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JURISPRUDENCIADespido con causa. Falta o disminución del trabajo. Requisitos. Carga de la prueba. Ajenidad
Se considera ilegítimo el despido decidido en los términos del artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, pues desde la forma en que instrumenta el distracto, la demandada no cumplimenta con los recaudos de procedencia, por cuanto se limita a invocar la existencia de una prolongada crisis del sector de las estaciones de servicio en todo el país y la imposibilidad de la continuidad económica de la empresa, pero sin siquiera indicar a qué la atribuye en el caso concreto.
En la ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, previa deliberación se constituye en audiencia oral y pública, en ausencia de las partes, el Tribunal de la Sala Segunda de la Cámara Única del Trabajo, integrada unipersonalmente por su vocal Cristián Requena, en presencia de la actuaria Verónica Stuart, a los fines de dar lectura a la sentencia dictada en autos: “ALVAREZ, Jorge Ariel c/ RUGGERI MARIO Y RICARDO S.H. – ORDINARIO – DESPIDO(E”xpte. 3245873 – 2015 – Secretaría 3), DE LOS QUE RESULTA: Relación sucinta de causa (art. 64.2 C.P.T.):1. Con fecha 27/06/14 comparece Jorge Ariel Álvarez, D.N.I. …, promoviendo demanda laboral en contra de RUGGERI MARIO Y RICARDO S.H., con domicilio en Av. Alem … de esta ciudad, persiguiendo el cobro de $ 348.805,08 y/o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse, con más intereses y costas. Refiere que ingresó a trabajar en relación de dependencia laboral con fecha 07/11/96, en tareas de “Encargado de Turno”, conforme C.C.T. 58/75, con una jornada de lunes a domingos de 5:00 a 14:00 horas y un franco por semana, consistiendo sus tareas en atención al público, a proveedores, control de stock y facturación de cuentas corrientes. Relata que con fecha 22/05/14 mediante Escritura Pública, se lo despide invocándose falta de trabajo no imputable al empleador ante la imposibilidad de continuar con la empresa, en los términos del art. 247 L.C.T. Añade que por telegrama laboral (T.C.L.), del 22/05/14, rechaza la causal invocada por ser falsa, sin sustento fáctico que la avale, negando que exista falta de trabajo y la imposibilidad de la continuidad económica de la empresa, siendo la causa invocada propia del riesgo empresarial, indicando asimismo el incumplimiento del procedimiento preventivo de crisis que prevé el art. 99 de la ley 24.013.
Refiere que efectuó denuncia ante el Ministerio de Trabajo, celebrándose audiencia de conciliación en la cual los demandados ratificaron su postura, obligándolo a iniciar las presentes actuaciones judiciales. Pondera acerca del art. 247 L.C.T. y su improcedencia, reiterando el incumplimiento del procedimiento preventivo de crisis, así como del decreto 328/88. Describe los rubros reclamados. Formula planilla. Cita el derecho y formula su petitum. 2. Admitida la demanda se designa audiencia de conciliación, la que se lleva a cabo conforme los términos del acta de fs. 18, compareciendo el actor con su letrado patrocinante Dr. Gerardo Luis Previtera, y por la demandada lo hace su letrado apoderado y empleado superior, Dr. Ricardo Alarcón. Fracasado el avenimiento, se tiene por ratificada, entablada y contestada la demanda, a tenor del memorial que se acompaña, abriéndose a prueba la causa.
