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JURISPRUDENCIAVerificación de créditos. Legitimación del fallido. Carácter excepcional. Inacción de la sindicatura
Se confirma la resolución que declaró verificado un crédito incoado por el representante de la sociedad fallida ante la inacción de la sindicatura, pues no puede negarse su legitimación e intervención en el trámite aunque la acción compete al síndico. Para así decidir, se dijo que la legitimación admitida es de carácter excepcional en defensa de su interés subjetivo y los intereses del concurso.
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017.
Y Vistos:
1. Apeló la concursada en fs. 203 la resolución de fs. 194/202 en cuanto rechazó las defensas oportunamente interpuestas y declaró verificado un crédito en favor de Tenuta SA por la suma de $ 628.432,94 con más intereses.
El memorial corre en fs. 205/212 y fue contestado p or la sindicatura y por la incidentista en fs. 214/215 y fs. 217/222, respectivamente.
Por su parte, la Sra. Fiscal General emitió dictamen en fs. 232/234, propiciando la confirmación de la resolución apelada.
2. a. La ley 24.522 -al igual que su predecesora- prescribe como regla general que el fallido pierde legitimación procesal, pero con una rigurosa precisión que limita su ámbito material: en todo litigio referido a los bienes desapoderados (arg. LCQ:110).
De ese modo, se trasladan al plano procesal los efectos sustanciales concernientes al decreto de quiebra relativos al desapoderamiento. En el marco de tal lógica, y en el entendimiento que otorga esta Sala al precepto, resulta coherente que la legitimación para obrar -es decir, la posibilidad de obtener por sí una sentencia de fondo o de mérito- sea transferida al síndico, a quien también le compete la legitimación negocial (LCQ: 109 párr. 1; Fassi-Gebhardt, Concursos y quiebras, 8° edic. Astrea, 2004, pág. 330).
Acertadamente se ha dicho que inútil sería, que el quebrado perdiera las facultades de disposición sustancial, si paralelamente conservara las de disposición procesal, que en muchos casos, pueden igualmente influir sobre el derecho sustancial en términos de su constitución, modificación o extinción (cfr. Heredia, Pablo, Tratado exegético de Derecho Concursal, ed. Abaco, Bs. As. 2001, t. 3, pág. 1058).
2. b. Dicho lo anterior, debe reconocerse que si bien esta sala ya se ha pronunciado sobre el tema que concita el análisis en el precedente in re «Automotores y Servicios Grandola SA c/Renault Argentina SA (ex Ciadea SA) y otro s/ordinario», del 5.5.2011; se apuntó allí que esta pérdida de legitimación sustancial no es absoluta, debido a que el fallido es desapoderado de sus bienes, pero no expropiado de ellos. Ello permite que en particulares circunstancias pueda impedir iure propio que los bienes desapoderados salgan de su patrimonio, precisamente con justificación en aquella vocación al remanente que le corresponde (LCQ:228; cfr. Grispo, Jorge D. «Legitimación procesal del fallido» ED, 170-94).
Se agregó asimismo, que han sido reconocidas excepciones a la «ilegitimidad» del fallido en relación a los bienes objeto de desapoderamiento: no sólo los supuestos en los que por disposición de la ley o por aplicación analógica de los textos legales se le acuerda al fallido esa facultad-poder, sino también cuando sea necesario defenderlo en su interés subjetivo, cuando se protejan mejor los intereses del concurso, cuando el juez del proceso lo disponga y cuando sus propios intereses se encuentren en colisión con los intereses de los acreedores del concurso, de la sindicatura y del órgano jurisdiccional (cfr. CNCom. Sala A, 4/9/07, «Pereyra Iraola Patricia c/Fine Arts SA s/ord.»). En tales hipótesis, dado el deber de colaboración que se le imputa al fallido, se le ha reconocido la intervención para intervenir en el proceso en calidad adhesiva (cfr. CNCom. Sala A, 26/1/95, «Padul SA s/propia quiebra s/inc. extensión de quiebra», cit. por Vítolo, Daniel R. en «Comentarios a la ley de concursos y quiebras n° 24.522, Ed. Ad Hoc, 1996, p. 261; íd. CNCom. Sala B, 30/10/08, «Antu Aplicaciones Industriales Integradas SA c/YPF s/ordinario»).
Debe reconocerse que la problemática admite matices diferenciales en la doctrina, en tanto que hay quienes han entendido que se trata de la pérdida de la legitimación formal y/o referida tan sólo a la incapacidad procesal para ser parte (cfr. Liebman, E., Manual de derecho procesal civil, Ejea, Bs. As., 1980, p. 68 n° 42; Satta, Salvatore, Instituciones del Derecho de Quiebra, Ejea, Bs. As., 1951, p. 152; Maffía, Osvaldo J. «Nuevo maltrato a la sindicatura y el complejo tema de las «partes» en el concurso», LL 2007-B, 1302).
2. c. Aplicando tales pautas conceptuales al caso, estima esta Sala que lo decidido por la a quo ha de ser confirmado, dándose en el caso circunstancias análogas a las decididas por los suscriptos en el precedente de esta Sala, “Cano, Alberto Horacio c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ordinario”, Expte N° COM 16849/2009, de fecha 31.3.2016.
En tal sentido, se comparten los términos y conclusión expuestos en el dictamen fiscal que antecede, a cuya lectura cabe remitir por razones de economía en la exposición.
En efecto, el Sr. Tenuta, en su carácter de representante de Tenuta SA y ante la inacción del síndico interviniente en la quiebra, solicitó la verificación de un crédito en su favor con base en la sentencia -firme, a tenor de lo señalado por la quo en el pronunciamiento en crisis, quien tuvo a la vista la causa en cuestión; v. fs. 200- dictada en el marco de las actuaciones “Tenuta SA c/ Ferrara Rubén Oscar y Otros s/ cese de uso de marcas-Daños y Perjuicios”.
Por lo demás, no puede dejar de observarse que el juez interviniente en la quiebra de Tenuta SA decretó su clausura por distribución final en fecha 15.3.2012 (v. fs. 78), y en fecha 26.11.2014 dispuso su conclusión (v. fs. 77); siendo que en la quiebra personal del Sr. Tenuta en fecha 27.11.2014 decidió el levantamiento de las medidas inhibitorias trabadas contra el fallido en tales actuaciones (v. fs. 80). Véase que el presente incidente de verificación fue iniciado en fecha 19.8.2015 (v. cargo de fs. 51).
Desde tal óptica y con tales antecedentes, ponderando las especiales circunstancias que aquí se presentan, no puede serle denegada a la actora la legitimación de promover e intervenir en el trámite de las presentes. Es que, si bien es cierto que la promoción de una acción de carácter patrimonial como la de la especie compete a la sindicatura, no lo es menos que se presentan en el sub lite los supuestos de excepción ya referidos anteriormente.
Todo ello corrobora a criterio de esta Sala la decisión adoptada en la instancia de grado.
3. Corolario de lo expuesto y compartiendo los fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal General, se resuelve: rechazar la apelación deducida y confirmar el pronunciamiento en crisis.
Las costas de la Alzada se impondrán en el orden causado atento las particularidades que el caso presenta (art. 68 CPr.).
Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015); y a la Sra. Fiscal General. Fecho, devuélvase a la instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).
Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Alejandra N. Tevez
Rafael F. Barreiro
María Julia Morón
Prosecretaria de Cámara
Sebastián Badaracco SA s/quiebra – Cám. Nac. Com. Sala B – 30/05/2013 – Cita digital IUSJU210283D
020551E
