pública que, señala la Cámara, no fue redargüida de falsedad. Dice el Tribunal de grado: “…La injuria invocada por la empleadora se encuentra acreditada principalmente por la escritura pública y declaraciones testimoniales prestadas en autos (las grabadas en extraña jurisdicción adolecen de deficiente grabación, pero no mejoran la situación del actor, al contrario) y tienen gravedad para no permitir la prosecución de la relación laboral…” (cfr. fs. 384 vta.). Asimismo, en cuanto al planteo de discriminación, postuló la Alzada: “…No hay discriminación por la sola circunstancia que Olguín no fuera despedido. Al nombrado se le aplicó una suspensión de 25 días. En materia penal, muchas veces se aplica distinta sanción por el mismo hecho tomando en cuenta las circunstancias personales. En el caso la empleadora indicó las razones que tuvo para aplicar una sanción menor a Olguín…” (cfr. fs. 384 y vta.).-
Contra esta decisión, el accionante interpone recurso de casación con fundamento en la causal prevista en el artículo 3º inciso a), de la ley 1687 (conf. fs. 389). Se agravia porque, a su entender, no se encuentra acreditado que él hubiera cometido la falta invocada para despedirlo. Sostiene que “…jamás pudo acreditarse que mi mandante tuviera la tarjeta de Justo Gómez, ni mucho menos que procediera a la marcación como si estuviera presente cuando estaba ausente, por lo que esta situación reviste fundamental importancia, pues constituye el hecho central que motivara el despido del actor, con lo cual la injuria grave, no está probada en esta causa y por ende no existe…” (cfr. fs. 390 vta.). Asimismo insiste en que ha sido objeto de un trato discriminatorio debido a que al otro operario involucrado -Olguín- no se le aplicó la misma sanción. “…Sostengo que con relación a mi mandante, al tomarse para él la medida más extrema, la demandada ha incurrido en una evidente situación de desigualdad y en consecuencia en un trato discriminatorio…” (cfr. fs. 392). Culmina solicitando que se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso y se case la sentencia dictando fallo conforme a derecho (conf. fs. 392 vta.).-
A fs. 395 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el actor.-
II.- Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º de la ley Nº 1.687 a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Del estudio de los fundamentos de la casación, se advierte, que los planteos del recurrente remiten a temas de hecho y prueba, en principio, ajenas al ámbito casatorio. La impugnación está estructurada en torno a circunstancias fácticas y de contenido procesal, extrañas al carácter sustancial que impregna a la vía extraordinaria provincial.-
Nutrida jurisprudencia sobre el particular, abona este criterio: “…En la justificación de un despido, la determinación de la existencia o no de injuria laboral es, en principio, una cuestión de hecho y valoración de la prueba que compete a los jueces de grado y, por lo tanto, ajena a la instancia casatoria, y se convierte en materia del recurso extraordinario local en aquellos casos en que se invoque y demuestre absurdo o arbitrariedad…” (cfr. Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. “Santillán Ramón Horacio y Otros c. Panificadora García y/u Otros”, 19/10/2009, publicado en La Ley Online, cita online: AR/JUR/56855/2009). “Es inadmisible el recurso directo, interpuesto por el de casación denegado, en tanto los fundamentos de aquel se limitan a proponer una diversa valoración de lo acontecido, ya que determinar si las circunstancias del caso constituyen o no injuria en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, involucra cuestiones de hecho y prueba, cuya fijación y análisis es facultad exclusiva de los Tribunales de mérito, no revisable a menos que se demuestre su ejercicio abusivo” (cfr. Sum. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala laboral, “Varela Carlos Armando c. Lotería De La Provincia De Córdoba S.E.”, 09/06/2010, LLC 2010 (octubre), 1003, DJ 20/10/2010, 42, cita online: AR/JUR/ 37178/2010). Y “Evaluar, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido remite a típicas cuestiones de hecho inabordables en casación, salvo absurdo” (cfr. Sum. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Pucheta, Luis B. v. Royal Group Technologies del Sur S.A. y otros s/ Despido”, 08/07/2008, publicado en La Ley Online 14/147184, SCBA, fallo L89160, Acuerdo 2078, del 8 de julio de 2008.).-
En el sub lite, las impugnaciones del recurrente se basan, a su entender, en la falta de demostración de la injuria que motivó el distracto. Es decir, el casacionista, para sostener su recurso, intenta cuestionar la valoración del material probatorio y el mérito que, en particular, de las expresiones vertidas por el propio accionante en la escritura pública N° … , hizo la Cámara; instrumento que, destaca, no fue redargüido de falsedad por el aquí actor, de manera tal que debe dársele plena fe a los hechos plasmados en ella por la escribana interviniente.-
Al respecto, ha señalado este Cuerpo que en la meritación de la prueba los jueces son libres en la selección de los medios probatorios e indiciarios que los conducen a establecer los hechos, y de optar por aquellos que les ofrecen mayores garantías de eficacia en el descubrimiento de la verdad, ya sea omitiendo o haciendo prevalecer unos u otros, por lo que esta temática queda -por regla- excluida del control casatorio (conf. Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3.034, Folio 4.906/4.909; entre otros).-
Si con los elementos probatorios adquiridos durante la sustanciación del proceso, el tribunal de grado consideró justificada la causal de despido, ello constituye una cuestión fáctica. Como también lo es el evaluar, precisamente, la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral, para establecer la existencia o no de injuria legitimante del despido. Materias todas reservadas a las instancias ordinarias.-
