Se declara la inconstitucionalidad del requisito de nacionalidad exigido en los artículos 3 -inciso e- de la ley 3487 y 5 -inciso a- de la ley 5035, en tanto impide al actor participar del procedimiento de ingreso a la planta permanente de la Administración Provincial por su condición de extranjero, al ser contrario al principio de igualdad y a la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre discriminación y razonabilidad.
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