Se confirma la regulación de los honorarios del abogado que intervino en una ejecución fiscal, al juzgarse que la suma se corresponde a la aplicación del mínimo de las escalas arancelarias, y se siguieron las pautas del artículo 40 de la ley 21839 para los procesos de ejecución, teniéndose en cuenta que una regulación justa y válida no puede prescindir del intrínseco valor de la labor desarrollada en la causa, de la responsabilidad comprometida y de las modalidades del juicio.
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