3. El memorial de responde es agregado a fs. 17. Luego de una negativa general y específica de los hechos, refiere que es cierta la fecha de ingreso y categoría profesional, pero no así el salario denunciado. Reconoce que con fecha 22/05/14 mediante Escritura Pública se le notificó al actor y a otras dos personas más el despido por falta de trabajo no imputable al empleador y por imposibilidad de continuidad económica de la empresa, en los términos del art. 247 L.C.T. Afirma que el cierre total del establecimiento no fue de un día para el otro, sino el corolario de un proceso de degradación de variantes económicas de la empresa, por pérdida de la concesión determinada en forma intempestiva por la petrolera YPF, y en la reducción inmensa del mercado de combustibles derivado de la crisis petrolera que ha motivado el cierre de más de 2000 estaciones de servicio en el país por falta de rentabilidad, conforme lo acreditará. Sostiene que la empresa cerró sus puertas por inviabilidad económica, despidió a todo su personal y perdió todos sus activos económicos; sostiene que por ello carece de derecho el actor a reclamar las indemnizaciones plenas. 4. La actora ofrece a fs. 30: Confesional; testimonial; exhibición; documental; informativa. La demandada ofrece a fs. 20: Confesional; testimonial; documental; instrumental; reconocimiento; informativa y pericial contable. 5. Diligenciada la prueba de competencia del a quo se elevan los autos, designándose la audiencia de vista de causa, que se lleva a cabo según las constancias de las actas de fs. 106, 108, 109 y 113. Clausurado el debate, se fija lectura de sentencia para el día de la fecha. Examinado el caso, el Tribunal se plantea para resolver:
ÚNICA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda incoada por el actor y qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA ÚNICA CUESTIÓN, EL VOCAL CRISTIÁN REQUENA dijo: A) Extremos de la litis: Conforme ha quedado integrada la relación jurídico procesal, en base a los términos de la demanda y su contestación, relacionados precedentemente, se advierte que la parte actora reclama por su despido, dispuesto en los términos del art. 247 L.C.T. por la empleadora, alegando falta de trabajo por imposibilidad de continuidad económica de la empresa, rechazando la existencia de la causal, por tratarse de un riesgo propio de la empresa y no haber realizado ésta el procedimiento preventivo de crisis que prevé la ley 24.013 (L.N.E.). Por su lado la demandada sustenta el despido en la crisis del sector de las estaciones de servicio que llevó al cierre a muchas de ellas en todo el país, y al hecho de la pérdida de la concesión determinada en forma intempestiva por la petrolera YPF. Conforme esta postura agonal de las partes, he de verificar los medios probatorios a fin de valorarlos junto al derecho aplicable, a través de la regla de la sana crítica racional (art. 63 in fine C.P.T.) y determinar así a quién le asiste razón en derecho.B) Medios probatorios: B.1) Documental: a) Comunicaciones: A fs. 36 queda reconocido el T.C.L. remitido por el actor, ante la incomparencia de la parte demandada a la audiencia y consiguiente aplicación de los apercibimientos de ley. 1) Por Escritura Pública Nº 62 de fecha 22/05/14, se les notifica al actor, a Diego Martín Peralta, y Darío Marcos Jadra, en los siguientes términos:“Notifícoles que en virtud de la prolongada crisis que soporta el sector de estaciones de servicio en el País, la grave falta de trabajo no imputable al empleador y la imposibilidad de la continuidad económica de la empresa, se ha determinado el cese de la explotación comercial de la estación de servicio, con el consecuente despido de todos sus trabajadores en los términos del art. 247 de la ley de contrato de trabajo. En consecuencia le notificamos su despido con justa causa por falta de trabajo no imputable al empleador a partir del día de la fecha. Haberes adeudados, preaviso e indemnizaciones legales a vuestra disposición en el domicilio de la empresa a partir de las setenta y dos horas de la presente”
