Debe revocarse la sentencia que hizo lugar a la demanda deducida por los letrados, pues la pretensión de mantener las condiciones originarias de sus títulos de deuda pública -a través de los cuales se le abonaron honorarios-, así como los modos y plazos en que dichos instrumentos debían ser cancelados, procura la obtención de un privilegio singular y resulta incompatible con los fines de interés general que inspiran la operatoria llevada adelante por la República Argentina a fin de restablecer los mecanismos de pago de sus obligaciones.
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