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JURISPRUDENCIAJuicio ejecutivo. Rechazo de defensas articuladas
Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, se confirmó la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución.
En la ciudad de General San Martín, a los__24___días del mes de febrero de 2.015, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Jorge Augusto Saulquin, Ana María Bezzi y Hugo Jorge Echarri para dictar sentencia en la causa nº 4491, caratulada “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ PERNAS ALBERTO JOSE S/APREMIO PROVINCIAL”.
ANTECEDENTES
I. A fs. 97/102 el señor Juez a-quo falló: “1) Rechazando las excepciones de quita, espera, novación, falsedad, nulidad y pago opuestas.2) Esta causa de trance y remate, mandando llevar adelante la ejecución hasta tanto Alberto José Pernas, haga al acreedor Fisco de la Provincia de Buenos Aires, íntegro pago del capital reclamado de … ($ … ), al que se le aplicarán los intereses establecidos y en la forma determinada por el art. 104 del Código Fiscal (Ley 10.397, t.o. Res. 39/11), desde la interposición de la demanda (28 de noviembre de 2012) y hasta su efectivo pago. 3) Imponiendo las costas a la parte demandada, atento su carácter de vencida (art. 68, 556 del C.P.C.C.), y difiriendo la regulación de honorarios hasta quedar firme la presente (art. 51 del Dec- Ley 8904).
Para así decidir expuso los antecedentes procesales del caso y consideró lo siguiente:
1. Que comenzó el análisis de las excepciones opuestas por la demandada. Dijo que el juicio ejecutivo constituye un proceso declarativo abreviado en cuanto al debate de las partes y a los límites del conocimiento y de la decisión judicial, sólo son oponibles las excepciones taxativamente enumeradas en el artículo 9 de la ley 13406: a) incompetencia de jurisdicción, b) falta de personería en el ejecutante o sus representantes, c)inhabilidad de título solo fundada en las formas extrínsecas del cartular, e) pago total documentado, d) prescripción, e) plazo concedido por acto administrativo y documentando, g) pendencia de recursos concedidos con efecto suspensivo y h) litispendencia.
2. Que la defensa intentada por el accionado a través del planteo de las excepciones de quita, espera, novación, falsedad y nulidad implica inmiscuirse en los hechos anteriores a la formación del título, circunstancia esta que se encuentra vedada en los procesos de esta naturaleza. Por lo que, no encuadrando las excepciones señaladas dentro de las taxativamente admisibles conforme la norma citada, se adelantaba el rechazo de las mismas.
3. Que en cuanto al pago alegado por el accionado, no era posible apartarse de la norma citada toda vez que la excepción prevista en el inciso d) requiere para su procedencia dos condiciones: que el pago sea total y que esté documentado. De ese modo, de la exégesis del citado precepto legal se desprende la necesidad de acompañar el comprobante respectivo extendido en forma reglamentaria y exhibir la correspondiente boleta de depósito de los fondos.
4. Que a los fines de acreditar el pago alegado era necesario que el documento emane del ejecutante o su legítimo representante, que contenga expresa referencia de la deuda contenida en el título y que, en materia impositiva, el mecanismo usual para cancelar impuestos como para acreditar el pago, son las boletas que expide la Administración. (conf. “Juicio de Apremio” Autor: Alberto J. Tessone y María Cecilia Mac Intosch, página 96, segunda edición).
5. Que de acuerdo a lo prescripto por el art. 10 de la ley 13.406, este pone en cabeza de la parte ejecutada la carga de probar la excepción que opone, acompañando a tales efectos la documentación en su poder y/o ofrecer aquella en poder de terceros. Ese resulta ser el criterio que ha tomado la jurisprudencia al sostener que “la carga de la prueba de las excepciones opuestas pesa sobre el ejecutado (arts. 18 Decreto Ley 9122/78 y 547 del ritual) (CC0002 MO 44673 RSI-189-1 S 15-5-2001)”.
6. Que en el caso de autos, conforme surge del título base de la presente ejecución obrante a fs. 2, el crédito fiscal tiene como origen la Disposición Delegada SEFSC Nº 2663/12 dictada en el marco del proceso de fiscalización llevado a cabo en el expediente Nº 2360-192432/2009 por el cual se han determinado diferencias en el impuesto sobre los ingresos brutos respecto a la firma Yocle S.A., declarándose responsable solidario e ilimitado con el contribuyente, al Sr. Pernas Alberto José, demandado en autos (v. fs. 714/722 de las referidas actuaciones administrativas).
