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JURISPRUDENCIAContrato de trabajo. Despido. Trabajo sin registración. Empleado de limpieza. Tercerización
Se hace lugar a la demanda por despido interpuesta por el trabajador, quien se desempeñara como personal de limpieza en la empresa demandada, pues se interpretó que se encuentra acreditada la prestación de servicios con la declaración testimonial de un ex compañero de la actora. Se destacó que en el proceso laboral no se aplica la máxima “testigo único, testigo nulo”, por lo que los dichos del testigo único, pueden admitirse para acreditar los hechos sobre los que declarara, cuando de su testimonio surge suficiente fuerza convictiva y se ve corroborado por otros elementos de juicio obrantes en la causa.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2017, para dictar sentencia en los autos: “ACOSTA FEDERICO GABRIEL C/ FAURECIA ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:
I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión de autos viene apelada por la parte demandada, a tenor del memorial obrante a fs. 345/55, que mereciera réplica a fs. 358/60.
A fs. 344, el perito contador designado en la causa recurre por reducidos los honorarios que le fueran regulados, asimismo a fs. 354vta., la demandada recurre los honorarios que se encuentran a su cargo por considerarlos elevados.
II.- La accionada cuestiona la decisión de grado que la condenó a abonar los rubros indemnizatorios contenidos en la liquidación practicada en el inicio, por haber considerado configurada la relación laboral invocada.
Al respecto, cabe memorar que el trabajador denunció haber ingresado a laborar en el establecimiento que explota la demandada el día 1 de marzo de 2009, realizando labores de limpieza y scrap, revistiendo categoría de operario en el establecimiento ubicado en Martin Fierro … de la localidad de Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires. La accionada negó la existencia de un contrato de trabajo con el dependiente e invocó a todo evento, la existencia de un contrato de locación de servicios con la firma Domiser SRL por el cual ella brindaría el servicio de limpieza dentro de su establecimiento, labor que entendió ajena a su actividad normal y específica propia. A su turno la mencionada Domiser SRL, citada como tercero por la demandada negó enfáticamente la relación laboral invocada indicando que el aquí demandante no es ni fue dependiente de su firma.
En lo que hace a la acreditación en la causa de una relación laboral del tipo dependiente, observo que el apelante se limita a indicar la falta de precisión de los hechos expuestos en el escrito inicial -aspecto que no fue siquiera esbozado en su responde- sin hacerse cargo de los extremos ponderados por el Sr. Juez a quo para resolver como lo hizo (arg. art. 116 de la L.O.).
Asimismo, la accionada se limita a manifestar su disconformidad con la solución adoptada, sosteniendo que el testimonio de Cardozo nada prueba respecto de la relación habida y que el mismo incurre en imprecisiones, sin indicar en qué consisten las mismas.
El mencionado Cardozo declaró a fs. 285 y refirió: que ingresó a trabajar para la demandada FAURECIA ARGENTINA S.A. en mayo de 2009 donde ya estaba prestando labores el actor. Que las tareas del demandante consistían en limpiar, sacar cartones y hacer labores de mantenimiento, que el testigo también realizaba dichas tareas. Que el actor limpiaba el predio de la fábrica, que retiraban lo que no servía, según lo que el encargado Hugo les mandaba a hacer. Que las tareas se las asignaba Hugo Maza (no está seguro del apellido porque pasó mucho tiempo), que era el encargado de FAURECIA ARGENTINA S.A., que lo sabe porque siempre estaba ahí y lo veía, que siempre tenía su delantal blanco. Que el actor trabajaba de 07.00 a 17.00 de lunes a viernes, que los sábados trabajaba de 07.00 a 14.00 hs., igual que el testigo y los demás empleados. Que trabajaban en Escobar, que era el lugar donde estaba la fábrica, que prestaban servicios en FAURECIA ARGENTINA S.A. Que el testigo trabajó hasta mayo de 2010 y el actor siguió trabajando. Que FAURECIA ARGENTINA S.A. hace butacas, torpedos de autos, todo lo