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JURISPRUDENCIAAccidente de tránsito. Responsabilidad. Circulación con prevención
Se determina que se incumplió con la obligación que imponía circular con cuidado y prevención; ello así en razón de que el accionante realizó la maniobra de giro interponiéndose en la marcha de la motocicleta en la que se trasladaba el actor, constituyéndose en un obstáculo insalvable en la marcha de la misma; y por ello, recae sobre el accionado la presunción legal de responsabilidad de quien cometió una infracción relacionada con la causa del accidente.
ROSARIO, febrero de 2017.
Y VISTOS: Los autos caratulados “AGUIRRE, Víctor David c/ GIROLAMO, Ricardo Norberto y otros s/ Daños y Perjuicios” Expte. N° 1303/2011, tramitados por ante éste Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual, encontrándose consentida la integración con las Dras. Susana Igarzábal, Mariana Varela y Julieta Gentile.
A fs. 5/8, 17 y 26 se presenta la parte actora, Sr. VÍCTOR DAVID AGUIRRE, representada por la Dra. Alicia B. Chianetta; insta demanda contra los Sres. RICARDO NORBERTO GIROLAMO y DANIEL OSCAR FERNÁNDEZ y cita en garantía a SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA; y dice que en fecha 20/10/2010, siendo las 08:00 hs aproximadamente, el Sr. Aguirre circulaba conduciendo a velocidad reglamentaria, la motocicleta de su propiedad marca Guerrero DL.110 CC, dominio EXF-816, por el carril derecho de calle 27 de Febrero de Rosario, en dirección Oeste, a velocidad reglamentaria; que circulaba por el carril izquierdo y en su misma dirección, el automóvil marca Renault 9, dominio APU-274, conducido por el Sr. Girolamo, quien al llegar a la intersección con calle Rodríguez, giró hacia la derecha para ingresar a la última arteria mencionada en dirección al Sur, realizando una maniobra intempestiva, sin advertirla con las señalizaciones correspondientes; que lo embistió, haciéndolo caer sobre el pavimento; afirma que como consecuencia del impacto sufrió lesiones. Sostiene que la motocicleta también sufrió daños. Expone los rubros que considera deben ser indemnizados, comprensivos de daño físico, daño moral, daño material, desvalorización del rodado y privación de uso. Funda en derecho su pretensión; ofrece pruebas; formula reserva constitucional; peticiona se haga lugar a la demanda, con intereses y costas.
A fs. 43/49 comparece el codemandado Sr. RICARDO NORBERTO GIROLAMO y la citada en garantía SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA, representados por los Dres. Luis A. Carello y Carlos G. Corbella; expresan que el vehículo dominio APU-274 al momento del siniestro se encontraba asegurado en la mencionada empresa bajo la póliza nº 26/367.650 que cubría el riesgo de responsabilidad civil y acata la citación en la medida del seguro, con subordinación a las cláusulas generales y particulares pactadas en la póliza mencionada. Contestan demanda negando lo afirmado por la actora y desconociendo la documental acompañada por la misma. Reconocen que el accidente ocurrió en las condiciones de lugar y tiempo indicados en la demanda; sostienen que el Sr. Girolamo circulaba por el carril derecho de calle 27 de Febrero, con luz de giro encendida, preparado para girar por calle Rodríguez; que en momentos en que el Sr. Girolamo disminuía su velocidad para iniciar su anunciado giro a la derecha, se vio sorprendido por un impacto en la parte posterior de su rodado, realizado por la motocicleta conducida por el Sr. Aguirre; sostienen que de la denuncia realizada ante el SIDEAT, surge que el automóvil del Sr. Girolamo fue impactado en su sector trasero derecho, lo que indica que el Sr. Aguirre circulaba por detrás. Ofrecen pruebas; formulan planteo constitucional; citan doctrina y jurisprudencia; solicitan la aplicación del artículo 505 del CC; y se rechace la demanda con costas.