7. Que conforme resolución Nº 2665/13 de fecha 12 de septiembre de 2013 emanada del Departamento de Apremios – Gerencia de Cobranza Coactiva, surge que mediante título ejecutivo Nº 564.691 se ejecuta deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los períodos 1 a 6/2006, 10 a 12/2006, 1 a 5/2007, 7 a 12/2007 y multas por omisión e infracción a los deberes formales contra el Sr. Alberto José Pernas (fs. 55 expediente administrativo 5100-32800/2013).
8. Que asiste razón a la actora en el sentido que tratándose el impuesto sobre los ingresos brutos de un gravamen auto declarativo, la administración conserva la facultad de verificar la exactitud de los datos declarados por el contribuyente (artículos 42, 43 y 44 del Código Fiscal) y de esta forma, hace responsable al declarante del pago de la suma que resulte del cotejo, y tal actividad determinó la emisión del título ejecutivo cuyo cobro se persigue en autos.
9. Que la referida resolución surge que al emitirse el título ejecutivo, se tuvo en cuenta la existencia de la quiebra de Yocle S.A. por lo que se dispuso ejecutar por la vía de apremio únicamente al declarado responsable solidario, Sr. Pernas (v. fs. 846 del expediente administrativo 2360-192432), habiéndose tomado en consideración el acogimiento que la firma efectuara al Plan de Facilidades de Pago del art. 108 del Código Fiscal (fs. 819/830 y 843).
10. Que en tal sentido se ha expedido a fs. 870 el Departamento de Cobro de Procesos Universales, detallando que se tuvo en cuenta al momento de emitirse el título ejecutivo Nº 564.691 el acogimiento al referido Plan de Facilidades el que comprende solamente los montos que fueran insinuados en el proceso falencial, los cuales resultan menores a los determinados en el Proceso Determinativo y Sumarial que dio origen al presente apremio.
11. Que a fs. 879/881 del referido expediente surge que el accionado en autos fue notificado de la providencia dictada a fs. 878. De lo expuesto se deduce que los períodos incluidos en el pagos efectuados por la firma Yocle S.A. no comprenden los períodos reclamados en el título ejecutivo base de la presente acción y que los mismos han sido tenidos en cuenta por la Administración al calcular la deuda reclamada.
12. Que esta circunstancia no sólo impide la procedencia de la excepción opuesta, sino también imposibilita que los pagos que el accionado invoca puedan ser tomados a cuenta al momento de practicarse la liquidación, solución propuesta por la jurisprudencia y acogida por el suscripto en reiteradas oportunidades (ver autos “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Crivellari Tazio y otros s/ Apremio” – Causa N° 6897, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c /Berni María Agustina s/ Apremio” – Causa N° 18.376). En virtud de ello, es que adelanto asimismo, el rechazo de la excepción de pago opuesta por el Sr. Pernas.
13. Que restaba el análisis del planteo efectuado por el accionado en el sentido que a efectos de obtener el cobro de las sumas reclamadas en autos, la actora debió presentarse en el proceso falencial de Yocle S.A. y solicitar la verificación del crédito.
14. Que el cuestionamiento del Sr. Pernas respecto de su responsabilidad solidaria implica adentrarse en causas anteriores a la formación del título, circunstancia esta que, en principio, se encuentra vedada en el proceso de apremio, no encontrando en el caso argumentos que permitan apartarse del principio rector.
15. Que la causa de la obligación tributaria tiene como origen el procedimiento de fiscalización llevado a cabo en el expediente administrativo N° 2360-192432/2009, por el cual mediante Resolución N° 2663/2012 se han determinado las diferencias en el impuesto sobre los ingresos brutos respecto de Yocle S.A. y se declara responsable solidario al Sr. Alberto José Pernas. Estas actuaciones gozan de la presunción de constituir “el ejercicio legítimo de la actividad administrativa y por consiguiente toda invocación de nulidad contra ellos debe necesariamente ser alegada y probada en juicio” (Conf. CSJN Los Lagos S.A. c. Gobierno Nacional, 30/06/1941).