2) Por T.C.L. 86604196 del 22/05/14, contesta el actor rechazando en todas sus partes las causales del despido, negando la existencia de falta de trabajo no imputable al empleador y la imposibilidad de continuidad de la empresa, indicando que la causal invocada es un riesgo propio empresarial que no debe ser soportado por el trabajador; asimismo indica que no se ha llevado a cabo el procedimiento preventivo de crisis establecido por la L.N.E., por lo que el despido instrumentado es incausado e intima se le abonen las indemnizaciones plenas, bajo apercibimiento de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323. b) Recibos: Acompaña la demandada 12 recibos de haberes, que quedan reconocidos en la audiencia de fs. 36 vta. Expresan: ingreso el 07/11/96; categoría: “Encargado de Turno”; empleador: “RUGGERI MARIO Y RICARDO S.H.”.c) Otra documentación: Acompaña la demandada Escritura Nº 136 del 29/08/14 por la cual la escribana Silvana Graciela Ricco es solicitada de constituirse en el domicilio de Av. Alem … para constatar el no funcionamiento de la estación de servicios, lo que así efectúa. Se acompaña también una constancia de baja del actor ante la A.F.I.P. y certificado de trabajo del art. 80 L.C.T. con firma certificada de la empleadora, por Bancor, el 22/08/14. B.2) Exhibición: A fs. 36 vta. se lleva a cabo la audiencia a los fines de que la demandada exhiba:
1) Libro Especial del art. 52 L.C.T. 2) Recibos de haberes. 3) Planilla de horarios y descansos. 4) Legajo Personal. 5) Constancias de alta y baja en A.F.I.P. Ante la incomparencia de la demandada, manifiesta la actora que se le apliquen los apercibimientos de ley. B.3) Informativa: a) A fs. 46/55 se agrega el expediente Nº 0472-256204/14 de la Secretaría de Trabajo, que contiene una denuncia del actor y de otros dos trabajadores, en términos similares a la demanda de autos y una audiencia de fecha 16/06/14 en las que cada parte ratifica su postura. b) A fs. 71/72 contesta Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba, indicando que la sociedad “Penicord S.R.L.” fue constituida el 01/09/59 y está integrada por dos socios: Mario Héctor Ruggieri y Ricardo Tomás Ruggieri. c) A fs. 75/78 la A.F.I.P. B.4) Pericial Contable: A fs. 63 el perito oficial contador, Cr. Gonzalo Luis Madrid, presenta su dictamen pericial. Comienza por indicar que no le fue suministrada por la demandada ninguna documentación por lo que sólo intentará dar respuesta a los puntos periciales con la documentación obrante en autos. Transcribe los puntos periciales y ninguno recibe contestación.B.5) Confesional: A tenor del pliego obrante a fs. 105 se recepta la confesional ficta de la demandada. Tengo por reconocido: Que no existió falta de trabajo no imputable a la empleadora al momento del despido (pos. 1ª); que el actor ingresó a trabajar el 07/11/96 (pos. 3ª); que la empresa actuó en forma maliciosa e improcedente (pos. 4ª). La posición 2ª no se recepta por no aludir a una cuestión de hecho, sino a una determinación en derecho que corresponde efectuar al Tribunal. Hasta aquí la prueba.C) Respuesta jurisdiccional: C.1) La cuestión a dilucidar en autos pasa por la causal invocada para despedir por la demandada, ya que pretende ampararse en el art. 247 L.C.T., norma que regula situaciones excepcionales de extinción del contrato de trabajo con el beneficio de pago de una indemnización reducida por el empleador. En efecto, contempla los casos de fuerza mayor y falta o disminución de trabajo no imputables al empleador. Cabe liminarmente establecer que estas causales son diferentes, si bien presentan similitudes, desde que en ambas se requiere total ajenidad patronal en el evento productor. La diferencia radica en que la falta o disminución de trabajo -que asimilo en el tratamiento ejemplificativo, pero que a su vez presentan ellas mismas sus diferencias conceptuales-, no requiere la imposibilidad de su realización, mientras que la fuerza mayor se constituye por la imposibilidad misma de la prestación. Ello determina que pese sobre el empleador ser muy claro en la invocación de cada una de las causales y se indique inequívocamente en qué consiste la falta o disminución de trabajo y por qué se presenta la fuerza mayor. Por otra parte, el art. 247 L.C.T. exige que se acrediten fehacientemente estas causales. Calificada doctrina ha requerido siempre que: “Para que, en caso de controversia judicial, pueda declararse la existencia del despido motivado que contempla el art. 247, el empleador debe probar: 1) la falta o disminuciónde trabajo; 2) la inimputabilidad a él del evento determinante de la falta o disminución de trabajo, es decir, queel evento le es ajeno, y se debe a circunstancias objetivas (por ejemplo, una crisis general de ventas) que han afectado a su actividad sin culpa o negligencia suya; 3) el respeto al orden legal de los despidos”(LÓPEZ, Justo enLey de Contrato de Trabajo Comentada, por Justo López – Norberto O. Centeno – J. C. Fernández Madrid, edic. Contabilidad Moderna, Bs. As. 1987, p. 1282).
