Se hace lugar a la acción por accidente de trabajo interpuesta por el actor y se condena a la ART a abonar las prestaciones dinerarias fijadas en la sentencia, producto de las consecuencias dañosas que sufre el actor originadas en el accidente de trabajo relatado en su demanda. Se confirma el criterio de la CSJN esbozado en su precedente “Espósito”, en el que el máximo tribunal expresó que la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los “importes” a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/2009 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras; más precisamente, a los accidentes que ocurrieran y a las enfermedades que se manifestaran con posterioridad a la publicación del nuevo régimen legal.
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