16. Que en ese sentido, el ordenamiento jurídico no sólo excluye la posibilidad de cuestionar la causa de la obligación en el proceso de ejecución fiscal (conf. art. 9 inc. c. de la ley 13.406), sino que prevé expresamente diferentes carriles a los efectos de debatirla, donde el justiciable puede efectuar los planteos que hacen a su derecho. En este orden de ideas, cabe traer a colación lo expuesto por la Suprema Corte: “La ejecución fiscal no admite la discusión relativa al procedimiento administrativo antecedente o al acierto de la determinación tributaria así como cualquier otro extremo concerniente a la creación del título, pues todos esos aspectos remiten al origen del crédito ejecutado!” (SCBA, Ac. 90299 S 24-5-2006).
17. Que conforme lo dispone el Código Civil, la solidaridad puede tener su origen en la convención de las partes, en el testamento o en la ley (art. 700). En el caso, la solidaridad tiene su origen en los artículos. 21, 22, 23 y 24 del Código Fiscal (Ley 10.397 modif. Leyes 14.301, 14.333, 14.357 y 14.394. T.O. Resolución 39/11).
18. Que la doctrina ha entendido que la solidaridad pasiva tiene por objeto asegurar al acreedor el pago de su crédito, poniéndolo a cubierto contra la posible insolvencia de alguno de los deudores; importa por lo tanto, una garantía personal. Para que el acreedor quede impago es menester que todos los codeudores caigan en insolvencia Como permite reclamar toda la deuda de una misma persona, sin necesidad de dividir la acción, facilita extraordinariamente la labor del acreedor, quien puede elegir el deudor que mejor le acomode y puede proceder contra ellos simultáneamente o sucesivamente (art. 705).
19. Que con relación a la insolvencia de cualquiera de los deudores, se ha afirmado, con fundamento en los arts. 705 y 717 del Código Civil, que perjudica a los restantes, entre los cuales se debe repartir la pérdida, pero no al acreedor que conserva su acción por el total contra los otros deudores (G.A. Borda, Tratado de Derecho Civil, Obligaciones T° I, Abeledo Perrot, páginas 382, 384, 386 y 387). Por ello, dijo que asistía razón a la actora en cuanto afirma que el Fisco goza de la facultad de elegir al “mejor pagador” para obtener la satisfacción de su crédito.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso de apelación -fs. 116/117-, agraviándose por lo siguiente:
1. Que en la sentencia de grado no se había tratado la novación invocada como excepción y que se produjo por la refinanciación otorgada por la actora al deudor originario o principal, ello sin efectuar salvedad o limitar su alcance.
En ese sentido, dijo que si bien la insolvencia del deudor no afecta la elección del otro solidario, expresamente el art. 707 del Código Civil reza que la novación de la deuda hecha por el acreedor con cualquiera de los deudores, extingue la obligación anterior. Y que el art. 715 del mismo cuerpo legal autoriza a los codeudores a invocar en juicio la cosa juzgada, por lo que con mas razón en el presente caso a invocar la novación producida en la conformidad y refinanciación dada por ARBA para el avenimiento de la quiebra.
Finalizando el primer agravio, sostuvó que al haber la actora otorgado un plan de pago al deudor principal se enervó la acción contra el responsable solidario por haberse novado la deuda, y que esta situación podía incluso configurar un enriquecimiento sin causa por parte del fisco provincial.
Por todo ello, afirmó que no debía caerse en ritualismos ya que la falsedad ejecutoria y nulidad del titulo ejecutivo nº 564.691, no era otra cosa que la inhabilidad de título por la inexistencia de la deuda novada.
2. Que el segundo agravio se encontraba intrínsicamente relacionado con el anterior, es decir, por la falta de sustanciación de la prueba requerida por su parte referida a los expedientes administrativos del plan concursal 2360-0252544/2010 y los expedientes judiciales que tramitaron ante el Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial Nº3 Secretaría Nº6 nº 101139 y 101713.
Refirió que, con la compulsa de dichos expedientes administrativos se hubiera podido claramente ver el alcance de la refinanciación novativa producida. Que por el contrario a la actora se le había permitido incorporar extemporáneamente los expedientes administrativos que quiso y que posteriormente fueron utilizados en la sentencia de grado.
