Se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia que declaró operada la caducidad de la segunda instancia, al suscitar materia federal suficiente el debate en torno a si era una obligación en cabeza del funcionario público elevar las actuaciones (artículos 15 de la ley 16.986 y 251 del Código de Procedimiento), o bien la demora en el envío no fue atribuible al juzgado, sino que el apelante tenía la carga procesal de urgir la prosecución del juicio.
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