A fs. 65/68 comparece el codemandado Sr. DANIEL OSCAR FERNÁNDEZ, con el patrocinio letrado del Dr. Lucas Abel Raiano; contesta demanda y expresa que en fecha 18/03/2010 transfirió la posesión y propiedad del vehículo marca Renault 9, tipo Sedan 4 puertas, motor 5290173, dominio APU-274, mediante boleto de compraventa; que en el mencionado boleto el comprador, Sr. Hernán Javier Aymo, se obligó a responder ante cualquier accidente, daño y perjuicio que pudiera ocasionar el vehículo; que se encuentra exonerado de toda responsabilidad respecto del siniestro de marras atento no ser propietario del automóvil. Ofrece prueba; cita doctrina y jurisprudencia; y solicita se rechace la demanda con costas.
Celebrada la AVC en fecha 28 de diciembre de 2017, quedan los presentes en estado de resolver.
Y CONSIDERANDO: 1) Se tiene a la vista la causa “Girolamo, Ricardo s/ Lesiones Culposas en Accidente de Tránsito” expte. N° 4978/2010, que tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal Correccional de la Segunda Nominación de Rosario, en la que por Auto Nº 4437 del 22/10/2013 se dispuso el archivo de las actuaciones conforme el artículo 200 del Código Procesal Penal, en concordancia con las previsiones del artículo 255 inciso 3° de la L.O.P.J.
2) La legitimación activa del Sr. VÍCTOR DAVID AGUIRRE proviene de haber sido conductor de la motocicleta dominio EXF-816, participante en el accidente que da origen a éste proceso, hecho no controvertido; ser titular registral del rodado lo que comprueba con el informe del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) obrante a fs. 211/212; y haber sufrido lesiones conforme sostiene en su escrito introductorio y surge del informe médico obrante a fs. 13 del sumario penal.
La legitimación pasiva del Sr. RICARDO NORBERTO GIROLAMO proviene de haber sido el conductor del rodado dominio APU-274, hecho no controvertido.
SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA es la aseguradora que cubría las contingencias siniestrales del vehículo dominio APU-274 al momento del accidente, conforme surge de su acatamiento a la citación en garantía.
La legitimación pasiva del Sr. DANIEL OSCAR FERNÁNDEZ proviene de ser titular registral del vehículo conforme se acredita con el informe del RNPA agregado a fs. 23.
Cabe señalar que el codemandado Fernández introdujo como defensa de fondo su falta de responsabilidad en el accidente de autos -legitimación pasiva-, con fundamento en que en fecha 18/03/2010, por boleto de compraventa que acompaña, vendió el automóvil dominio APU-274 al Sr. Hernán Javier Aymo, quien asumió en el instrumento de mención la responsabilidad por “cualquier accidente, daño y/o perjuicio que pudiere ocasionar el vehículo”; que en razón de la venta invocada, en la fecha indicada, transfirió la posesión y propiedad del rodado, cesando su calidad de propietario de la unidad.
Por el principio iura novit curia, corresponde al Tribunal sentenciante resolver el tema puesto a su consideración aplicando las normas jurídicas que estima procedentes, acorde con las cuestiones de hecho introducidas por los litigantes.
En el marco indicado, el artículo 1° del Decreto N° 1114/98 que regula el Régimen Jurídico del Automotor(1) expresa que “La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor”; de tal manera, la norma establece la naturaleza constitutiva del derecho propiedad del sistema registral en materia de automotores, y por ende, el derecho de dominio de un automotor nace a partir de la inscripción en el Registro respectivo, y recién a partir de ese momento se producen los efectos de la transmisión entre las partes. Así, la inscripción en el registro es el modo de adquirir el dominio por parte del comprador, y por ende, el modo de extinguir el dominio por parte del vendedor, de tal manera, los denominados boletos de compraventa de automotores son en realidad acuerdos transmisivos que en su caso, establecen la obligación en cabeza de sus firmantes, de inscribir la transferencia de dominio en el Registro correspondiente.