que tenga que ver con el interior del auto. Que al actor le pagaban $4.000 por mes, que lo sabe porque lo veía. Que los juntaban en un galpón, les daban un comprobante que debían firmar el que se quedaba el encargado de FAURECIA ARGENTINA S.A., que en ese momento les daban el dinero. Que el actor usaba ropa de grafa, que se la proveía el encargado Hugo y otro encargado llamado Fleitas, que también pertenecía a FAURECIA ARGENTINA S.A., que lo sabe porque lo veía, que daba órdenes, que les pagaba cuando no estaba el mencionado Hugo. Que los cartones se prensaban y los cargaban en camiones para que los retiren. Que dichos camiones estaban adentro del predio de FAURECIA ARGENTINA S.A. Que los camiones eran azules, que no sabe de qué marca. Que el día que dieron de baja al testigo vio que el actor seguía trabajando allí. Que el testigo ingresó a la planta por FAURECIA ARGENTINA S.A., que el actor no sabe. Que el testigo entraba por la autopista, bajaba el puente, iba por la calle Martín Fierro, pasaba por un portón y entraba a la fábrica. Que en la puerta estaba el de seguridad que les preguntaba quiénes eran y les pedía el documento.
Como se observa, la crítica formulada respecto de la prueba testimonial rendida en la causa luce ineficaz a los fines de revisar lo actuado, toda vez que el testimonio reseñado se aprecia correctamente evaluado por el sentenciante de grado, en tanto el mismo luce claro, preciso y circunstanciado, proveniente de quien ha prestado servicios con el accionante y ha resultado por tanto un deponente presencial de los hechos que relata. (arg. art. 90 L.O.).
En tales términos considero que el agravio vertido por el apelante sobre el particular, carece de asidero, por cuanto no rebate eficazmente el fundamento medular del decisorio recurrido, consistente en la acreditación en la causa de la utilización de la prestación del trabajador en su propio beneficio y dentro de su establecimiento.
A mayor abundamiento destaco que el hecho de tratarse de un único testigo no invalidada de por sí su convictividad, -como sostiene el apelante- pues como tiene resuelto esta Sala, los dichos del testigo único, pueden admitirse para acreditar los hechos sobre los que declarara, cuando de su testimonio surge suficiente fuerza convictiva y se ve corroborado por otros elementos de juicio obrantes en la causa (ver esta Sala in re «Mendoza, Cármen Delfina c/ Clínica Sain Emilien S.A. s/ Accidente -ley 9.688, S.D. 23.821 del 14.10.94).
Asimismo comparto el criterio sustentado por el sentenciante en torno a que en nuestra materia no rige la máxima “testigo único, testigo nulo”.
Siendo ello así, los dichos del testigo único, pueden admitirse cuando de ellos se desprende que han dado suficiente razón de los hechos sobre los que declararon.
Por lo demás, la invocada tercerización del servicio de limpieza, no encuentra asidero en constancia alguna de las acompañadas a la causa, pues en función de la negativa expresada a fs. 83, era responsabilidad de la demandada acreditar sus asertos. (arg. art. 377 C.P.C.C.N.).
En consecuencia, no advirtiendo en el recurso argumento válido que me permita apartarme de lo resuelto en origen, corresponde confirmar lo actuado.
III.- En función de todo lo expuesto precedentemente deviene abstracto el tratamiento del siguiente agravio vertido por la demandada en su memorial, tendiente a cuestionar los rubros diferidos a condena, en tanto el mismo se basa en iguales fundamentos que los precedentemente analizados.
IV.- Igual suerte le cabe a la queja vertida en torno a los agravamientos prescriptos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; y en el art. 45 de la ley 25.345, toda vez que se ha tenido por acreditada la clandestinidad total del vínculo y el pago de salarios fuera de registración.
V.- En virtud de lo expuesto, juzgo cumplidas las exigencias previstas en el art. 2 de la ley 25.323, pues la demandada fue oportunamente intimada a abonar las sumas correspondientes a las indemnizaciones propias del distracto y agravamientos correspondientes y el trabajador se vio obligado a litigar judicialmente para perseguir el cobro de tales conceptos debido a la conducta reticente asumida por la accionada.
