Se modifica la sentencia apelada y se declara la inaplicabilidad al caso de la ley 26773, toda vez que el accidente aconteció previo a su entrada en vigencia. Para decidir así, el tribunal siguió la doctrina elaborada por el máximo tribunal en su precedente “Espósito”, donde expuso que del juego armónico de los arts. 8° y 17.6 de la ley 26.773 claramente se desprende que la intención del legislador no fue otra que la de aplicar sobre los importes fijados a fines de 2009 por el decreto 1694 un reajuste, según la evolución que tuvo el índice RIPTE entre enero de 2010 y la fecha de entrada en vigencia de la ley, que los dejara “actualizados” a esta última fecha.
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