Se hace lugar a la demanda por despido interpuesta por la trabajadora, habida cuenta de que acreditó la prestación de servicios a favor de la demandada en su panadería, sin que la demandada haya desvirtuado la presunción naciente del art. 23 LCT. La particularidad del caso reside en que la accionante era extranjera, y la empleadora alegó que, si bien la actora comenzó a prestar tareas en su local, su continuidad dependía de que presentara la correspondiente documentación para poder trabajar en el país, requisito que no habría cumplido. Sin embargo, el tribunal explicó que, por un lado, conforme la ley 25871, si la actora poseía residencia precaria, podía prestar tareas durante su período de vigencia; y, por otro lado, que la contratación de personas que tienen vedado trabajar en el país configura trabajo de objeto prohibido, pero dicha prohibición está siempre dirigida al empleador y no afecta al trabajador (Art. 40 LCT).
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