Se hace lugar a la petición de la defensa y se ordena el pago de los haberes jubilatorios del condenado a su cónyuge, sin necesidad de certificar anualmente dicha circunstancia, pues si bien el art. 19 inc. 4 del Código Penal determina que la inhabilitación absoluta importa la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, respecto al condenado, el mismo artículo autoriza la percepción de aquellos a los parientes que tengan derecho a pensión.
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