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JURISPRUDENCIAVerificación de créditos. Periodo de verificación. Crédito fiscal. Carga probatoria
Se confirma la resolución que rechazó el incidente de verificación en los términos de los arts. 37 y 56 de la LCQ, pues pesa sobre el incidentista la carga de la prueba de los hechos específicamente concernientes al crédito insinuado.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2015.
1. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló la resolución dictada en fs. 1490/1497, mediante la cual el juez de primera instancia rechazó el presente incidente de verificación, imponiéndole las costas.
Su recurso de fs. 1503, concedido en fs. 1504, fue mantenido con el memorial de fs. 1505/1536, que recibió réplica de la concursada en fs. 1538/1540 y de la sindicatura en fs. 1561/1562.
En prieta síntesis, la apelante se agravia porque considera que el Juez a quo: (i) no advirtió que el acto administrativo que determinó la existencia de gran parte de la deuda de la concursada se hallaba firme, (ii) interpretó erróneamente que aquella se encuentra exenta del pago de ciertos tributos, (iii) entendió equivocadamente que algunos períodos reclamados están prescriptos, (iv) rechazó arbitrariamente la insinuación por períodos que estimó no incluidos en este incidente y, (v) le impuso las costas de manera infundada.
2. Por las razones que a continuación se expondrán, la pretensión recursiva sub examine no será admitida.
(a) Para comenzar, debe recordarse que -como regla general- los litigantes tienen la carga de probar los presupuestos que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, sin que ello dependa de la calidad de actor o demandado, sino de su situación procesal (esta Sala, 22.4.13, “Marsans International Argentina S.A. s/ quiebra s/incidente de revisión por Miñones, María Isabel”; Sala B, 16.9.92, “Larocca, Salvador c/Pesquera, Salvador s/sumario”; Sala A, 6.10.89, “Filan S.A.I.C. c/Musante, Esteban A.”; Sala E, 29.9.95, “Banco Roca Coop. Ltdo. c/Coop. de Tabacaleros”; entre otros). Asimismo, cuando de revisionar o verificar en los términos de los arts. 37 o 56 de la LCQ se trata, la carga de la prueba de los hechos específicamente concernientes al crédito insinuado pesa, como regla general, sobre el incidentista (art. 273:9°, LCQ; Sala A, 9.8.07,“Grupal S.A. s/conc. prev. s/inc. de revisión prom. por Banco Francés”; Sala C, 23.5.90, “De Tomasso s/inc. de revisión por J. G. de Margaroli”).
(b) Sentado ello, corresponde poner de relieve que el presente incidente fue iniciado por la suma de $ … ($… por capital con privilegio general -art. 246 inc. 4, LCQ- y $ … por intereses con carácter quirografario -art. 248, LCQ-) en concepto de deuda por ingresos brutos correspondientes a los períodos 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 (fs. 3/4).
El magistrado anterior consideró que si bien la concursada se halló expresamente exenta de tributar aquel impuesto hasta el año 1991; con posterioridad también lo estuvo, dado que no modificó su objeto social ni sus actividades. De manera que, teniendo en consideración tales circunstancias (corroboradas en el informe de la Inspección General de Justicia obrante en fs. 1317/1348), no cupo -como lo entendió la incidentista- que la concursada solicitara expresamente su exención para períodos posteriores a 1991.
En tales condiciones, los dos primeros agravios de la apelante serán rechazados, dado que: (*) por un lado, no puede soslayarse que las insinuaciones fiscales no hacen plena fe en el proceso concursal (esta Sala, 10.12.14, “Rohn S.R.L. s/concurso preventivo s/incidente de revisión por Fiscalía de la Provincia de Buenos Aires”), de manera que aún de contarse con instrumentos públicos emanados de procedimientos firmes en sede administrativa, al insinuante le corresponde demostrar los presupuestos de hecho y de derecho en que se sustenta su pretensión; y, (**) por otra parte, las disposiciones que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpretarse con el alcance más restringido que su texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla, lo que equivale a admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (CSJN, Fallos, 320:58).