3. Que la actora había manifestado que ARBA tuvo en cuenta el plan de pagos otorgado a Yocle S.A. al momento de emitir el titulo ejecutivo, el que comprendía (sin clasificar cálculo alguno) solamente los montos que no fueron insinuados en el proceso falencial .
Sobre lo expresado, dijo que cabía señalar que la situación era justamente al revés, que el plan concursal fue por $ … y el apremio fue por $ … . Que si esto fuera así la deuda total sería de $ … , lo cual era absolutamente imposible y que no surgía de los expedientes administrativos acompañados por la actora.
Refirió que de la fs. 843 del expediente administrativo nº 2360-0192432/2009 surgían diferencias liquidadas entre el impuesto determinado y el plan de pagos, y que arrojaban el correspondiente al 2006 $ … y el cuadro del 2007 $ … . Que si esos montos, más razonables, fueran los que hubiesen quedado afuera del plan de pagos, solicita que se morigeren los abusivos intereses que comprendía el saldo -y sus eventuales multas- toda vez de que se trata de un responsable legal sustituto (aunque solidario) como presidente de la sociedad.
Insistió, en que el a quo no había merituado que el expediente donde tramito el titulo ejecutivo es del 2009 y que el plan tramito por otro (del año 2010 y que la actora no había acompañado). Y que todas la fojas administrativas que refieren la actora y el a quo son en realidad actuaciones del año 2013 con motivo de las defensas opuestas (exp. 5100-32800/2013 agregado al del año 2009).
Dijo, que resultaba inexplicable que el a quo no sólo acepte -sino que además cite- en su resolución actos administrativos posteriores a las defensas opuestas. Por ello, afirmó que todas las actuaciones deberían ser consideradas nulas puesto que el expediente administrativo debió finalizar cuando la actora inició la ejecución judicial.
Concluyó el presente agravio, expresando que ARBA había desarrollado toda una serie de actuaciones administrativas con posterioridad a las defensas opuestas, justamente para darle una apariencia de certeza y presunción de legitimidad de la actividad administrativa respecto de la emisión del título ejecutivo impugnado, para así esconderse en la consabida veda del apremio.
4. Que, por último, expresó que se agravia de que el juez de grado nada haya dicho sobre la ausencia de explicaciones de la actora en su escrito de inicio y que configuraban un claro defecto legal, lo que autorizada claramente a la imposición de costa a la actora o en su defecto a la imposición por el orden causado.
III. Replicados los agravios a fs. 132/135, y elevadas las actuaciones a esta sede -fs. 138-, las mismas fueron recibidas según constancia de fs. 138 vta. y se resolvió que pasen los autos para sentencia (ver fs. 139).
El Tribunal estableció la siguiente cuestión:¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
VOTACION
A la cuestión planteada el señor Juez Jorge Augusto Saulquin dijo:
1º) En primer término, corresponde señalar que el recurso de apelación articulado resulta formalmente admisible. Ello, en tanto ha sido presentado dentro del plazo legal – ver cédula obrante a fs. 119/121 y cargo impuesto a fs. 117 vta. – y reúne los recaudos correspondientes (art. 13 de la Ley Nº 13.406).
2º) En segundo lugar, y a efectos de analizar su fundabilidad, resulta oportuno destacar lo que surge de las constancias relevantes de la causa, a saber:
Del expediente principal:
a) A fs. 2 obra el título ejecutivo Nº 564.691 emitido respecto al demandado Alberto José Pernas, con domicilio fiscal en Presidente Perón 2375 Pilar. Por el mismo se reclama una deuda por impuesto a los ingresos brutos, períodos 01 al 12 del 2006, 01 al 12 del 2.007, por la suma de pesos … ($ … ). De las observaciones surge “Responsables solidarios por la firma YOCLE S.A. EN QUIEBRA DESDE EL 26/02/2010”.
b) A fs. 9/11 vta. obra escrito de demanda por la suma que surge del título ejecutivo, la cual se dirige contra el Sr. Alberto José Pernas.
c) A fs. 45/46 se presenta el demandado y opone excepciones de pago, quita, espera, novación y de falsedad ejecutoria y nulidad de título.