Y en tal sentido, dable es resaltar que desde la forma en que instrumenta el despido, se advierte que no cumplimenta con los recaudos de procedencia, por cuanto se limita a invocar la existencia de una prolongada crisis del sector de las estaciones de servicio en todo el país, y la imposibilidad de la continuidad económica de la empresa, pero sin siquiera indicar a qué la atribuye en el caso concreto. Es recién con la contestación de la demanda, o sea, cuando ya le es aplicable la previsión del art. 243 L.C.T. en cuanto a la invariabilidad de la causal de despido, que introduce la pérdida intempestiva de la concesión por parte de YPF, insistiendo además con una reducción inmensa del mercado de combustibles por una crisis petrolera en todo el país, que habría determinado la inviabilidad de las estaciones de servicio y el consecuente cierre de muchísimas de ellas. Destaco aquí que ninguna de estas causales ha sido siquiera someramente acreditada: ni la pérdida de concesión por YPF de la posibilidad de seguir vendiendo combustibles, ni que haya existido una crisis petrolera en todo el país determinante del cierre de estaciones a nivel masivo. Pero además, la parte demandada no sólo no ha intentado probar en lo más mínimo la causal que elige para pretender justificar su despido, sino que ni siquiera ha colaborado para que se produzca el medio probatorio por ella ofrecido, cual es la pericial contable con la que supuestamente, a juzgar por los puntos requeridos de contestación, iban dirigidos a acreditar la situación económica de la empresa, la merma significativa en la disminución de las ventas, etc. Y de otro costado, su injustificada incomparencia al debate, ha determinado que se recepte la ficta confessio en su contra, con lo cual se refuerza, ante la falta de toda otra demostración en contrario, que efectivamente no existió la falta o disminución de trabajo no imputable (pos. 1ª), y que se actuó contra la buena fe laboral (pos. 4ª), al despedir invocando esa causal. C.2) Es que, si bien resulta casi de Perogrullo indicarlo, pesa como carga de la prueba del empleador demostrar la existencia de la causal esgrimida, ya que se trata de una excepción al principio general que veda despedir sin asumir las consecuencias reparatorias de tal actitud -responsabilidad empresarial-, porque afecta el principio de indemnidad o ajenidad en los riesgos por parte del trabajador. Así, es el empleador el que debe asegurar la existencia de tareas (art. 78 L.C.T.), y por eso debe demostrar que la causal no sólo es real, sino que además no le es imputable, atento a que obró como un buen empleador (art. 63 L.C.T.) previendo las dificultades del mercado, entre las cuales se inscribe la presunta “crisis petrolera en todo el pa,ísy”que llevó a cabo todas aquellas diligencias necesarias para superar el inconveniente. Lo propio cabe respecto a la “intempestivaa”ctitud de la petrolera YPF en orden a retirarle la concesión de venta de sus combustibles. Ninguna prueba real se ha arrimado a esta causa, y el solo hecho de que mediante escritura se colija que la estación de servicios fue cerrada, ello nada acredita en cuanto a la responsabilidad por dicho cierre. Repárese en que aun cuando se hubiese acreditado que hubo una actitud intempestiva de quite de la concesión para la comercialización de combustibles por YPF, ello debía ser analizado en su contexto, por cuanto se trata de riesgo empresario, y en manera alguna le puede ser trasladado al trabajador. Todo ello, sin más, basta para descalificar la medida adoptada y tener al despido como incausado. Insisto en que el ordenamiento legal considera a esta forma de despedir como una excepción al principio general, ya que no tratándose de un ilícito contractual cometido por el trabajador que justificaría su despido con justa causa, le reconoce igualmente virtualidad extintiva mediando el pago de una indemnización reducida, a partir de una causal que no está relacionada con el cumplimiento del trabajador sino con el incumplimiento del empleador por dificultades empresarias. Pero, por supuesto, para que ello sea procedente se deben observar los requisitos indicados supra, no existiendo ninguna obligación por parte del trabajador de cuestionar la real existencia de la causal -aun cuando, prudencia mediante, sea aconsejable- ya que, reitero, no se le imputa a él, sino que la invoca el