Asimismo, el Régimen Jurídico del Automotor dispone en su artículo 27 que «hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad el transmitente hubiere comunicado al registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de éste último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquel, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quien él no debe responder y que el automotor fue usado contra su voluntad»; la excepción a la responsabilidad civil establecido por la norma sobre el titular registral, es la denominada “denuncia de venta” formulada por el mismo por ante el Registro en el que se encuentra inscripto el automotor.
Se concluye de las consideraciones precedentes que, el codemandado Daniel Fernández era el titular registral del automóvil dominio APU-274 al momento del siniestro de autos, y que no había efectuado denuncia de venta alguna en relación al mismo, según se comprueba con la informativa emitida por el RNPA supra indicada, y por ello, resulta legitimado pasivo en los presentes obrados.
3) Liminarmente ha de señalarse que se encuentra vigente el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y por ende, corresponde considerar en primer término, lo establecido en el artículo 7º de dicho ordenamiento, “Interpretando dicho artículo, el Dr. Lorenzetti sostiene que se trata de una regla dirigida al juez y le indica qué ley debe aplicar al resolver un caso, estableciendo que se debe aplicar la ley de modo inmediato y que no tiene efectos retroactivos, con las excepciones previstas. Entonces, la regla general es la aplicación inmediata de la ley que fija una fecha a partir de la cual comienza su vigencia (art. 5) y deroga la ley anterior, de manera que no hay conflicto de leyes. El problema son los supuestos de hecho, es decir, una relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior, tiene efectos que se prolongan en el tiempo y son regulados por la ley posterior. La norma, siguiendo al Código derogado, establece la aplicación inmediata de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las que se constituyeron o extinguieron cumpliendo los requisitos de la ley anterior no son alcanzadas por este efecto inmediato… (Conf. Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T 1, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2014, pp.45/47)… en el sistema actual la noción de retroactividad es una derivación del concepto de aplicación inmediata. Por lo tanto la ley es retroactiva si se aplica a una relación o situación jurídica ya constituida (ob cit. p 48/49)”.(2)
Se sigue de ello que la cuantificación del daño en las obligaciones de valor se efectiviza en oportunidad de dictar sentencia; las normas aplicables que captan en su antecedente normativo tal presupuesto, son las vigentes al momento de la emisión de sentencia (art. 772 CCC y 245 CPCC).
Así, se ha explicado que, si el ad quem “revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente, en agosto de 2015 la revisará conforme al artículo 1113 del Cod. Civ. no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente). En cambio, si la apelación versara sobre consecuencias no agotadas de esas relaciones, o lo que atañe a la extinción de esa relación (por ej. Una ley que regula la tasa de interés posterior al dictado de la sentencia de primera instancia), debe aplicar esa ley a los períodos no consumidos.”(3)
Lo expresado se encuentra en consonancia con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su reiterada jurisprudencia “según conocida jurisprudencia del Tribunal en sus sentencias se deben atender las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión de la Corte deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:11474; 335:905, entre otros).(4)
4) En la inteligencia indicada, el hecho consiste en la colisión entre dos rodados en movimiento, de allí que la controversia sometida a consideración del Tribunal tiene su marco jurídico en el artículo 1113 segundo párrafo del Código Civil; en consecuencia, a la parte actora le incumbe la prueba del hecho, del daño, y la relación de causalidad entre el hecho y el daño sufrido; mientras que para eximirse de responsabilidad corresponde a la demandada la acreditación de la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no deban responder, ya que el daño ha sido producido por el riesgo de una cosa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que “la circunstancia de la aplicación de un riesgo recíproco no excluye la aplicación de lo dispuesto en el art. 1113, 2° párrafo del Código Civil, que regula lo atinente a la responsabilidad civil por el hecho de las cosas. Por lo demás, la invocación de una neutralización de los riesgos no resulta de por sí suficiente para dejar de lado los factores de atribución de la responsabilidad que rigen en ese ámbito.(5)
El artículo 1113 párrafo 2º del Código Civil contempla un supuesto de responsabilidad objetiva, y cuando la ley invierte el onus probandi de la relación causal y en consecuencia es el demandado quien debe acreditar la intervención de la culpa de la víctima -o de un tercero por el que no debe responder-, la apreciación de la prueba sobre esta eximente debe ser severa. La culpa de la víctima debe estar demostrada en forma clara y convincente, se requiere de razones que no impliquen meras conjeturas(6), para desplazar total o parcialmente la responsabilidad objetiva que establece la norma; y que la culpa de la víctima con aptitud para cortar el nexo de causalidad entre el hecho y el perjuicio debe aparecer como la única causa del daño y revestir características de imprevisibilidad e irresistibilidad propias del caso fortuito o fuerza mayor.(7)
5) Acreditado el hecho por ser reconocido por el codemandado Sr. Girolamo -participante en el siniestro-, y por la citada en garantía, en sus respondes de demanda, corresponde analizar la responsabilidad en su acaecimiento.