Del expediente administrativo Nº 2306-0192432/2009:
a) A fs. 668/675 obra la Res. Nº 1593 -Disposición Delegada SEFSC- por la cual se declaró iniciado el procedimiento determinativo y sumarial reglado por el art. 113 y 69 del Código Fiscal, Ley 10.397, T.O. 2.011, estableciéndose las obligaciones fiscales del contribuyente Yocle S.A. como contribuyente de los ingresos brutos correspondientes a los periodos fiscales 2006 (enero a diciembre) y 2007 (enero a diciembre). En el artículo 7º se dispuso “prima facie” que, atento lo normado por los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal, configuran la calidad de responsable e ilimitado, por el pago de los gravámenes establecidos en el acto, recargos e intereses y multas que pudieren corresponder al señor Alberto Pernas en su carácter de presidente de la firma.
b) A fs. 676/698 obran los Formularios R-132, destinados a notificar a los señores YOCLE S.A. (fs. 676), Jorge Tomás Birne (fs.677) y Alberto Pernas (fs.697).
c) A fs. 714/722 vta. obra Resolución Nº 2663/12, por la cual se cerró el procedimiento determinativo y sumarial y se determinaron las obligaciones fiscales de la firma. En el artículo 7º se estableció que “atento a lo normado por los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal- Ley 10.397- TO 2011…resulta responsable solidario e ilimitado con el contribuyente de autos, por el pago del gravamen establecido en el presente acto e intereses, como asimismo por las multas e intereses que pudieran corresponder; el señor Alberto Pernas…”.
d) A fs. 723/728 obran las notificaciones de la Resolución anterior.
e) A fs. 793 obra providencia nº321 del Departamento de relatoría del Área Metropolitana, donde se dispuso la remisión del expediente al Departamento de Ejecución de deuda determinada a los fines de la intimación de pago de la deuda y de corresponder la emisión del título ejecutivo pertinente.
f) A fs. 844/845 obra título ejecutivo 564.691 liquidado al día 30/11/2012.
g) A fs. 847 obra nota presentada por el Sr. Alberto J. Pernas, en su carácter de presidente de YOCLE S.A., por la cual solicita la baja del título ejecutivo 564.691 por encontrase la firma que representa en quiebra.
h) A fs. 878 obra nota del Departamento de Apremios, donde se manifiesta que para la emisión del título ejecutivo nº564691 se había tenido en cuenta el acogimiento al plan de pagos del art. 108 del Código Fiscal, en la que se incluyo solamente los montos que fueran insinuados en el proceso falencial.
3º) Sentado ello, recordaré que no es preciso que el Tribunal considere todos y cada uno de los planteos y argumentos esgrimidos por las partes, ni en el orden que los proponen, bastando que lo haga únicamente respecto de aquellos que resulten esenciales y decisivos para sustentar debidamente el fallo de la causa. Tal como lo ha establecido el más alto tribunal federal, los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquellos que estimen pertinentes para la solución del caso (CSJN, Fallos, 248:385; 272:225; 297:333; 300:1193, 302:235, entre muchos otros).
Ahora, en orden a los antecedentes señalados, advierto que el recurso de apelación bajo examen no debe prosperar. Es que comparto lo sostenido por el a quo, en cuanto a que las excepciones tal como fueron articuladas importan internarse en el procedimiento anterior a la formación del titulo ejecutivo situación que como es sabida se encuentra vedada en este tipo especial de procesos.
Así, entiendo que lo que en realidad pretende ventilar la parte apelante en el caso resulta ser precisamente la causa de la deuda ejecutada, cuestión que la propia naturaleza de todo juicio ejecutivo veda so tenor de desnaturalizar la celeridad que se persigue en este tipo de proceso.
4º) En esos términos, a los efectos de encuadrar la actuación del Juez de grado en el sub lite – y en relación con los agravios levantados -, creo necesario recordar cuales son las principales normas que regulan la cuestión.
Así, el artículo 2º de la Ley N° 13.406 dispone: “Será título ejecutivo suficiente: 1) La liquidación de deuda expedida por funcionarios autorizados al efecto; 2) El original o testimonio de las resoluciones administrativas de las que resulte un crédito a favor del Estado”.
