Se hace lugar a la demanda por alimentos interpuesta por la actora, en representación de su hijo, y se condena al demandado a abonar una cuota mensual equivalente al 85% del salario mínimo, vital y móvil. Se destaca del fallo que, a la hora de valorar la prueba del caudal económico del padre, los jueces acudieron a la prueba indiciaria o indirecta con un criterio amplio favorable a la pretensión que se perseguía.
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