Por lo tanto habrá de confirmarse lo actuado sobre el particular.
VI.- Seguidamente la accionada se agravia respecto de la tasa de interés dispuesta en el fallo de grado.
Al respecto entiendo que el concepto de mora está referido a la dilación o tardanza en cumplir la obligación, por parte del deudor, es decir es la indemnización que debe pagar el deudor ante el cumplimiento tardío de su obligación de dar una suma de dinero.
Entonces, considero que el acreedor (en este caso el trabajador) es una víctima del incumplimiento de éste último, ha sido privado por éste de la capacidad de elegir el destino de los fondos que no ha recibido en tiempo oportuno, y el mecanismo de aplicación de intereses no debe generarle perjuicio ni menoscabo patrimonial sino justamente evitar el deterioro del crédito reconocido cumpliendo de esa forma con la manda Constitucional que garantiza la integridad del crédito laboral.
En el contexto descripto, he tenido la oportunidad de expresar mi voto afirmativo en el Acta 2601 de la CNAT de fecha 21/05/2014, en la que se resolvió establecer que la tasa de interés aplicable sea la nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación; y que dicha tasa fuera aplicable desde que cada suma fuera debida respecto de las causas que se encontraran -a la fecha del dictado de la resolución- sin sentencia.
Es por ello que la justa indemnización debida al trabajador, ante el cumplimiento tardío de la obligación por parte del deudor, sólo puede arribarse con la aplicación de la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación, ello conforme las facultades conferidas por el artículo 767 siguientes del Código Civil y Comercial, con los alcances del Acta 2630 de fecha 27/04/2016, por lo que se impone la desestimación del recurso deducido en tal sentido.
VII.- Comparto el criterio adoptado por el Sr. Juez a quo respecto de la imposición de costas a cargo de la demandada, en tanto ha resultado vencida en lo principal (art. 68 CPCCN), por lo que propongo su confirmación.
Las argumentaciones vertidas brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones que se hubieran planteado en tanto resulten inconducentes para la solución del litigio.
En tal sentido la C.S.J.N, ha señalado que «los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio» (conf. Fallo del 30-4-74 en autos «Tolosa Juan C. c/ Cía. Argentina de Televisión S.A.» pub. en La Ley, Tomo 155 pag. 750, número 385). De esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los argumentos que, a su juicio, no sean decisivos (Fallos: 272:225 ; 274:113 ; 280:320 y 144:611 entre otros).
VIII.- Finalmente, los honorarios cuestionados lucen adecuados en atención a la calidad mérito y extensión de las tareas desplegadas por los profesionales intervinientes, conforme los arts. 38 LO, 6, 7, 8, 9, 19, 39 y concs. de la ley 21.839, decreto-ley 16638/57 y ley 24.432, por lo que sugiero su confirmación.
IX.- De tener adhesión este voto, las costas de alzada se imponen a cargo de la demandada vencida en lo principal del recurso interpuesto (art. 68 C.P.C.C.N.), y sugiero regular los honorarios por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la accionada en el …%, de lo que en definitiva les corresponde por la intervención que les cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).
LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede.
EL DOCTOR HÉCTOR CESAR GUISADO: No vota (art. 125 de la Ley 18.345 -modificada por ley 24.635-).
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fuera materia de recurso y agravio. 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte demandada (art. 68 del CPCCN). 3) Regular los honorarios por las tareas de alzada para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los de la demandada en el …% (… por ciento), de lo que en definitiva les corresponde por la intervención que les cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel). 4) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro. 15/2013.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Firmado por: ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROSALIA ROMERO, SECRETARIA
Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA
Benavidez, Luis Abelardo c/Bird Seguridad Privada SRL y otros s/despido – Cám. Nac. Trab. – Sala X – 19/12/2014 – Cita digital: IUSJU223622D
016226E