Obra a fs. 4 del sumario penal, la denuncia realizada por el Sr. Aguirre ante la preventora, en la que relata el siniestro en forma concordante con lo expuesto en la demanda.
Constata la preventora al realizar la inspección ocular del lugar del hecho, que calle 27 de febrero presenta doble sentido de circulación vehicular separados por cantero central y se encuentra orientada de este a oeste; que calle Rodriguez posee circulación vehicular hacia el Sur, y que ambas arterias se hallan asfaltadas; que el tránsito vehicular en horas diurnas es fluido y continuo (fs. 6 del sumario penal).
Obra a fs. 14 del sumario penal, el examen mecánico de la motocicleta dominio 816-EXF, realizado por la División Criminalística, Sección Pericias Técnicas Automotor de la Policía de Santa Fe, URII, que da cuenta que al momento de la pericia no fue posible determinar el sector del impacto, con daños en pedana lateral izquierda quebrada, posapie y pedal de cambios lado izquierdo ambos doblados, guardabarros delantero quebrado, sin espejos retrovisores.
El perito mecánico, Ingeniero Juan O. Angeli, cuyo dictamen obra a fs. 151/157, expresa que cualquiera de las dinámicas planteadas, tanto por la actora como por la codemandada, son factibles; que ambos rodados se desplazaban por calle Bv. 27 de Febrero en sentido Oeste- Este; que en momentos en que el Renault 9 se disponía a girar hacia la derecha, se produjo el primer contacto entre la zona delantera del lateral izquierdo de la motocicleta Guerrero Top G 110c., con el extremo trasero derecho del automóvil; que la motocicleta reviste la calidad de vehículo embistente.
Las normas de tránsito imponen a todo conductor circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito(8); que cualquier maniobra debe ser advertida previamente y realizada con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del Tránsito(9); y que se presume responsable de un accidente al que cometió una infracción relacionada con la causa del mismo.(10)
La maniobra de giro sólo puede ser realizada en forma prudente y atenta, verificando previamente que ella es factible, para no interferir en la marcha del resto de los vehículos en circulación, ya que el giro es considerado como una maniobra riesgosa; así, el cambio de dirección, debe realizarse previniéndolo a los demás mediante señales reglamentarias, y asegurándose previamente la factibilidad de la maniobra sin peligro para sí, ni para otros.
Conforme lo constatado en la inspección técnica agregada al sumario penal supra referenciada, la motocicleta presenta sus daños en el lateral izquierdo -pedana, posapie, pedal de cambios-, en tanto no se constatan daños en su parte frontal; indica el perito mecánico que el primer contacto de la motocicleta con el automóvil se produce con su parte lateral izquierda; asimismo, se observa en la fotografía remitida por el SIDEAT agregada a fs. 223, que el automóvil conducido por el Sr. Girolamo, presenta sus daños en el guardabarros lateral trasero derecho parte trasera, y en los acrílicos de las luces traseras derechas, concluyéndose de ello que existió contacto entre el lateral trasero derecho del automóvil y el lateral izquierdo de la motocicleta.
