Se declara inadmisible el recurso de casación promovido contra la resolución que había rechazado el pedido de prescripción de la acción penal, puesto que dicha decisión jurisdiccional no era susceptible de recurso de casación, en tanto no era sentencia definitiva o equiparable. Por otro lado, se confirma la doctrina de la CSJN y la CIDH que dispuso que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el artículo 8, inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe medirse en relación con una serie de factores, tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso.
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