Se rechaza el recurso de queja interpuesto contra la sentencia que confirmó la decisión del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados que aplicó a un letrado la sanción de apercibimiento público, pues no ha logrado acreditar el perjuicio concreto que sus argumentaciones genéricas le provocarían, ya que la omisión de realización de la audiencia del artículo 401 del Código Procesal Penal, y la alegada afectación constitucional ante la falta de notificación de la integración de la Sala, no es suficiente para lograr probar la afectación de las garantías constitucionales invocadas.
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