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JURISPRUDENCIADespido. Pérdida de confianza. Requisitos. Injuria laboral. Prueba
Se hace lugar a la demanda por despido arbitrario iniciada por el trabajador, habida cuenta de que la empleadora no logró probar la existencia de una injuria laboral grave que justificara el despido con causa decidido. Con relación a esto último, el tribunal explicó que la pérdida de confianza es un estado subjetivo del denunciante y, por lo tanto, carece de entidad para ser motivo de punición en el sistema constitucional argentino. Para que exista injuria es menester que concurra un hecho, es decir, una modificación del mundo intersubjetivamente apreciable.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 21 días del mes de junio de 2018 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:
I.- Contra la sentencia de grado de fs. 120/123 que hizo lugar a la demanda, apela la demandada a fs. 124/127. A su vez, la perito contadora a fs. 123 apela sus estipendios por considerarlos reducidos.
Por un orden estrictamente metodológico procederé a tratar, en primer término, los agravios esgrimidos por la accionada.
Se agravia la quejosa por la decisión de la a quo de considerar que no quedó acreditada en autos la causal de despido invocada por ella en su misiva rupturista del día 25/03/2014. Sostiene que la Jueza relativizó los dichos de los testigos ofrecidos por su parte, así como también la documental aportada.-
Sin embargo, si bien el apelante se limita a exponer su disconformidad con el resultado de la sentencia, los argumentos esbozados en el escrito recursivo en momento alguno rebaten las razones expuestas en la sentencia atacada respecto a la falta de prueba producida por la recurrida especialmente con relación a la falta de testigos ya que, el único ofrecido -Rodríguez-, se tuvo por decaído a fs. 94. Por ello, técnicamente, el agravio se encuentra desierto por cuanto no se hace cargo de los fundamentos expuestos en origen (conforme artículo 116 LO).
Sólo a mayor abundamiento, cabe destacar que la pérdida de confianza es un estado subjetivo del denunciante y por tanto, carece de entidad para ser motivo de punición en el sistema constitucional argentino.
Para que exista injuria es menester que concurra un hecho, es decir, una modificación del mundo intersubjetivamente apreciable. No responde a esta condición un estado subjetivo del imputante como es la pérdida de confianza.
Aun extremando la amplitud de significado de la expresión “pérdida de confianza”, si esta no significa un mero estado subjetivo puede implicar: a) Un estado de sospecha sobre un grupo determinado o indeterminado de personas o; b) una forma de “culpa objetiva” como presupuesto de la punición.
Desde esta perspectiva entonces, y ateniéndonos a la norma del art. 243 RCT, la aplicación de la máxima sanción disciplinaria por un estado de duda o por una culpa objetiva contraviene las bases mismas del sistema constitucional argentino.
Por todo lo expuesto, considero que la sentencia de origen debe ser confirmada.
II.- El cuestionamiento por la aplicación de la multa del artículo 2 de la ley 25.323 efectuado por la recurrida resulta inoficioso si se tiene en cuenta que el empleador colocó al trabajador en situación de despido y luego no pagó las indemnizaciones una vez intimado (ver fs. 18 CD … del 25/04/14), se hace deudor de la multa referida. Así, el hecho de haber iniciado acción judicial ante la falta de respuesta al requerimiento constituye sincrónicamente el supuesto analizado por la norma. Adviértase que basta se cumpla uno de los requisitos -iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio- para percibir la multa allí dispuesta.
Bajo la misma línea argumentativa, en la norma del Artículo 1 de la referida ley, se aplicará la multa “…cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente”. Debe recordarse que la multa del artículo 1º de la ley 25.323 no es una indemnización sino una multa, pues no compensa daño alguno sino que pune una conducta típica y antijurídica prevista por la ley con anterioridad al hecho de la causa. No equilibra el patrimonio dañado, sino que agrede el patrimonio del autor. Por las razones expuestas entiendo que la sentencia de grado debe ser confirmada.-
III.- La misma suerte correrá el reclamo efectuado por la demandada en torno a la condena por horas extras efectuada en origen. Para acceder al reclamo, la a quo tuvo en consideración los testimonios brindados a fs. 70/71 y 72.
A modo de ejemplo, el testigo Galbiati a fs. 70/71 expresó: “Que en estos edificios los horarios son muy largos siempre, pero el dicente se lo encontraba al actor en la temporada, temporada de verano, noviembre/marzo, el horario cree que era de 8 de la mañana a 21 horas, o a 22 horas, el dicente tenía horario de 7:30 horas, así que podía ser que el actor entrara a ese horario también. Que sabe del horario de salida del actor porque eran los horarios que se cubría y tenían esos edificios los fines de semana y feriados. Que el actor trabajaba fines de semana y feriados, que lo sabe porque se cruzaban, cuando por el ejemplo el dicente tenía que cubrir un horario y además porque uno sabe los horarios de los colegas.”