Las circunstancias mencionadas, evidencian que el demandado incumplió la obligación que le imponía circular con cuidado y prevención; ello así en razón de que el accionante realizó la maniobra de giro interponiéndose en la marcha de la motocicleta en la que se trasladaba el actor, constituyéndose en un obstáculo insalvable en la marcha de la misma; y por ello, recae sobre el accionado la presunción legal de responsabilidad de quien cometió una infracción relacionada con la causa del accidente.
Como consecuencia de lo expuesto, se concluye que la ocurrencia del hecho se debió exclusivamente por la conducta del Sr. Girolamo y no habiéndose probado la eximente incoada -culpa de la víctima- conforme la norma que rige el caso (art. 1113 párrafo 2° del Código Civil), se le debe reprochar totalmente la producción del hecho en cuestión, a los codemandados Sres. Ricardo Norberto Girolamo y Oscar Daniel Fernández, por su conducta culpable y su carácter de titular registral del vehículo dominio APU-272, respectivamente, al momento del siniestro.
6) Encontrándose acreditada la existencia y responsabilidad en el hecho, corresponde analizar los daños reclamados, su relación de causalidad con el hecho, y en su caso, los montos indemnizatorios.
7) En referencia al daño reclamado por incapacidad sobreviniente, surge del informe del médico obrante a fs. 13 del sumario penal, que el actor presentó traumatismos en hombro izquierdo, codo y rodilla izquierda; estimando su tiempo de curación entre 7 y 10 días salvo complicaciones; y su incapacidad laboral entre 5 y 10 días.
A fs. 107/111 se agregó la informativa emitida por el Hospital Provincial, correspondiente a la historia clínica del Sr. Aguirre labrada a raíz del hecho de la causa, constatándose policontusión; excoriaciones en codo izquierdo con leve limitación de la movilidad; excoriaciones en rodilla izquierda; se realizan radiografías que informan sin trazos fracturarios.
El perito médico, Dr. Felipe Miguel Abud, cuyo dictamen obra a fs. 178/181 expresa que al examen físico el actor presentó en hombro izquierdo, abdoelevación a 120°, elevación anterior a 140°, elevación posterior a 40°, aducción a 30°, rotación interna 40°, y rotación externa a 90°; maniobras de Neer, Appley superior y Jobe positivas; examen sensitivo y motor de miembros superiores e inferiores conservados; examen físico de la rodilla, tobillo y codo izquierdo sin particularidades, resto del examen físico general sin particularidades. Concluye el perito con base en la anamnesis, la revisación personal del actor y la documentación obrante en la causa, que el accionante padece una incapacidad parcial y permanente del 3% de la total vida, por limitación parcial de la movilidad del hombro izquierdo.
Cabe señalar, en consonancia con lo supra expresado, que la indemnización que se otorgue por incapacidad sobreviniente debe atender, primordialmente, al mantenimiento incólume de una determinada calidad de vida, cuya alteración, disminución o frustración, constituyen en sí un daño resarcible conforme a una visión profunda del problema tratado.(11)
A los fines de la cuantificación de la reparación debida por lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica total o parcial -teniendo en cuenta que se trata de una deuda de valor (art. 772 CCC)-, manda el ordenamiento conforme las pautas ordenatorias de los art. 1738, 1740, 1746 y conc. del CCC, meritar la proyección dañosa en las diferentes esferas de la vida de la víctima.
La normativa del 1746 CCC, aplicada sin más, impactaría en el derecho defensivo de las partes en caso de su traslación a los litigios que se han tramitado a la luz del anterior Código Civil, por lo que su incidencia se merita en cada caso en concreto.
En función de ello, el órgano jurisdiccional estima las consecuencias dañosas con un grado de prudente discrecionalidad. Se ha dicho que la “norma prevé la indemnización del daño patrimonial por alteración, afectación o minoración, total o parcial, de la integridad física y psíquica de la persona, admitiendo que su cuantificación pueda también ser fijada por aplicación de un criterio matemático como parámetro orientativo sujeto al arbitrio judicial”(12), lo que se compadece con el art. 245 CPCC.