A su vez, el artículo 9º de la Ley citada, en lo que aquí interesa, establece: “Las únicas excepciones oponibles en este procedimiento son las siguientes: …c) Inhabilidad del título ejecutivo, la cual deberá fundarse únicamente sobre las formas extrínsecas. En ningún caso los jueces admitirán en este proceso controversias sobre el origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa. Las formas extrínsecas a las que se refiere este inciso son exclusivamente la identificación del legitimado pasivo, la firma del funcionario autorizado, el lugar y fecha de creación, la existencia de la suma total del crédito o de sumas parciales y la identificación del tributo adeudado…”.
5º) Asimismo, creo conveniente señalar que en numerosas oportunidades la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha indicado que se encuentra en principio vedada cualquier controversia sobre el origen del crédito ejecutado, restricción que se funda en la presunción de legitimidad que, por virtud de su origen y naturaleza, acompaña a los respectivos títulos ejecutivos y obedece a la imperiosa necesidad de que el Fisco perciba sin mayores dilaciones las sumas que se le adeudan, destinadas a fines de utilidad pública (SCBA doct. 34.218, sentencia del 17 de diciembre de 1.985, Ac. 49.561, sentencia del 31 de mayo de 1.094, Ac. 72.785, sentencia del 13 de marzo de 2.002, entre otras). Ello, sin dejar de reparar que en relación a las decisiones recaídas en juicios de apremio cabe la posibilidad del juicio ordinario posterior, cfm. art. 551 del C.P.C.C. (doctrina SCBA, Ac. 79302, I 1-11-2000, “Subsecretaría del Trabajo P.B.A. c/ Supermercado Las Dunas s/ Apremio. Recurso de queja”; entre otras, y esta Cámara in re: causa N° 1.648/09, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Petersen, Luis Arturo s/ Apremio”, sentencia del 20 de octubre de 2.009).
Y que si bien es cierto que tanto la Corte Suprema de la Nación como la Suprema Corte de la Provincia han flexibilizado el rigor de los principios en determinadas ocasiones cuando, por ejemplo, se trasunta en forma manifiesta la inexistencia de la deuda (cfr. C.S., D. 461XXII, “DGI c/ Ángelo Paolo”, sent. Del 22-X-1991; Fallos 317:1400 y 318:1151; SCBA ac. 51472, 17-V-1994; SCBA ac. 72785 S 13-3-2002, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/Gutiérrez, Jorge Constancio s/apremio”, DJBA 163, 172), dicha circunstancia no se evidencia en autos.
6°) A partir de lo dicho, reiteró, que lo que trata de discutir la parte accionada al oponer la excepción de novación y pago, es justamente el origen de la deuda, es decir, la causa. Ello así, concluyo en que los agravios planteados al punto 1 y 3 no pueden progresar.
A pesar de ello – y más allá de recordar el estrecho ámbito de discusión que determinan las normas legales vigentes transcriptas en el considerando anterior y que resultan el marco legal obligatorio para los Jueces en esta materia; como así también que el accionado podrá discutir la causa o existencia de la deuda en un juicio ordinario posterior al presente, tal como lo autoriza el art. 551 del CPCC, con posibilidad de amplitud de prueba y debate -, pongo de resalto que en la Resolución Nº 2663 donde se determinaron las obligaciones fiscales, expresamente se dice que dicho acto administrativo tiene carácter parcial, y que no implicaba que no se efectúe verificación y/o determinación por otros periodos.
De esa manera, los argumentos expuestos por la demandada tanto al momento de oponer excepción como al momento de recurrir la sentencia de grado, se refiere sin dudas al origen del crédito ejecutado o legitimidad de la causa, controversias estas que se encuentran vedadas el tratamiento a los jueces, siempre que no se consienta una condena fundada en una deuda inexistente, cuando tal circunstancia resulta manifiesta. Pues lo contrario importaría privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales.
En particular se ha dicho que, “…es improcedente la excepción de novación en un proceso ejecutivo cuando las acreditaciones que se ofrecen a efectos de fundarla se encuentran vinculadas con la causa de la obligación y en tanto para ello sea necesario recurrir a probanzas propias de un proceso de conocimiento» (CC0100 SN 5398 RSD-469-2 S 21/11/2002).
7º) Ahora, corresponde recordar que el accionado resulta solidariamente responsables en virtud de lo previsto por los arts. 17, 18 y 21 del Código Fiscal, Ley Nº 10.397 (t.o. 2.004).
