Se confirma la decisión que de oficio declaró operada la caducidad de la instancia en un incidente de pronto pago laboral, en tanto la causa reveló que entre el informe del oficial notificador y la fecha del decreto de perención transcurrió holgada y objetivamente el plazo de tres meses previsto en el artículo 277 de la ley 24522, sin que se haya producido actuación alguna orientada a impulsar el procedimiento. Es que el instituto de la caducidad de instancia resulta de aplicación a todos los acreedores, incluidos los de origen laboral.
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