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JURISPRUDENCIA
Excma. Cámara:
1. El juez de primera instancia intimó a la actora a fin de que reintegre las sumas percibidas en autos mediante el giro librado a fs. 61, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 122, 2° párrafo LCQ (fs. 76).
Para así decidir, consideró que con anterioridad al libramiento de ese giro, se decretó la quiebra de la demandada.
2. Apeló la actora y fundó el recurso a fs. 78/9.
Señaló que el juez de la quiebra no aceptó la radicación de estos autos por considerar que el trámite se encontraba concluido. Afirmó que como consecuencia de ello, el juez es incompetente para requerir el reintegro de los fondos.
Adujo que la intimación fue dispuesta sin que se le diera intervención previa a su parte.
Finalmente, afirmó que el juicio ejecutivo fue iniciado antes de que la demandada presentara el pedido de propia quiebra. Destacó que allí, la deudora denunció el pago aquí cuestionado, sin que la sindicatura o el juez de la quiebra formularan objeción alguna.
3. De las constancias de autos resulta que la actora Ardam S.A. el 9.6.11 promovió un juicio ejecutivo invocando diversos cheques librados por Codan Argentina S.A. que -afirmó- no fueron pagados por el banco girado por falta de fondos (fs. 23).
En el marco de ese juicio se embargaron fondos de la demandada (fs. 31/3)
Luego de que Codan Argentina S.A. fue intimada de pago (fs. 41/2, 2.5.2012) se dictó sentencia de trance y remate (fs. 44) y el 6.6.2012 se ordenó giro a favor de la actora por el capital de la deuda reclamada (fs. 61).
Finalmente cabe destacar que según las constancias de fs. 65/7 en fecha 21.12.2011 se decretó la quiebra de la aquí demandada Codan Argentina S.A.
4. El recurso debe ser desestimado.
De lo expuesto precedentemente, resulta que el decreto de quiebra es de fecha anterior a la libranza realizada en autos a fin de cancelar el capital de la deuda reclamada.
Como consecuencia de ello, cabe concluir que el pago en cuestión resultó ineficaz (conf. Art. 88 inc. 5 LCQ).
Señalo que si bien -como se indicó en autos- el proceso se encuentra concluido en razón de que ya se dictó sentencia, la cuestión que aquí se examina no concierne a la competencia del juez de la quiebra para continuarlo pues ello es inconducente. Cabe destacar al respecto que, por un lado, el proceso está terminado. Y por otra parte, que dado el estado falencial de la demandada no resulta posible continuar con la ejecución de los accesorios pendientes.
Por el contrario, los aspectos relevantes del caso se refieren a la competencia que asiste al juez de la quiebra para declarar la ineficacia del pago realizado.
Dado que se trata, entonces, de una medida tendiente a la recomposición del activo y a proteger la pars conditio creditorum, no cabe duda de que al a quo le asisten facultades al respecto sin importar, en definitiva, si esa medida la dicta en este expediente o lo hace lo hace en las actuaciones correspondientes al principal de la quiebra.
De acuerdo a lo expuesto, corresponde concluir que V.E. debe desestimar el recurso y confirmar la resolución apelada.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2012.
RAQUEL MERCANTE
FISCAL NAC. CIV. Y COM.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013.
1. La actora interpuso una revocatoria con apelación en subsidio contra la decisión de fs. 76 que la intimó a reintegrar ciertos montos percibidos en el marco del presente juicio ejecutivo, debido a la quiebra de la demandada, decretada con anterioridad (fs. 78/79).
La reposición fue rechazada por resultar extemporánea y el recurso deducido subsidiariamente fue concedido en fs. 80:2.
2. La actora se agravia porque, a su criterio, el magistrado a cargo de la quiebra de la demandada no aceptó la radicación de la causa en su juzgado pero, contradiciéndose con la decisión anterior, intimó a su parte a devolver el dinero retirado.
Se queja también porque, según dijo, el a quo carece de competencia para intimarla en tal sentido y porque, aún de ser así, no respetó su derecho de defensa al omitir sustanciar el pedido efectuado por la sindicatura que originó la consiguiente intimación.
Finalmente, expresó que el presente juicio ejecutivo fue iniciado antes de la quiebra de la demandada y que su existencia había sido denunciada en el expediente falencial, sin que la sindicatura se opusiera al pago cuestionado o tomara la intervención que le correspondía.
3. La sindicatura contestó el traslado oportunamente conferido (fs. 81) solicitando el rechazo de los agravios del actor, con base en que el pago recibido por éste configura un acto ineficaz de pleno derecho que no requiere sustanciación, de modo que a su criterio el juez de la quiebra ejerció -en el marco de este juicio ejecutivo- una facultad que la propia ley concursal le otorga.
4. La Sra. Fiscal ante esta Cámara dictaminó a fs. 89/90, propiciando la confirmación del decisorio apelado.
5. (a) El Tribunal comparte los fundamentos del dictamen fiscal que precede a este decisorio, cuyos términos da por reproducidos por elementales razones de brevedad discursiva.