empleador. Luego, siempre éste estará obligado a demostrar que cumplimentó íntegramente los recaudos legales. Advierto además que la empleadora ni siquiera pagó la indemnización reducida que le impone el ordenamiento, lo cual de por sí invalida toda su postura y pretendida justificación del despido en la causal indicada, ya que un elemental obrar según el principio y regla de la buena fe laboral (art. 63 R.C.T.), esto es con probidad y lealtad, le exigía proceder funcionalmente en el ejercicio de sus derechos, sin afectar personal y patrimonialmente a su trabajador (art. 65 L.C.T.), para quien la indemnización en esas circunstancias inesperadas reviste particularidades alimentarias urgentes y básicas. Adviértase que no existe el más mínimo justificativo respecto al no pago de la liquidación final, ni la indemnización del art. 247, la que ni siquiera se abona con la promoción de la demanda. Adhiero a la siguiente doctrina:“Ante la demanda promovida por el dependiente cabe, por cierto, la excepción de pago que pueda oponer el empleador, pero también es cierto que tratándose en el caso del artículo 247 de una norma de excepción, entiendo que, para poder acogerse la misma, el principal deberá probar que la cumplió acabadamente, es decir, no sólo que existió la causa alegada, sino también que respetó el orden impuesto y que pagó la indemnización prevista para el supuesto. Sería absurdo interpretar que quien despidió por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo respetando el orden legal impuesto, pero que no cumplió la norma por no abonar en el momento del distracto la indemnización restringida, pueda luego abonar la misma a posteriori, amparándose en la norma jurídica excepcional que no cumplió. En suma, la falta de pago en el momento del distracto de la indemnización prevista impide el posterior acogimiento a la norma y convierte el despido en incausado, ya que la causa invocada no se respetó en toda su dimensión legislativa. No olvidemos que se trata de un tipo de despido en el que no existe ilicitud, ya que encuentra un motivo no arbitrario y que, además, está legalmente justificado; empero, invocada la causal económica, es de todo rigor el cumplimiento de sus requisitos y de la reparación de los daños presuntos del trabajador contenidos en la indemnización tarifada que marca la ley” (FERRERIRÓS, Estela Milagros “De la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo”, eEnxtinción del contrato de trabajo -, IRI evista de Derecho Laboral, edit. Rubinzal-Culzoni, año 2000, pp. 107/108. Énfasis agregado.) C.3) De manera entonces que en autos la accionada nada ha demostrado en orden a la causal invocada para intentar justificar su despido y con ello abonar una indemnización reducida, estando la carga de la prueba íntegramente a su cargo. De su lado, la parte actora a través de la confesional ficta ha demostrado lo contrario, habiendo sido su postura siempre la de negar la existencia de la causal. En suma, considero por todo ello que el despido articulado a través de una causal no probada se torna en incausado, debiendo asumir la accionada las consecuencias indemnizatorias íntegras, lo que así declaro D.) Rubros: Atento al resultado arribado en las consideraciones precedentes, he de verificar lo que se reclama, a efectos de determinar su procedencia. En lo que corresponda, haré uso de las facultades de fallar ultra petita que la normativa me confiere (art. 63 in fine, C.P.T.). A los fines de los cálculos, el pretensor ha confeccionado la planilla sobre la base de las remuneraciones percibidas y que surgen de los recibos de haberes acompañados y que han quedado reconocidos. 1. Indemnización por despido: Habiendo determinado la improcedencia del despido patronal, corresponde hacer lugar a la indemnización por antigüedad o despido que prevé el art. 245 L.C.T. La antigüedad del actor alcanza los 18 años a los fines del cálculo (07/11/96 al 22/05/14), siendo la remuneración del último año que reúne las condiciones exigidas por la norma, la del mes de abril de 2014 que asciende a $ 9.954,54. Se manda a pagar la suma de $ 179.181,72. 2. Indemnización sustitutiva de preaviso: Conforme lo dispuesto por los arts. 231 y 232 L.C.T. corresponde mandar a pagar dos meses de sueldo, correspondiente al último mes íntegro laborado, que es abril de 2014, por lo que corresponden $ 19.909,08. 