Surge de lo expresado que corresponde una labor integrativa del derecho aplicable al caso por parte del Tribunal, de resultas de la cual, también ingresa en la ponderación del daño, las cualidades personales de la víctima conforme los lineamientos señalados por la jurisprudencia (en autos Suligoy, Nancy Rosa Ferguglio de y otros c/ Provincia de Santa Fe A y S tomo 105, p 171 y ss).
Por otra parte, no se acreditó en autos que hubiere acaecido una efectiva disminución de ingresos por el actor, y consecuentemente, a los fines de determinar el quantum indemnizatorio por lesiones y sus secuelas incapacitantes, habrá de tenerse presente que el mismo procede teniendo en consideración la integridad psicofísica del mismo, como también, la proyección de las secuelas incapacitantes, en tanto la mutación en la salud, es susceptible de significar en el futuro una pérdida patrimonial; como también, que la percepción anticipada de la indemnización de un daño que se extenderá en el tiempo -en los términos del art. 1746 CCC-.
Por otra parte, si bien el perito médico ha establecido el grado de incapacidad, éste debe ser objeto de prudente valoración pues, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, los informes periciales aunque constituyen un elemento importante a considerar no conforman una pauta estricta que el juzgador deba seguir inevitablemente(13), debiendo asimismo, tenerse presente la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades económicamente valorables, como también, las cualidades personales de la reclamante; y en el caso, que el Sr. Aguirre contaba con 24 años al momento del siniestro; que surge de la informativa emitida por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo agregada a fs. 145/147 de “La Casa del Retén SRL), y que desempeñaba la tarea de vendedor de repuestos de autos, conforme surge de la testimonial rendida por el Sr. Cristian Sebastián Moretto, obrante a fs. 28 de los autos conexos por lo que se otorgó al accionante el beneficio de litigar sin gastos -642/2001-, no habiendo acreditado en los presentes sus ingresos.
Por las consideraciones precedentes, lo normado por el artículo 772 CCC, las pautas ordenatorias contenidas en los artículos 1738, 1740, 1746 ss y cc del CCC, y haciendo uso de la facultad prevista por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, se fija la indemnización por daño por incapacidad en la suma de $30.000,- a favor del actor.
8) En referencia al daño no patrimonial, reclamado en autos como daño moral, el mismo resulta en autos in re ipsa, ello así pues resulta evidente que la participación en el accidente, las lesiones mencionadas, y las secuelas incapacitantes, han generado padecimientos de índole espiritual en el actor y han lesionado sus sentimientos.
Tal como se ha afirmado en reiteradas oportunidades, cuando las víctimas resultan disminuidas en sus aptitudes tanto físicas como psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñen o no una actividad productiva, pues la integridad tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de su vida.(14)
En base a lo expuesto, ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas -art. 1741 CCC-, y a tenor de lo previsto por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, se fija la indemnización por este rubro en la suma de $5.000,-.
9) En referencia al daño material por los daños ocasionados en la motocicleta dominio 816-EXF; El perito mecánico estimó el costo de reparación a la fecha de pericia en la suma de $3.760, en tanto el actor reclamó por el rubro la suma de $1.520,- con base en el presupuesto cuya copia se agregó a fs. 14 de autos, emitida por “Cross Moto” en fecha 28/10/2010, importe por el que procederá el concepto por ser el presupuesto citada de fecha más cercana al siniestro de autos, y por aplicación de la teoría del propio acto.
En relación al reclamo por privación de uso, el perito estimó el tiempo de reparación en 8 horas, y por ello, el rubro procederá por la suma de $400,- (un día).
En relación al rubro desvalorización, el perito informó que la motocicleta no fue presentada al acto pericial, y por ello, no le fue posible dictaminar sobre el punto pericial, por lo que siendo carga del actor la prueba del daño, el reclamo por desvalorización no ha sido acreditado, correspondiendo su rechazo, sin que ello influya en las costas por la insignificancia en la pretensión incoada (art. 252 CPCC).
En base a lo expuesto lo tanto y haciendo uso de la facultad prevista por el artículo 245 del Código Procesal Civil y Comercial, el resarcimiento por daños en la motocicleta y privación de uso se fija en la suma de $1.920,- a favor del actor.
10) En relación a los intereses, cabe señalar que el daño moratorio deviene del retardo en el cumplimiento de la obligación y se traduce, en general, en la determinación de una tasa de interés que cubre dicho daño; a diferencia del interés compensatorio, el que deviene del uso de capital; en consecuencia, en el caso, el interés a fijarse representa la reparación por el daño derivado de la mora, una sanción por el incumplimiento, no un interés compensatorio por el uso del capital.
En el sentido indicado, expresa Galdós que “En el ámbito extracontractual el daño (…) moratorio el que deriva de la mora o retardo en su pago (los intereses adeudados durante la tardanza) y a partir desde que se produjo cada perjuicio”.(15)
En la inteligencia indicada, la tasa fijada por el Tribunal tiene por fin reparar el daño moratorio, y no compensar el uso del capital, y por ello, no implica un enriquecimiento indebido en cabeza del acreedor; por el contrario, una tasa pura, no cumple con su función de reparar el daño padecido por la víctima.
Por otra parte, la CSJSF expresó que “En efecto, los jueces de baja instancia fijaron el rubro indemnizatorio a la fecha de la sentencia, junto con la tasa promedio activa y pasiva mensual (en concepto de intereses moratorios) y el doble de la misma (en concepto de intereses punitorios) y, sabido es, que dicho tópico configura una cuestión de índole fáctica y procesal, en principio ajena a la instancia extraordinaria, (…) en el caso concreto la ponderación de los rubros y la aplicación de las tasas respectivas no lucen irrazonables ni confiscatorias como para merecer reproche constitucional. (…) máxime cuando el tema involucrado obedece a procesos esencialmente cambiantes que reclaman la búsqueda por parte de los tribunales de justicia de instrumentos idóneos a fin de proteger adecuadamente la concreta vigencia de los derechos constitucionales comprometidos, tanto del deudor como del acreedor. (…) Por último, respecto a los agravios atinentes a la causal de apartamiento de la interpretación que a idéntica cuestión de derecho haya dado una Sala de la Cámara de Apelación de la respectiva Circunscripción Judicial, vinculado con la tasa de interés, aun aceptando la existencia de Salas con otro criterio al que se siguió en este caso, no se colige de ello que de la solución dada en los presentes se llegue a un resultado económico de montos indemnizatorios desproporcionados e irrazonables, ajenos al realismo económico que debe primar en estas decisiones.” (CSJSF, A y S t 241 p 143-146, Santa Fe, 16/08/2011, «ECHEIRE, Pilar contra MACHADO, Marcelo y otros -Daños y perjuicios-Expte. 105/10)», Expte. C.S.J. Nº 482, año 2010).
Por lo expuesto, y teniendo en consideración el resultado económico del proceso, los rubros mencionados devengarán, desde la fecha del hecho y hasta el vencimiento del plazo fijado para el pago -10 días hábiles de notificada la sentencia- un interés equivalente al promedio entre la tasa activa (promedio mensual efectivo para descuento documento a 30 días) y la tasa pasiva (promedio mensual efectivo para plazo fijo a 30 días según índices diarios), sumada, del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.. En caso de incumplimiento del pago dentro del término establecido, el capital devengará desde su vencimiento y hasta su efectivo pago un interés equivalente al doble de la tasa referida precedentemente.
11) Las costas del juicio corresponde imponerlas a los vencidos (art. 251 del C.P.C.C.), con aplicación del artículo 505 CC -hoy art. 730 CCC- al momento de practicar liquidación.
12) En referencia a la extensión de responsabilidad a la citada en garantía, corresponde hacer extensivos los efectos de la presente a la aseguradora en la medida del seguro y conforme lo preceptuado por el artículo 118 de la Ley de Seguros.
