Se declara improcedente el recurso de inconstitucionalidad al concluirse que la regulación del honorario profesional del abogado o procurador de conformidad con el artículo 32 de la ley 6.767 y su modificatoria ley 12.851 no desconoce la vigencia de una norma federal como la ley 25.561, que establece la prohibición indexatoria. En ese sentido, efectuada la regulación de honorarios profesionales y expresado el monto en las unidades jus que correspondan a su valor a la fecha de quedar firme aquella, dicho importe queda fijado definitivamente, no pudiendo actualizarse el valor del jus a otro momento, sin perjuicio de los intereses moratorios que correspondan adicionarse.
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