En el marco de un juicio por cobro de sumas de dinero, se resuelve decretar la caducidad de la segunda instancia, pues el plazo de caducidad se produce cuando no se insta el proceso dentro de los tres meses contados desde la fecha de la última actividad que tenga por efecto impulsar el procedimiento, pesando sobre el apelante la carga de instar su recurso, pues tal actitud revela una despreocupación incompatible con el deber de impulso que le incumbe -como imperativo de su propio interés- de disipar las trabas que pueden oponerse al avance del proceso.
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