Por todo lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 505, 1109, 1113 y ccs. del CC; artículos 7, 730, 768, 772, 1738, 1740, 1741, 1746, 1748 y ccs. del CCC; las leyes 17418 y 24.449, y los artículos 245, 251, 252, 541 y ss del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, el TRIBUNAL COLEGIADO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL N° 1; RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia condenar a los Sres. RICARDO NORBERTO GIROLAMO y DANIEL OSCAR FERNÁNDEZ, a pagar al Sr. VÍCTOR DAVID AGUIRRE, en el plazo de 10 días hábiles de notificada la sentencia, la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($36.920,-); con más los intereses indicados en los considerandos y con costas; con aplicación del artículo 505 CC -art. 730CCC-. 2) Regular los honorarios profesionales por Auto. 3) Hacer extensivos los efectos de la presente sentencia a SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA en la medida del seguro y en los términos del artículo 118 de la ley 17.418. Insértese y notifíquese por cédula. (Autos: “AGUIRRE, Víctor David c/ GIROLAMO, Ricardo Norberto y otros s/ Daños y Perjuicios” Expte. N° 1303/2011).
DRA. SUSANA TERESITA IGARZABAL
Juez
DRA. SILVINA VARELA
Juez
DRA. JULIETA GENTILE
Juez
DR. JUAN CARLOS MIRANDA
Juez
(*) Sumarios elaborados por Juris online
(1) REGIMEN JURIDICO DEL AUTOMOTOR -TEXTO ORDENADO- Decreto Nº 1.114/97 Decreto-Ley Nº 6582/58, ratificado por la Ley Nº 14.467 (t.o. Decreto Nº 4560/73) y sus modificatorias Leyes Nros. 21.053, 21.338, 22.019, 22.130, 22.977, 23.077, 23.261, 24.673, 24.721, 25.232, 25.345 25.677 y 26.348.
(2) Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Corrientes, Sala IV, MMI c/MC s/ Prescripción Adquisitiva, Expte 78263/12, El Dial AA90D1.
(3) Kemelmajer de Carlucci, Aída, El art. 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme, en LL del 22.4.15, p.1 cita on line AR/DOC/1330/2015; relativizando en parte tal razonamiento, p.c Rivera Julio César, Aplicación del CCyC a los procesos judiciales en trámite y otras cuestiones que debería abordar el Congreso, en LL 4.5.2015.
(4) CSJN autos D.I.P.V.G y otros c/ Registro del Estado Civil y Comercial de las Personas s/Amparo, 6/8/15. CIV 34570/2012/1/RH1.
(6) CSJSF: A y S T222, p. 76/83 in re “Steeman”
(7) Fallos: 312: 2412, 321:700; CSJSF: A. y S. T. 105, pág. 192.
(8) Art. 39 inciso b) de la Ley Nº 24449 y art. 46 párrafo 1º de la Ordenanza Nº 6543.
(9) Art. 39 inciso b) de la Ley Nº 24449 y art. 46 párrafo 2º de la Ordenanza Nº 6543
(10) Art. 64 de la Ley Nº 24449 y art. 60 de la Ordenanza Nº 6543.
(11) Conf, Ciuro Caldani, Miguel Ángel, La responsabilidad por daños desde la Filosofía del derecho en AAVV Derecho de Daños, BA, La Rocca, p.317 y ss.
(12) Conf. Galdós, Jorge Mario, en Lorenzetti, Ricardo Luis -Director- Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015, tomo VIII pags. 522 y ss.
(14) cf. Fallos 318:1715; 320:1361; 321:1124; 322:1792, 2002, 2658; 325:1156; 326:847, 1299, 1673, 1910; 327: 2722; B. 853. XXXVI. “Bustos, Ramón R. v.Provincia de La Pampa y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 11/7/2006
(15) José María Galdós: Código Civil y Comercial Comentado, Dir. Ricardo Lorenzetti, ed. Rubinzal Culzoni, T VIII, 2015, Santa Fe.
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