(b) No obstante lo anterior, cabe agregar que, si la quiebra de la deudora se decretó el 21.12.11 (v. fs. 71:5 y 76) y la ejecutante percibió con posterioridad -bien que en el marco de este juicio ejecutivo- la suma de $ … por capital (el 18.6.12, según fs. 61), tal erogación implica la entrega de fondos en calidad de pago a un acreedor prefalencial; lo cual, resulta improcedente en el marco del universal (arts. 106/7 y 109, LCQ). porque en casos como el que nos ocupa, quien pretende el pago de créditos por causa o título anterior a la falencia tiene la carga de acudir -en la etapa procesal pertinente- a la vía de insinuación prevista en los arts. 125/6 y cc. de la ley concursal.
Permitir el pago de créditos preconcursales en el marco de un juicio sujeto a las disposiciones del art. 132 de la LCQ importaría, a la luz de las previsiones de la ley falencial, violar la par condicio creditorum y otorgar un beneficio incausado a un tercero que, como se explicó anteriormente, debe insinuar su acreencia para ser admitido en el pasivo falencial.
(c) En cuanto a la ausencia de sustanciación del pedido de reintegro de fondos efectuado por la sindicatura (ver fs. 71:5, 75 y 76) que, según la apelante, le habría impedido ejercer su derecho de defensa, cabe señalar que si bien el art. 109 dispone que la declaración de ineficacia de los pagos que hiciese o recibiese el fallido debe declararse de conformidad a lo dispuesto en el art. 119, penúltimo párrafo -esto es, por juicio de conocimiento-, en el particular caso de autos la sustanciación deviene palmariamente innecesaria, pues la incidencia aquí analizada no requiere la realización de prueba alguna ni de mayores debates sobre cuestiones sustanciales de derecho. Antes bien, se ciñe, como quedó demostrado en el escrito de reposición con apelación en subsidio de fs. 78/79, a planteos defensivos que efectuó el apelante y que, como surge de la causa, han sido tratados por el a quo y revisados por la Sra. Fiscal y este Tribunal. Queda descartada, entonces, la alegada violación del derecho de defensa de la actora recurrente, pues no existe agravio atendible en torno al que se dice menoscabado.
Por lo demás, cabe agregar que la norma en cuestión (art. 109, LCQ) constituye el corolario lógico del desapoderamiento ordenado por el artículo 107, dado que si el fallido pierde la administración y disponibilidad de su patrimonio, no puede eficazmente cumplir actos jurídicos idóneos para alterar su composición. Por ello, puede decirse que el referido art. 107 -que comprende a los bienes del deudor existentes a la fecha de la declaración de quiebra y los que adquiera hasta su rehabilitación- junto con el ya citado art. 109, constituyen un sistema unitario que tiende a la cristalización del patrimonio afectado por la quiebra de su titular, colocándolo en una situación de intangibilidad a favor de los acreedores (confr. Heredia, P., “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, tomo 3, Buenos Aires, 2001, pág. 1044).
Sentado ello, debe destacarse que la remisión al penúltimo párrafo del art. 119 de la LCQ que efectúa el art. 109, además de no ser coherente con los efectos que derivan de la privación de las facultades de disposición y administración que sufre el fallido (art. 107, LCQ), se contrapone irreductiblemente con lo prescripto por el art. 88:5 de la ley concursal, que derechamente establece la ineficacia de los pagos hechos al deudor con posterioridad a la sentencia de quiebra. Frente a ello, la interpretación del párrafo final del art. 119 no puede ser sino superadora de su texto, pues de otro modo se caería en una inconsecuencia lógica, derivada del hecho de que el citado art. 88:5 declara una ineficacia de pleno derecho, que aquel párrafo final negaría (Heredia, ob. cit., pág. 1049).
Tal interpretación conduce a sostener, entonces, que a pesar de lo establecido en el segundo párrafo -in fine- del art. 109, los actos realizados por el fallido sobre los bienes desapoderados son ineficaces de pleno derecho, sin que resulte necesario acudir siempre a la vía prevista en el penúltimo párrafo del art. 119 para obtener tal declaración (CNCom, esta Sala, “Nikkon S.A. s/quiebra s/incidente art. 280 LCQ”, del 17.11.10).
(d) Por otra parte, el hecho de que -eventualmente y como se sostiene a fs. 78vta. “in fine”- el síndico hubiera omitido tomar intervención en el juicio ejecutivo que nos ocupa pese a que el mismo había sido denunciado el pedido de quiebra de la deudora -lo que no ha sido demostrado en autos y, por lo demás, excede los alcances de este decisorio- podrá ser objeto de análisis por parte del a quo en la oportunidad legal correspondiente; pero en modo alguno impide la adopción de medidas protectorias del patrimonio del fallido, tal como aconteció en estos autos.
6. Por lo anterior, y oída la señora Fiscal ante esta Cámara, se RESUELVE:
Confirmar la decisión de fs. 76, con costas.
Notifíquese a la Fiscal en su despacho, fecho devuélvase sin más trámite confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (cpr 36: 1) y las restantes notificaciones pertinentes.
Es copia fiel de fs. 91/92.
Juan José Dieuzeide
Pablo D. Heredia
Gerardo G. Vassallo
Pablo D. Frick
Prosecretario Letrado
Ley 24522 – BO: 09/08/1995
Cita digital:
