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JURISPRUDENCIAAccidente. Maniobra de retroceso de un camión. Rubros indemnizatorios
Se modifica el cómputo de los intereses y se confirma el resto de la sentencia en cuanto hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, por considerar que de los elementos probatorios aportados no se desprende que la conducta de la propia víctima haya condicionado el acaecimiento del hecho.
Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio de 2017, reunidas las Señoras Jueces de la Sala “J” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, a fin de pronunciarse en los autos caratulados: “Medina Benítez, Cesarina Alberta y otro c/ Ifran, Antonio José y otros S/ daños y perjuicios”
La Dra. Zulema Wilde dijo:
La sentencia de fs. 474/480 hace lugar a la demanda entablada por Cesarina Alberta Medina Benítez y rechaza la demanda promovida por el menor N. J. M. B. Apela la parte demandada a fs. 482 y expresa agravios a fs. 500/504. A su turno, la parte citada en garantía se agravia a fs. 505/507, mientras que la Defensora de Menores apela y se agravia a fs. 515/517. Corrido el traslado de ley, los mismos han sido contestados a fs. 511/512 y 523/524. Con el consentimiento del auto de fs. 528 han quedado las actuaciones en estado de dictar sentencia.-
I.- Cuestión Preliminar
El Código que nos rige ha traído una expresa disposición respecto a la temporalidad de la ley. A fin de interpretar coherentemente las normas contenidas en el art. 7, sobre la base de la irretroactividad de la ley respecto de las situaciones jurídicas ya constituidas o extinguidas, y el principio de efecto inmediato de la nueva ley sobre las situaciones que acontezcan, o relaciones jurídicas que se creen con posterioridad a su vigencia, y a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, ha de tenerse en consideración en este caso, que la situación de que se trata, ha quedado constituida, con sus consecuencias devengadas, conforme a la ley anterior.
Las consecuencias son los efectos, -de hecho o de derecho- que reconocen como causa, una situación ya existente, en este caso, el hecho ilícito imputado. Por lo que al haber nacido al amparo de la legislación anterior, ella es la que regula el presente.
Por una cuestión de orden metodológico, cabe entrar en primer lugar a conocer en los agravios vertidos por el codemandado en lo atinente a la responsabilidad imputada en el evento.
II.- Responsabilidad
El caso de autos se rige conforme la norma prevista en el art. 1113 del Código Civil, él que establece que: “En los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero cuando el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Si la cosa hubiese sido usado contra la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián, no será responsable”.-
Hallándonos entonces frente a un caso de responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, correspondía a la parte actora probar los siguientes extremos: a) la existencia del daño; b) el contacto físico con la cosa riesgosa o viciosa; y c) la relación de causalidad entre ambos.
En cambio, incumbía a la demandada acreditar, para eximirse de responsabilidad, la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, caso fortuito o fuerza mayor.
La parte demandada entienden que no se ha hecho una valoración adecuada de la prueba recolectada en autos.
En primer lugar considera que la responsabilidad que le ha sido atribuida no es correcta, ya que entiende que ya no era el dueño y/o guardián del vehículo en cuestión.
Ahora bien, nótese que la ley es clara por cuanto considera que ante supuestos de venta de un automotor, y al ser su inscripción registral constitutiva, -a diferencia de lo que acontece con los inmuebles en donde su inscripción es declarativa-, corresponde una vez vendido el bien, efectuar su transferencia de dominio ante el Registro respectivo. Ahora bien, para los casos en que ésta transferencia no se lleve a cabo, el modo de demostrar que se ha efectuado la tradición del bien mueble registrable, es la denuncia de venta. No hay otro elemento que permita probar que el automotor ya no se encuentra bajo la guarda del transmitente.
En el caso “sub examine”, el codemandado sostiene que con la firma de los formularios 08, cuya firma ha sido certificada por el funcionario del registro, sería suficiente para demostrar que se había efectuado la tradición del camión. Al respecto cabe considerar que el mismo por sí sólo no acredita el desprendimiento del vehículo.
Yerra aquí el apelante ya que es basta la jurisprudencia que resuelve en sentido contrario, entendiendo que la denuncia de venta constituye un requisito legal especial para hacer pública y consecuentemente oponible a terceros tal circunstancia de venta del automotor. Ello en concordancia con lo normado por el art. 27 de la ley 22.977.
Debe decirse que es indudable que en el caso de autos resultaría aplicable la doctrina desarrollada en la causa “Morris de Sotham, Nora c/ Besuzzo, Osvaldo P. s/sumario”, en cuanto se establece que la denuncia de venta hecha ante el Registro respectivo, es un requisito indispensable para eximirse de responsabilidad.
El art. 27 de la ley 22.977 prescribe, como principio general, que “hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa.” En el párrafo siguiente permite la exoneración de aquél si con anterioridad al hecho “hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor”, en cuyo caso “se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, reviste con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, y que el automotor fue usado contra su voluntad.”
De lo hasta aquí dicho, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos en lo atinente a éste punto.
En segundo término, entiende la parte apelante que no se ha valorado la conducta de la propia víctima en el acaecimiento del hecho dañoso.
Al respecto, el artículo 1111 del código de Vélez prescribe que “el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna”, norma reconoce como primer antecedente el texto de Pomponio del Digesto: quod quis ex culpa sua damnum sentit non intelligitur damnum sentire (“el que por su culpa sufre un daño, se entiende que no sufre daño alguno”).
Ahora bien, de los elementos probatorios aportados, tanto de la causa penal como de la prueba desplegada en las presentes, no se ha demostrado que la conducta de la propia víctima haya condicionado el acaecimiento del hecho dañoso, inclusive de la propia pericial mecánica emerge que no se puede establecer la mecánica del hecho, por ello debe partirse de la presunción que emerge de la falta de contestación de la parte demandada, específicamente el conductor del camión, se encuentra rebelde.
En tal sentido cabe agregar que “La consecuencia de la falta de negación de los hechos constituye una presunción hominis cuyo y alcance y extensión estará en relación con la cuestión planteada y demás constancias de la causa.” (Carli, Carlo. “Extensión y alcance de la negativa genérica de los hechos al contestar la demanda”, Jus, 10-34). (Citado por Falcón, Enrique M. “Comentario al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y leyes complementarias.” Artículo 356. Ed.Abeledo Perrot. 1998. Págs. 609/611.).
Asimismo, nótese que el camión se encontraba detenido sobre la vereda, lo que se comprueba con los testimonios brindados en la causa civil (cfr. Fs. 298/299), por lo que el mismo se hallaba en clara infracción a la ley de tránsito (cfr. Art. 49 inc. 3° de la ley 24.449)
No puede perderse de vista que, ante el supuesto de tener que retroceder con un vehículo, deben extremarse las medidas de precaución, sumado a que, por el porte del camión en cuestión, es evidente que su conductor ha visto disminuida su visión, ya que notoriamente no pudo ver a la actora que resultó dañada.
El hecho de que la actora haya quedado tendida sobre la calzada no implica que el camión no la haya embestido, ni tampoco que ese haya sido el lugar de contacto del rodado con la víctima. Como expresa la apelante, es donde “quedó”.
A mayor abundamiento, adviértase que la circunstancia de estar parado sobre la vereda en infracción a la ley de tránsito, no dejaba a los peatones otra opción que la de “esquivar” al camión por su parte trasera o bien por la delantera, para ello era necesario bajar de la acera. Nótese el porte del camión y su longitud (ver fs. 311 y 317).
Por ello, no habiendo logrado la parte recurrente demostrar la eximente de responsabilidad introducida, en virtud del análisis en conjunto y en forma integrada de la prueba producida en autos, estando demostrado el hecho, la relación causal y el daño producido, no cabe más que el rechazo de los agravios vertidos por la parte demandada y, en consecuencia, firme la sentencia a su respecto
III.- Teniendo que entrar a conocer en el “sub examine” en lo atinente a los rubros indemnizatorios, es dable destacar que la doctrina de la reparación integral del daño ha sido desplegada por la Corte Suprema en numerosos y sucesivos fallos, como un derecho de raigambre constitucional que se aplica a todas las ramas del ordenamiento jurídico. Con fallos como en el caso “Arostegui”, (CSJN, 08/04/2008, «Arostegui, Pablo Martín c. Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y Pametal Peluso y Compañía S.R.L») y “Aquino” (CSJN, «Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A» (21/09/2004), entre muchos otros, el Máximo Tribunal jerarquizó este Derecho a la reparación integral del daño injustamente sufrido.
El Código Civil y Comercial de la Nación, ha recepcionado los fundamentos de tales fallos en su art. 1738, él que enumera en forma cabal los perjuicios a reparar de los damnificados de lesiones: la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Asimismo, refiere a la reparación plena en el art. 1740.
IV.- Incapacidad Física sobreviniente
IV. a) Se agravia la parte citada en garantía por la suma concedida para ésta partida.
IV. b) La sentencia de grado reconoce la suma de $60.000.
IV. c) Sentado ello, debe establecerse que es criterio reiterado de esta Sala que la estimación del daño por incapacidad sobreviniente no sólo abarca las limitaciones en el ámbito laboral específico, sino en cuanto pueda afectar la capacidad laborativa genérica y el desarrollo normal de la vida de relación. (Ver Expte. Nº 76.437/1999, “Sosa, Jorge Alberto c/ López, Carlos Alberto y otros s/daños y perjuicios” del 02/03/2010; Expte. Nº 34.996/07, “Chiaradia de Carecchio, Rosa c/ Transporte Larrazabal y otros s/daños y perjuicios” del 23/03/2010; Expte. Nº 69.932/2002, “Ledesma, Ramona Graciela c/Acosta, Miguel Angel y otros s/ daños y perjuicios” del 30/03/2010, entre muchos otros).
En efecto, la noción de “lo patrimonial” en el derecho de daños es más amplia que la de patrimonio en estricto sentido técnico, pues debe abarcar, más allá de los bienes exteriores pertenecientes a la persona, las potencialidades humanas que instrumentalmente posean naturaleza económica, que, aunque desprovistas de valor económico en sí, lo adquieren indirectamente al ser aplicadas al logro de finalidades productivas. Así la integridad de la persona presenta un valor económico instrumental como capital destinado a ser fuente de beneficios económicos y de toda índole, cuya afectación cercena posibilidades de desenvolvimiento futuro, con lo cual se tiene que el daño en esta esfera resulta ser susceptible de apreciación pecuniaria, como lo exige el art. 1068 del Código Civil, y, por ende, indemnizable. Como afirma Mosset Iturraspe, “en el examen complejo de su multiforme actividad, al margen de la laboral, toda persona desarrolla en su casa o fuera de ella, tareas vinculadas con sus facultades culturales, artísticas, deportivas, comunitarias, sociales, religiosas, sexuales, etc., y los deterioros o menoscabos en tales quehaceres pueden acarrear consecuencias de carácter patrimonial” (“Responsabilidad por daños”, t.II-B, p. 194).
De la pericial médica obrante a fs. 394/398vta., emerge que la actora padece una incapacidad parcial y permanente total de 20 %, producto del evento de autos. Aclara el experto que la actora padecía una incapacidad previa del 50% por debilidad mental y pie bot. Agrega que producto del evento que aquí se ventila la damnificada padeció TEC sin pérdida de conocimiento, traumatismo lumbo sacro directo e indirecto con fractura de L5 y del sacro, traumatismo de pelvis con fractura de rama iliopubiana izquierda y derecha con hundimiento de cotilo izquierdo, lo que le acarrea una incapacidad del 40%.
Ahora bien, justamente atendiendo a la incapacidad previa de la actora, utilizando el método de la capacidad restante, el experto estima la incapacidad vinculada causalmente al hecho dañoso, en un 20% total.
Por ello, los agravios de la quejosa en lo atinente a la discapacidad preexistente de la victima, ya se encuentra aclarado.
En cuanto a las quejas vertidas en lo atinente al daño psicológico, basta remitirse a la sentencia para advertir que no se ha reconocido suma alguna por tal concepto, toda vez que no se ha determinado ningún porcentaje de incapacidad en la faz psicológica de la actora. Ello, sin perjuicio de la suma determinada para hacer frente a un tratamiento psicoterapéutico.
Sentado ello, no encontrando elementos que permitan modificar el criterio sostenido por el primer sentenciante, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos sobre el particular.
En cuanto al monto, teniendo en cuenta la edad de la victima (39 años actualmente), de estado civil soltera, nivel de escolarización (primario incompleto), discapacidades preexistentes, y ante la falta de agravios en sentido contrario, se propone al Acuerdo la confirmación de la suma otorgada (art. 165 del CPCCN).-
V.- Daño Moral.
V. a) Se agravia la citada en garantía por la suma concedida por considerarla elevada, mientras que la Defensora de Menores entiende que debería haberse reconocido el daño moral del hijo menor de la damnificada.
V. b) En cuanto al daño moral, debe decirse que este se define como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento físico, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas, y en general, toda clase de padecimientos, comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.
Es dable recordar que la indemnización por daño moral no configura una sanción al ofensor sino la satisfacción de legítimos intereses de contenido extrapatrimonial que hacen a derechos inherentes a la persona, debiendo evaluársela con la apreciación objetiva del padecimiento, sin que configure fuente de indebido lucro.
Como ya sostuviera este Tribunal «si por reparación se entiende el restablecimiento del desequilibrio patrimonial y es de contenido pecuniario, los intereses que carezcan de ese contenido deben ser satisfechos, puesto que según el diccionario de la Real Academia, «satisfacer», en una de sus acepciones, significa sosegar o aquietar una queja o un sentimiento, expresión acorde con el sentido de nuestra ley al otorgar a la víctima el derecho a reclamar la reparación, cualquiera sea el grado de reproche que genere la conducta del agente del daño, sin perjuicio de valorar a ésta como un elemento más para determinar la cuantía indemnizatoria» ( autos «Corzo de Torres, C.P. c/ Lumicot S.A. y otros s/sum» del 31.03.81).
Asimismo, y como ha resuelto reiteradamente este Tribunal, no existe razón lógico-jurídica que obligue a relacionar porcentualmente las indemnizaciones correspondientes al daño material con el moral. (Ver esta Sala, Expte. Nº 89.021/2003, “Procopio, Fernando Antonio y otro c/ Piñero, Ernesto Emir y otros s/daños y perjuicios” del 11/02/2010; Expte. Nº 89.107/2006, “Ivanoff, Doris Verónica c/Campos, Walter Alfredo s/daños y perjuicios”, del 22/03/2010, y que tiene el aval de numerosos fallos de nuestro Máximo Tribunal.
V. d) En lo que respecta al daño moral del hijo menor, basta decir que el rubro ha sido bien rechazado ya que el daño moral en el caso de una persona sobreviva al hecho, como en el caso de autos, corresponde su reclamo a la propia víctima.
A mero modo ejemplificativo, el propio artículo 1741 del actual CCCN establece que ante los supuesto de gran discapacidad podrían reclamar los descendientes entre otros, basta remitirse a las constancias de la presente causa para entender que la damnificada ya contaba con una gran discapacidad previa al hecho, mientras que la incapacidad producto del infortunio que aquí se ventila no reviste el carácter de gravedad a la que se refiere el artículo mencionado.
Por ello sólo cabe el rechazo de los argumentos vertidos.
En lo atinente a los agravios de la citada en garantía, nótese que no se hallan elementos que permitan modificar el criterio desplegado por el primer sentenciante, ya que de la propia pericia médica y de acuerdo a las lesiones sufridas, la actora debió permanecer internada por un lapso de un mes y medio. Debiendo continuar con reposo y controles por consultorios externos.
Por ello, sólo cabe el rechazo de los argumentos vertidos.
En cuanto al monto, teniendo en cuenta la edad de la victima (39 años actualmente), de estado civil soltera, nivel de escolarización (primario incompleto), discapacidades preexistentes, tiempo de convalecencia, se propone al Acuerdo la confirmación de la suma otorgada (art. 165 del CPCCN).-
VI.-Tratamiento psicológico
VI. a) Se agravia la parte citada en garantía por entender que el monto concedido para enjugar la presente partida deviene elevado y requiere se la disminuya.
VI. b) El primer sentenciante acordó la suma de $14.400 para ésta partida.
VI. c) La perito interviniente recomendó que la actora debe realizar un tratamiento de psicoterapia que permita mejorar el cuadro, considerando que el mismo debería extenderse durante el lapso de un año a razón de una sesión semanal, más nada estimó en relación al costo, por lo que el magistrado de agrado ha fijado con carácter prudencial la suma para enjugar la partida.
Es criterio reiterado de este Tribunal que el actor debe recibir una suma para hacer frente a un tratamiento que extinga, o por lo menos disminuya al máximo las secuelas del infortunio.
Así ha sostenido la Corte Suprema, en el mismo sentido, que el tratamiento psicológico aconsejado es un gasto que debe ser indemnizado, por cuanto supone erogaciones futuras que constituyen un daño cierto indemnizable (art. 1.067 del Código Civil) (C.S.J.N., 28/05/2002, “Vergnano de Rodríguez, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otro”, Fallos 325:1277).-
Es por ello que lo sostenido por la parte demandada y citada no debe tener favorable acogida, por cuanto ha quedado demostrada la necesidad del tratamiento aconsejado por la experta.
En virtud de las consideraciones expuestas estimo corresponde proponer al Acuerdo la confirmación de la suma establecida por la magistrada “a quo” para responder a la presente partida ( art 165 del CPCC)
VII.- Gastos de asistencia, farmacia y movilidad
VII. a) Se agravia la parte citada en garantía por la suma concedida para ésta partida y requiere se la disminuya.
VII. b) La sentencia recurrida otorga la suma de $3.000 para ésta partida.
VII. c) Reiteradamente se ha pronunciado este Tribunal en el sentido de que para que proceda la reparación de este tipo de daños no es necesaria la existencia de prueba fehaciente, sino que en atención a la entidad de las lesiones se puede presumir su extensión, mas ante la falta de prueba acabada, la estimación debe hacerse con suma cautela, máxime cuando la víctima recurrió a los servicios de instituciones públicas, como ocurre en la especie, sin olvidarnos igualmente que ninguna obra social ni institución pública cubre por completo estos gastos.
En relación a ello también se expidió muestro Máximo Tribunal, “Atento a la necesidad de salvaguardar el principio de la reparación integral del daño causado, debe integrar el resarcimiento, aunque no hayan sido materia de prueba, los gastos médicos y de farmacia que guarden razonable proporción con la naturaleza de las lesiones sufrida por el actor” (C.S.J.N. Fallos 288:139).
Sin perjuicio de ello, la presunción es susceptible de rebatirse por prueba en contrario, la que deberá producir quien alega la improcedencia del reclamo (si el recurrente es el demandado) o pretende una suma superior a la fijada por el sentenciante en uso de las facultades que le otorga el art.165 del Cód. Procesal, cuando se trata del accionante. (conf. C. N. Civ., esta Sala, 22/03/2010,expte 89.107/2006, “Ivanoff, Doris Verónica c/ Campos, Walter Alfredo” daños y perjuicios”).
Ahora bien, no habiendo elementos que demuestren lo contrario, es razonable presumir que ante la magnitud del hecho ventilado en autos, se debió efectuar un desembolso de dinero en concepto de traslados, gastos médicos, de medicamentos, etc. Es dable preveer que tales erogaciones se han llevado a cabo.
En atención a ello y considerando que la suma otorgada deviene ajustada a derecho, sólo cabe el rechazo de los agravios vertidos sobre el particular y en consecuencia, firme la sentencia a su respecto.
VIII- Intereses
VIII. a) Por último, se agravia la parte aseguradora citada en garantía por la tasa aplicable.
VIII. b) La sentencia de grado otorgó la tasa del 8% anual desde el hecho hasta el 31 de julio de 2015 y desde el 1 de agosto de 2015 al efectivo pago, la tasa activa.
VIII. c) Conforme la doctrina y jurisprudencia mayoritaria imperante en el fuero corresponde aplicar desde el inicio de la mora y hasta el efectivo pago del capital de condena, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, salvo que su aplicación, en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia, implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido.-
Por ello, ninguna duda cabe que si se determinaron los distintos montos indemnizatorios a la fecha de ocurrencia del hecho ilícito, corresponde aplicar la tasa activa desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia (C. N. Civ., esta Sala, 28/09/2009 Expte. Nº 101.903/2005 “Ochoa, Raúl Vladimiro c/ Recoletos Argentina S. A.”; Idem., id.,19/11/2009, Expte. Nº 115.969/2003 “Rodríguez Ayoroa, Hilda Mabel c/ Deconti S.A. y otros”; Id., id., 4/5/2010 Expte. Nº 28.910/2003, “Colombo, Aquilino Manuel c. De Rosso, Héctor Eduardo”; entre otros).-
Sin embargo, distinto criterio sostenemos cuando los rubros han sido estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (C. N. Civ., esta Sala, 11/02/2010, Expte. Nº 52.629/2005, “Solimo, Héctor Marcelo c/ Trenes de Buenos Aires y otro”; Idem., Id., 25/02/2010, Expte. Nº 87.802/2000, “Valdez Sandra Noelia c/ Urbano Alberto Daniel y otro”; Id., id., 15/3/2010, Expte. Nº 40.230/2006 “Benzadon, Ricardo José c. Guillermo Dietrich S. A. y otro”; Id. Id.,21/12/09 Expte. Nº 43.055/99 “Vivanco, Ángela Beatriz c/ Erguy, Marisa Beatriz y otros”; Id., id., 17/11/2009, “Pierigh, Fabiana Claudia c/ Radetch, Laura Virginia y otros”), o al menos algunos de ellos han sido determinados tomando valores vigentes a la fecha del pronunciamiento de grado o de otro momento procesal como, por ejemplo, la fecha del dictamen pericial (C. N. Civ., esta Sala, 11/03/2010, Expte 114.707/2004, “Valdez, José Marcelino c/ Miño, Luis Alberto del 11/3/2010; Idem., id., 27/4/2010, Expte. Nº 92838/2001, “Bertagni, Alberto Eugenio c/ Baron, Martín”, entre otros).-
Ello así, por cuanto tal como sostuvimos las tres integrantes de esta Sala en oportunidad de pronunciarnos con la mayoría en el plenario Samudio, la aplicación de la tasa activa, que tiene por objeto mantener incólume la significación económica de la condena, puede implicar como un efecto no querido un resultado contrario y objetivamente injusto, produciendo una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido (Conf. C.N.Civ., esta Sala, 10/8/2010, Expte. Nº 69.941/2005, “Gutiérrez, Luis Alfredo y otro c/ Luciani, Daniela Cyntia y otros s/ daños y perjuicios”).-
Cabe destacar que en la sentencia objeto de apelación, en relación a los rubros admitidos se ha fijado una indemnización a “valores actuales”, es decir, en tal oportunidad se ha producido la cristalización de un quid, no el reconocimiento de un quantum por lo que en el caso de autos, retrotraer la aplicación de la tasa activa “a partir de cada daño objeto de reparación” importaría incurrir en un desplazamiento patrimonial injustificado.-
En tal caso, se estaría computando dos veces la “desvalorización” o “depreciación” monetaria: una en oportunidad de fijar montos en la sentencia de grado (cristalización) y otra a través de la aplicación de una tasa de interés (activa) que ya registra ese componente en su misma formulación.-
Ello implica que la tasa activa no debe computarse cuando su aplicación en todo el período transcurrido “implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.-
Por tanto, en definitiva, a los efectos de no llevar a un enriquecimiento sin causa del peticionante y al correlativo empobrecimiento de su contraria, situación que no puede merecer amparo jurisdiccional, corresponde acoger los agravios vertidos por la apelante sobre el particular y disponer que desde el hecho hasta el pronunciamiento de primera instancia corresponde la aplicación de la tasa pasiva del Banco Central y de allí en adelante hasta el efectivo pago, la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, ello salvo el rubro por reparación del rodado, que deberá aplicarse la tasa pasiva desde el hecho hasta la fecha de la pericia y de allí en adelante hasta el efectivo pago, la tasa activa.
En consecuencia, se propone al Acuerdo que:
I. Se modifique parcialmente la sentencia
II.- Se disponga la aplicación de los intereses conforme lo prevenido en el apartado VIII.-
III.- Se rechacen los restantes agravios vertidos por las parte apelantes conforme lo que emerge de los considerandos.
IV.- Se confirme la sentencia de grado en todo lo demás cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravios.
V.- Costas de Alzada a la demandada y citada atento el principio de reparación plena.-
La Dra. Beatriz A.Verón adhiere al voto precedente.
Con lo que terminó el acto, firmando las Señoras Vocales por ante mí que doy fe.-
Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).
Buenos Aires, julio 11 de 2017.-
Y VISTOS: Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el Tribunal RESUELVE:
I. Modificar parcialmente la sentencia
II.- Disponer la aplicación de los intereses conforme lo prevenido en el apartado VIII.-
III.- Rechazar los restantes agravios vertidos por las parte apelantes conforme lo que emerge de los considerandos.
IV.- Confirmar la sentencia de grado en todo lo demás cuanto decide y ha sido materia de apelación y agravios.
V.- Costas de Alzada a la demandada y citada atento el principio de reparación plena.-
VI.- Difiérase la regulación de los honorarios para su oportunidad.
Se deja constancia que la Vocalía N° 29 se encuentra vacante (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada N° 15/13 art. 4°) y oportunamente devuélvase.-
Fdo. Dra. Zulema Wilde- Dra. Beatriz Verón.-
019772E