(c) Atento a lo decidido precedentemente, el tercer agravio de la incidentista ha devenido abstracto con relación a los períodos fiscales de los años 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000, dado que el Juez a quo admitió el planteo prescriptivo opuesto por la concursada en fs. 893, sólo en la medida que abarcaba otros períodos fiscales y sin perjuicio de la ya declarada -y confirmada- exención impositiva en cuestión (v fs. 1494 vta., punto IV).
(d) El cuarto reproche expuesto por la incidentista tampoco tendrá favorable acogida.
Ello pues, como bien refirió el magistrado anterior, el reclamo correspondiente a los períodos fiscales de los años 2000 (1° a 12°), 2001 (1° a 12°) y 2002 (1° a 10°) no fue incluido en la demanda (v. fs. 3/12) y las explicaciones tendientes a acreditar su insinuación recién fueron expuestas al contestar el traslado de las defensas opuestas por la concursada (v. fs. 906/915).
(e) Finalmente, en cuanto a los agravios referidos a las costas, señálase que como enseña la doctrina clásica, en la mayoría de los sistemas procesales su imposición se funda en el criterio objetivo del vencimiento (conf. Chiovenda, G., Principios de derecho procesal civil, tomo II, Madrid, 1925, pág. 404; Alsina, H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, tomo II, Buenos Aires, 1942, pág. 472). Y así, como principio, en la ley procesal vigente se ha adoptado también tal criterio (art. 68, Cpr.; Palacio, L. – Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, tomo 3, Santa Fe, 1989, pág. 85), lo que implica que quien provoca una actividad jurisdiccional sin razón suficiente debe soportar el peso de los gastos causídicos (conf. Fassi, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo 1, Buenos Aires, 1971, n° 315).
En ese esquema, la exención de costas al vencido reviste carácter excepcional, pues -como regla- no es justo que el triunfador se vea privado del resarcimiento de los gastos que ha debido hacer para lograr que se le reconozcan sus derechos (conf. esta Sala, 21.10.06, “Srebro, Brenda c/Red Cellular S.A. y otro” y sus citas).
De otro lado, cabe recordar que lo atinente a la carga de las expensas no puede decidirse por consideraciones de índole subjetiva, ya que su imposición no responde ni se funda en la idea de una mala fe que castigar (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, tomo 2, Santa Fe, 1989, pág. 86), como tampoco en valoraciones subjetivas acerca de la conducta moral de las partes (conf. Highton, E. – Areán, B., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales – Análisis doctrinal y jurisprudencial, tomo 2, Buenos Aires, 2004, pág. 54).
Desde la perspectiva de lo expuesto, no se justifica alterar lo decidido por el juez de primer grado, en tanto el incidentista ha resultado objetivamente vencido en su pretensión.
3. En atención a la naturaleza, importancia y extensión de las labores realizadas por cada uno de los profesionales intervinientes, y con base en el monto económico comprometido, elévanse los honorarios regulados en fs. 1502 a $ … (pesos …) para la sindicatura, Estudio Gustavo García & Asociados, y a $ … (pesos … ) para la perito contadora, Cristina Alejandra Nazzario (arts. 6, 7, 9, 19, 33, 37 y 39, ley 21.839 y arts. 3 y 12, decreto ley 16.638/57).
4. Por los fundamentos que anteceden, se RESUUELVE:
(a) Desestimar la apelación de fs. 1503 y confirmar el pronunciamiento de fs. 1490/1497; con costas de segunda instancia a la recurrente vencida (arts. 68/69, Cpr.; art. 278, LCQ).
(b) Fijar los honorarios del modo explicitado en el acápite 3° de este decisorio.
5. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ley 26.856 y Acordadas 15 y 24/13). Fecho, devuélvase la causa, confiándose al señor Juez a quo las diligencias ulteriores (art. 36:1º, Cpr.) y las notificaciones pertinentes. Es copia fiel de fs. 1590/1592.
Gerardo G. Vassallo
Pablo D. Heredia
Juan José Dieuzeide
Pablo D. Frick
Prosecretario de Cámara
Ley 24522 – BO: 20/07/1995
Dragamar SA s/quiebra. Incidente de verificación de crédito por GCABA – Cám. Nac. Com. – Sala D – 05/02/2013
Fernández, Guillermo H. – Melzi, Flavia I., La verificación de créditos fiscales: algunos aspectos controvertidos, Erreius on line, Setiembre 2000,
004339E