3. Integración mes de despido: De acuerdo al art. 233 L.C.T. se manda a integrar el mes de mayo con los 9 días restantes desde que recibe la comunicación del despido, esto es, la suma de $ 2.890,02.4. Haberes adeudados: No se ha acreditado el pago por la demandada de los 22 días del mes de mayo trabajados, por lo que se los manda abonar a razón de $ 7.064,51.5. S.A.C. 1° semestre 2014: No habiéndose acreditado el pago del aguinaldo 1° semestre proporcional de 2014, se manda pagar conforme lo determinan en su monto la ley 23.041 y su decreto 1078/84, a razón de 142 días del período, ascendiendo el monto a la suma de $ 3.926,51.6. Vacaciones proporcionales: Conforme lo dispuesto por el art. 156 L.C.T., se deben abonar las vacaciones proporcionales del año 2014; atento a que por su antigüedad le corresponden 28 días, el proporcional asciende, sobre 142 días laborados, a 11 días. Luego, se manda a pagar la suma de $ 4.379,99. 7. Sanción art. 2 ley 25.323: Para que resulte procedente este incremento indemnizatorio, es menester que el trabajador haya sido obligado a litigar por sus indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245, y que éste haya intimado su pago. En autos se presentan ambas condiciones, ya que la intimación se produce a través del T.C.L. del 22/05/14, que incluso contiene la indicación de esta norma. Por otro lado, no se advierten causas que justifiquen la conducta empleadora, quien por el contrario no ha efectuado el menor esfuerzo por probar los extremos a su cargo, habiendo además actuado de mala fe al no abonar ni siquiera la indemnización del art. 247 L.C.T. a la que ella misma se compromete. Por consiguiente, se manda a pagar con el incremento del 50% las indemnizaciones que se mandan a pagar, esto es, por despido, omisión de preaviso, e integración mes de despido, que ascienden a la suma de $ 100.991,41. 8. Indemnización art. 80 L.C.T.: Para que proceda esta indemnización es menester que haya existido una intimación fehaciente al empleador para que entregue las certificaciones a que hace referencia la norma, y a la vez que se conjuguen los plazos que contiene la propia norma con la de su decreto reglamentario 146/01, es decir, primero una espera por 30 días para que se produzca la entrega voluntaria y una vez culminado dicho plazo, una intimación por dos días. En autos no se verifica ninguna de dichas intimaciones, por lo que el reclamo no puede prosperar. 9. Certificación de servicios y remuneraciones y certificado de trabajo: Se reclama la entrega de estas certificaciones que cumplen finalidades distintas: la primera previsional, y que es procedente en los términos del art. 12 inc. g) de la ley 24.241, atento a que así lo dispone dicha normativa para los casos de disolución por cualquier causa del contrato de trabajo. Y la segunda a los fines concretamente laborales, ambas contenidas en la norma del art. 80 L.C.T. La accionada ha acompañado al ofrecer prueba, el certificado de trabajo, pero no lo ha hecho con la certificación de servicios y remuneraciones. Por consiguiente se ordena la entrega de estas certificaciones en el plazo de diez (10) días de quedar firme la sentencia, bajo apercibimiento de imponer a la parte demandada y a favor del actor, una multa diaria (art. 666 bis C.C., actual art. 804 C.C.C.) de un (1) jus y hasta un máximo de treinta (30) días, luego de lo cual si no se hubiere cumplimentado, el Tribunal las expedirá confeccionándolas con las constancias obrantes en la causa. E) Costas e intereses: Las costas se imponen a cargo de la demandada por resultar vencida (art. 28, C.P.T.) y por los rubros que prosperan. Los honorarios profesionales de los letrados intervinientes por ambas partes, se regulan conforme las pautas de los arts. 31, 33, 36, 39 y 97 de la ley 9459. Los intereses aplicables se rigen conforme lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia en autos “Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A,.”sentencia n° 39 del 25/06/02, a cuyas consideraciones en este aspecto me remito por razones de brevedad. En consecuencia, al monto de capital se le aplica un interés moratorio desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago (arts. 128, 149 y 255 bis L.C.T.), que se calcula de la siguiente forma: tasa pasiva promedio mensual que publica el B.C.R.A. -Resolución “A” Nº 14.920- con más un 2% nominal mensual. Así me expido.
