Se mantiene la sentencia en cuanto atribuyó responsabilidad al Estado Nacional por los daños que causaran las explosiones acaecidas en noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero, en su carácter de titular del lugar en el que se desarrollaba una actividad riesgosa, y por su obligación de proveer lo atinente a la seguridad y salubridad de sus habitantes, en ejercicio del poder de policía que le compete.
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