En definitiva “…tanto la apreciación del material probatorio, como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral constituyen materias reservadas a los jueces de mérito; el límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo). Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, N.R.O. c. Aguas Bonaerenses S.A.”, 06/03/2013, Publicado en: DJ 31/07/2013, 37, Causa: L.101.011, Cita online: AR/JUR/6602/2013)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXV, Interlocutorio, Reg. 3034, Folio 4906/4909).-
En cuanto al agravio basado en que a otro empleado, al que se lo inculpó por la misma falta, se le hubo aplicado una sanción distinta y menos severa que al actor; tal distinción halla su razón de ser en los antecedentes de ambos dependientes. Tal como se señala tanto en el fallo de primera como de segunda instancia, mientras que el aquí actor tenia sanciones previas, no ocurría los mismo con el otro empleado de apellido Olguín. Así pues, entendieron los juzgadores de grado, fueron los antecedentes negativos de Schilling en la empresa los que llevaron a que se aplique a su respecto una penalidad mayor. Circunstancia, ésta, que también entra en el terreno de lo fáctico ya que se trata de cuestiones probatorias de apreciación exclusiva por los jueces de mérito – en el caso, respecto a la existencia y motivos que causaron las previas sanciones y en qué consistieron estas- y por ende ajenas a la casación.-
En efecto, resulta aplicable al caso lo expresado por otros Tribunales en otros supuestos “…el recurso…dirigido a cuestionar lo decidido por el a quo, en verdad, sólo trae a consideración de este Tribunal cuestiones de hecho y prueba excluidas en consecuencia del ámbito de la casación por la vía indicada, como lo es, en el caso, determinar si los actores se encontraron en circunstancias o situaciones idénticas a las de los restantes trabajadores que sí percibieron los rubros objeto del rechazo, o bien -dicho en otros términos- si el principal violó la regla de no discriminación al no habérselos abonado…” (cfr. SCBA, causa L. 91045, «Zubiri, Jorge Eduardo y otro c/ Polisur Sociedad Anónima s/Diferencia de haberes”, 3/10/2007).-
Los magistrados de Alzada han efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que, más allá de su error o acierto, no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en este error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian. Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por que no se ha configurado (confr. Hitters, Juan C. Técnica de los recursos extraordinarios y de casación, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIV, Interlocutorio, Reg. 2.977, Folio 4.800/4.803; Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3.083, Folio 5.020/5.023; Tomo XXVI, Interlocutorio, Reg. 3.097, Folio 5.047/5.050 entre otros).-
En éste contexto, observamos que no se encuentran reunidos en autos, los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba. Sobre la materia tiene dicho este Alto Cuerpo que ello se produce cuando nos encontramos ante “…el desvío lógico, las fallas del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevaron a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (cfr. Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; ídem, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).-
El impugnante no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (conf. Bidart Campos, Germán J., «Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino», T° II, Buenos Aires, Ediar, 1995, p. 441).-
No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia… si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común y procesal…” (cfr. “G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro”, 05/09/2002, la Ley 2003-A, 47 – DJ 2002-3, 803 – RCyS 2002, 1088, cita fallos corte 325:2192, cita Online AR/JUR/3157/2002).-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “…tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto “debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas” (cfr. Juan Carlos Hitters, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, 2da. edición, pág. 479,480; SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente“, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente“, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).-
De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “…La doctrina de la arbitrariedad ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el sub lite, el recurrente no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia, que invoca, ya que sólo se desprenden del recurso, discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho y prueba. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado.-
III.- En cuanto a la referida violación de la ley cabe señalar que sólo se enumeran normas supuestamente conculcadas, pero ha omitido, el recurrente, efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que, genéricamente denuncia; de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios de la casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno -como ya hemos dicho- a esta instancia.-
IV.- En resumen, del libelo recursivo surge que los agravios del recurrente se basan en cuestiones fácticas y en el análisis del material probatorio; sin lograr demostrar que el fallo impugnado sea arbitrario, o se hubiera apartado de la solución normativa prevista para el caso o careciera de fundamentación; tampoco la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria. Razón por la cual, el recurso de casación articulado a fs. 389/393, no logra abrir la presente vía; por lo que deberá declarárselo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 395 y vta., de conformidad con lo establecido en los arts. 7 y ccs. de la Ley 1687 -Recurso de Casación- en cuanto lo declara formalmente admisible.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
RESUELVE:
1º) Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 389/393 y, en consecuencia, revocar la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 395 y vta.-
2º) Regístrese. Notifíquese y oportunamente devuélvase.-
Fdo: Dra. Clara Salazar -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos
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