Véase que el art. 17 del citado texto legal (hoy art. 20 de la Ley Nº 10.397, T.O. por Resolución Nº 39/11) dispone: “Cuando un mismo acto, operación o situación que origine obligaciones fiscales sea realizado o se verifique respecto de dos (2) o más personas, todas serán consideradas como contribuyentes por igual y obligadas solidariamente al pago del gravamen en su totalidad, salvo el derecho del Fisco a dividir la obligación a cargo de cada una de ellas…”.
A su vez, que el art. 18 (hoy art. 21 de la Ley Nº 10.397, T.O. por Resolución Nº 39/11) establece: “Se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes – en la misma forma y oportunidad que rija para éstos – las siguientes personas:… Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica…”.
Finalmente, que el art. 21 (hoy art. 24 de la Ley Nº 10.397, T.O. por Resolución Nº 39/11) contempla: “Los responsables indicados en los artículos 18 y 19, responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes…El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo”.
8º) A mayor abundamiento, deseo resaltar que – en autos – no se encuentra demandada la empresa concursada, sino solamente el socio responsable. Este último ha sido declarado solidariamente responsables de la deuda fiscal en los términos de la normativa de derecho tributario local transcripta precedentemente y en el marco de un procedimiento administrativo en el cual ha sido, en ese sentido, debidamente notificado.
Véase que de la reseña efectuada en el segundo considerando surge que el señor Alberto José Pernas fue considerado responsable solidario e ilimitado, tanto – prima facie – en la Resolución Nº 1593/12 (por la cual se declaró iniciado el procedimiento administrativo y sumarial), como en la Resolución Nº 2663/12 (por la cual se declaró cerrado el procedimiento y se determinó la obligación fiscal).
En definitiva, y para cerrar la cuestión relacionada con los agravios bajo estudio, entiendo que el señor Juez a-quo resolvió la cuestión planteada en base al marco normativo – sustantivo y adjetivo – de derecho tributario local que rige la cuestión objeto de litis, que en principio limita toda la cuestión en materia de excepción de inhabilidad de título -así encuadra en la instancia de grado en forma correcta- a los aspectos formales que la propia ley enumera.
El accionado tomo conocimiento de su calidad de responsable solidario e ilimitado durante el procedimiento administrativo, trámite en el que tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y de alegar las cuestiones que ahora intentan ventilar en el marco del proceso de apremio. Todo, sin dejar de señalar que el fallo de la SCBA C. 110.369, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Raso, Francisco. Sucesión y otros. Apremio”, del 2 de julio de 2.014, no puede ser interpretado como doctrina legal (art. 279 del CPCC), en tanto el más alto Tribunal Provincial no se expidió respecto de la cuestión de fondo, habiendo confirmado la sentencia de la Cámara recurrida por cuestiones formales.
De lo expuesto se llega a que corresponde rechazar el recurso de apelación en lo que respecta al grupo de agravios en estudio.
9°) Rechazados los agravios relativos al origen de la deuda, la critica dirigida a la falta de sustanciación de la prueba por él ofrecida y la incorporación en forma extemporánea de los expedientes administrativos por la actora, también debe ser rechazada.
Es dable tener en cuenta que el art. 10 de la ley 13.406 dice “… Las excepciones deberán ser opuestas y fundadas por el demandado en el mismo escrito en que se articulen y acompañarse la totalidad de la prueba documental que obre en su poder y ofrecer la restante de la que intente valerse”. A su vez el art. 11 expresa que “Opuestas las excepciones en la forma prevista en el artículo anterior, el juez conferirá traslado de las mismas y de la prueba documental acompañada a la parte actora. Esta última deberá contestarlas en el término de veinte (20) días de notificado personalmente o por cédula a su domicilio constituido. Con la réplica deberá acompañar la prueba documental obrante en su poder y ofrecer la restante, incluyendo en esta última las actuaciones administrativas que estime pertinentes. Si se estimare que las mismas no son admisibles, el juez dictará sentencia de trance y remate.
Bajo tales parámetros normativos, no existen dudas de que la apertura a prueba es una facultad del juez de grado para el caso que estime necesario contar con la prueba ofrecida para la resolución de la causa (arg. art. 11 ley 13.406).
