Se confirma el pronunciamiento por el cual los acreedores con privilegio especial, si bien están legitimados a pedir la quiebra del deudor, deben demostrar por imposición legal que la realización de los bienes sobre los cuales recae el mutuo hipotecario no resultan suficientes para cancelar la acreencia, máxime cuando no existe una renuncia expresa al deber legal de acreditar la insuficiencia de la garantía.
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