Se decide rechazar la aplicación de la nueva ley 26773 y su índice RIPTE a los efectos de actualizar las prestaciones dinerarias fijadas en la sentencia, toda vez que la nueva ley citada resulta aplicable cuando se trate de obligaciones no canceladas y solo en aquellos casos en que el importe de la prestación establecida conforme a la ley vigente a la fecha del infortunio, con más sus accesorios, resulte inferior a los valores fijados como pisos mínimos por la ley 26773.
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