Bajo esta línea, el deponente no sólo tuvo conocimiento directo de los hechos sobre los cuales testifica sino que, además, su relato resulta concordante con lo dicho por el trabajador en la demanda: “…jornada de 8 a 21 los días sábado, domingo y feriados…” (ver fs.6), por lo que no se entiende a qué se refiere el apelante cuando manifiesta que el actor no individualizó las horas extras pretendidas o que los testigos “no veían frecuentemente al actor”. Por ello, en este punto debe también debe confirmarse la sentencia de grado.
IV.- Con respecto a la queja en torno a la multa del artículo 80 RCT, la accionada se queja ya que sostiene que puso a disposición los certificados de trabajo y la actora no concurrió a retirarlos. No obstante ello, los certificados en cuestión no contienen los datos reales de la relación laboral, por lo que no puede sostenerse que la cosa dada es la cosa debida, por lo cual ha de estarse a lo normado por los artículos 741 y 742 del Código Civil de Vélez. En consecuencia, en este aspecto corresponde la confirmación del decisorio de origen.
Sin perjuicio de ello, tendrá favorable acogida la queja formulada por la parte actora en relación a la limitación temporal de las astreintes, así como también la vertida en torno a una hipotética confección de los certificados de trabajo por parte del juzgado en caso de un eventual incumplimiento de la demandada.
En estos términos, la parte actora centra su disenso en la limitación en el modo de aplicar las astreintes “dentro del plazo de 30 días del certificado de trabajo en debida forma bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de $200 por cada día de demora durante el mencionado plazo, vencido el cual se confeccionará el certificado por el juzgado y se remitirán los antecedentes a la AFIP ANSES a sus efectos” (ver fs. 122). En este punto cabe aclarar que, en la medida que la adecuación de las astreintes se manifiesta en el hecho de la contumacia, la necesidad de torcer la voluntad al renuente hace insostenible la suspensión o limitación de astreintes si no media la petición expresa del interesado, frente al incumplimiento concreto, respecto a la ejecución por un tercero (hipotéticamente el propio tribunal) de la certificación normada por el artículo 80 RCT, en tanto el juez debe velar por la función conminatoria que tiene las astreintes. Por otra parte, los jueces no están autorizados a dictar normas sino a cumplirlas y hacerlas cumplir, por lo que una “innovación” que contradiga el dispositivo normativo no puede considerarse como perteneciente a nuestro sistema jurídico. Nunca está demás que los Tribunales apliquen el Derecho Argentino.
No puede olvidarse que las astreintes son una pena por el incumplimiento de una manda judicial por efecto de un factor subjetivo de atribución. En consecuencia, la sentencia de grado en este aspecto debe ser modificada y para el caso de incumplimiento en la obligación de hacer impuesta al empleador el límite de las astreintes debe ser el momento en que la demandada cumpla con la manda judicial, siendo que además el juez no está autorizado para suplantar al condenado contumaz.
V.- Conforme ello y atento el resultado del litigio corresponde confirmar las costas dispuestas en origen por la actuación en dicha instancia (artículo 68 CPCCN).
VI.- En relación a las apelaciones de honorarios planteadas, es de mi consideración que los estipendios regulados en origen se manifiestan adecuados a las pautas legales, la complejidad y extensión de los trabajos realizados por lo que propicio su confirmación (conf. arts. 38, L.O., 6, 7, 8, 9, 19, 37 y concs., ley 21.839 y ley 24.432).
VII.- Propicio imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (conf. Artículo 68 CPCCN).
VIII.- Los honorarios de alzada se estiman en un …% de lo que fuera regulado por su actuación en origen (artículo 30 de la ley 27.423).
LA DRA. GRACIELA ELENA MARINO manifestó:
Que por análogos fundamentos, adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.
En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recursos y agravios, sin perjuicio de lo dispuesto en el considerando IV.- del primer voto. 2) Imponer las costas de alzada a la demandada vencida (conf. Artículo 68 CPCCN). 3) Regular los honorarios de alzada a los profesionales intervinientes en el …% de lo que le corresponda a cada uno por su intervención en la anterior instancia. 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 2 se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Enrique Néstor Arias Gibert – Juez de Cámara
Graciela Elena Marino – Juez de Cámara
Ayecuase, Marta Susana c/Panatel SA s/despido – Cám. Nac. Trab. – Sala IX – 14/10/2016 – Cita digital IUSJU013484E
029012E