Por otro lado no puede dejar pasar por alto que la demandada a fs. 90 solicitó que se resuelvan las excepciones por ella opuestas, no instando a la producción de la prueba que se había ofrecido anteriormente.
Así, entiendo que la actora no puede ponerse, ahora, en contradicción de sus propios actos, ya que no insto en tiempo y forma la producción probatoria que alega era fundamental para la suerte positiva de sus defensas. Por lo que, corresponde rechazar el agravio en estudio.
10º) Finalmente, en cuanto al agravio referido a la forma de imposición de las costas del proceso, y teniendo en cuenta el modo en que se resuelve la cuestión, entiendo que debe ser rechazado.
En diversos precedentes análogos al presente este Tribunal ha expuesto que nuestra ley formal adopta como principio en las ejecuciones tributarias el criterio objetivo de la derrota, según el cual cabe atenerse al resultado del juicio (conforme art. 51, inc. 2 ap. a del CPCA).-
Así, para decidir sobre la distribución de las costas en cuestión, debe tenerse en cuenta que quién revista la calidad de vencido en la solución del pleito debe cargar con las costas como una consecuencia de tal carácter. Dicho criterio, por otra parte, resulta coincidente con el principio objetivo de la derrota contenido en el Código Procesal Civil y Comercial (conf. arts. 68 del CPCC y 25 de la Ley Nº 13.406, y CCASM in re: causa Nº 1.031/07, caratulada «Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Tradito, Antonio y Tradito, Simón Sociedad de Hecho y otros s/ apremio”, sentencia del 28 de agosto de 2.007; causa Nº 1.142-SI, caratulada «Fisco de la Pcia. de Bs. As. c/ Ciarlantini, Nélida Luisa s/apremio», sentencia del 20 de noviembre de 2.007; causa Nº 2.076/10, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ecocarnes S.A. s/ apremio provincial”, sentencia del 8 de junio de 2.010; causa Nº 2.283-SI, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Ponte, María Teresa Elizabeth s/ apremio provincial”, sentencia del 28 de octubre de 2.010 y causa Nº 2.532, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Di Nicola, José Ángel s/ apremio provincial”, sentencia del 17 de mayo de 2.011, entre otras).-
Si bien este Tribunal ha dicho también que las diversas situaciones que pueden presentarse en la realidad requieren, en muchos casos, la flexibilización del criterio objetivo de la derrota a los fines de una adecuada prestación del servicio judicial (ver esta Cámara in re: causa Nº 1.286/08, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Armagno, Rubén Omar s/ Apremio”, sentencia del 13 de mayo de 2.008; causa Nº 1.304/08, caratulada “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Lusardi, Fabiana Beatriz y otros s/ Apremio provincial”, sentencia del 9 de septiembre de 2.008 y causa Nº 2.532, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Di Nicola, José Ángel s/ apremio provincial”, sentencia del 17 de mayo de 2.011, entre otras), no advierto en autos motivos para apartarme del principio general.
En dicho orden de ideas, corresponde rechazar la crítica bajo examen, confirmando el pronunciamiento efectuado por el Juez a-quo que impuso las costas de la instancia anterior a cargo de la parte demandada en su calidad de vencida.
11º) El mismo temperamento corresponde adoptar con respecto a las costas de esta Alzada (conforme art. 51, inc. 2 ap. a del CPCA y arts. 68 del CPCC y 25 de la Ley Nº 13.406).
Por todo lo expuesto, propongo a mis distinguidos colegas: 1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio; 2º) Imponer las costas de alzada a la parte demandada en su calidad de vencida (conforme art. 25 de la Ley Nº 13.406); y 3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (conforme art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77).
ASI LO VOTO.
Los señores Jueces Ana María Bezzi y Hugo Jorge Echarri votaron a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
SENTENCIA
En virtud del resultado del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: 1º) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en todo lo que fue materia de agravio; 2º) Imponer las costas de alzada a la parte demandada en su calidad de vencida (conforme art. 25 de la Ley Nº 13.406); y 3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (conforme art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77).Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JORGE AUGUSTO SAULQUIN
HUGO JORGE ECHARRI
ANA MARIA BEZZI
ANTE MI
ANA CLARA GONZALEZ MORAS
Secretaria
003114E