A mérito de lo expuesto (art. 63 C.P.T.):
RESUELVO:
I. Hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Jorge Ariel Álvarez en contra de RUGGERI MARIO Y RICARDO S.H., mandando a pagar los siguientes rubros y montos: 1) Indemnización por despido: pesos ciento setenta y nueve mil ciento ochenta y uno con setenta y dos centavos ($ 179.181,72). 2) Indemnización por omisión de preaviso: pesos diecinueve mil novecientos nueve con ocho centavos ($ 19.909,08). 3) Integración mes de despido: pesos dos mil ochocientos noventa con dos centavos ($ 2.890,02). 4) Haberes adeudados: pesos siete mil sesenta y cuatro con cincuenta y un centavos ($ 7.064,51). 5) S.A.C. 1° semestre 2014: pesos tres mil novecientos veintiséis con cincuenta y un centavos ($ 3.926,51). 6) Vacaciones proporcionales: pesos cuatro mil trescientos setenta y nueve con noventa y nueve centavos ($ 4.379,99). 7) Sanción art. 2 ley 25.323: pesos cien mil novecientos noventa con cuarenta y un centavos ($ 100.990,41). 8) Certificación de servicios y remuneraciones: Se ordena la entrega de estas certificaciones en el plazo de diez (10) días de quedar firme la sentencia, bajo apercibimiento de imponer a la parte demandada y a favor del actor, una multa diaria (art. 666 bis C.C., actual art. 804 C.C.C.) de un (1) jus y hasta un máximo de treinta (30) días, luego de lo cual si no se hubiere cumplimentado, el Tribunal las expedirá confeccionándolas con las constancias obrantes en la causa. Al capital mandado a pagar, que asciende a la suma de pesos trescientos dieciocho mil trescientos cuarenta y dos con veinticuatro centavos ($ 318.342,24) se le adicionan los intereses indicados en el considerando respectivo, los que ascienden a la suma de pesos quinientos sesenta mil cuatrocientos treinta y ocho con ochenta y siete centavos ($560.438,87), al momento del dictado de la sentencia. El monto total de capital e intereses será abonado dentro de los cinco (5) días de quedar firme la sentencia.
II. Rechazar la demanda en cuanto pretende el cobro de la indemnización art. 80 L.C.T.
III. Imponer las costas a cargo de la parte demandada. Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, conforme las normas del C.A. indicadas supra, de la siguiente forma: Dr. Gerardo Luis Privitera por la parte actora, en la suma de pesos ciento noventa y siete mil setecientos veinticinco con setenta y cuatro centavos ($ 197.725,74), y de los Dres. Ricardo Alarcón, Fernando Luque Mariño y Juan Francisco Mariño, en conjunto y proporción por la demandada, en la suma de pesos veinticinco mil cuatrocientos noventa y siete con cuarenta y ocho centavos ($25.497,48).
Regular los honorarios profesionales del perito contador oficial, Cr. Gonzalo Luis Madrid, en la cantidad de diez (10) jus, conforme su valor vigente al momento de su efectivo pago, y que a la fecha del dictado de la sentencia ascienden a la suma de pesos seis mil setecientos setenta y nueve con treinta centavos ($6.779,30), con más el porcentaje del diez por ciento, según ley 8.349 que asciende a la suma de pesos seiscientos setenta y siete con noventa y tres centavos ($677,93).
IV. Emplazar a la condenada en costas, para que cumplimente en el plazo de quince (15) días de quedar firme la sentencia, con la tasa de justicia, que asciende a la suma de pesos diecisiete mil quinientos setenta y cinco con sesenta y dos centavos ($17.575,62), y con los aportes a la Caja de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, art. 17 inc. a) de la ley 6468 (t.o. ley 8404), que ascienden a la suma de pesos ocho mil setecientos ochenta y siete con ochenta y un centavos ($8.787,81), para cada grupo de abogados, bajo apercibimiento de certificar la deuda y dar intervención a la Dirección de Servicios Administrativos del Poder Judicial y a la Caja indicada.
V. Hacer saber a la obligada al pago que deberá consignar los montos antes explicitados en la cuenta judicial número … CBU Nº … abierta en el Banco Provincia de Córdoba, Sucursal Tribunales (922) para estos autos y a la orden de este Tribunal.
VI. Dejar constancia que he valorado la totalidad de la prueba existente en la causa y si alguna no se menciona es por no considerarla dirimente en su resolución (art. 327 C.P.C.C.). VI. Dar por reproducidas las citas legales efectuadas al tratar las cuestiones propuestas, por razones de brevedad.
Protocolícese.
REQUENA, Cristián
VOCAL DE CAMARA
STUART, Verónica
SECRETARIO/A LETRADO DE CAMARA
Ley 20744. Art. 247
Márquez, Ricardo y otros c/Paraná Muebles SRL s/cobro de australes – Cám. Lab. Rosario – Sala I – 04/07/2012 – Cita digital IUSJU225426D
Rivero, Héctor Alonso c/Dama 2933 SRL y otro s/despido – Cám. Nac. Trab. – Sala V – 14/12/2015 – Cita digital IUSJU005364E
026236E
