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JURISPRUDENCIAAccidente de tránsito. Motocicleta. Peatón. Culpa de la víctima. Declaración en sede policial
Se confirma la sentencia que rechazó la demanda por daños y perjuicios incoada por un peatón que fuera embestido por un rodado cuando transitaba una zona rural, avanzando el automotor en el mismo sentido de circulación. Así se tuvo acreditada la culpa exclusiva de la víctima, ya que al caminar sobre la orilla de la cinta asfáltica de una ruta provincial -zona rural- acarreando un rodado, en horario nocturno, sin elementos que permitieran su detección y dando su espalda al sentido de circulación del carril por el que avanzaba, el peatón se expone a una situación de grave riesgo.
En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, a los doce días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete, se reúne en ACUERDO la SALA B de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados «GETTE, Marcos Daniel C/ CURATOLO, Nelson Darío y otro S/ DAÑOS Y PERJUICIOS» (expte. Nº 5999/17r.C.A.), venidos del Juzgado Civil de Primera Instancia N° 1 de esta Circunscripción.
El Dr. Mariano C. MARTÍN, sorteado para emitir el primer voto, dijo:-
1. Antecedentes: Llegan las presentes actuaciones a este tribunal de alzada, en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 222 por el actor Marcos Daniel Gette contra la sentencia de fs. 214/221, en la que se rechazó la demanda que por daños y perjuicios fuera promovida contra Nelson Darío Curatolo. Las costas del pleito fueron impuestas al demandante.
El apelante expresó agravios a fs. 229/238, los que fueron contestados a fs. 242/244 vta., en forma conjunta, por el demandado y su compañía aseguradora -Integrity Seguros Argentina S.A.- citada en garantía al proceso.
2. El fallo. Para decidir el rechazo de la acción instaurada, el juez de grado asentó su decisión -entre otros- en los siguientes argumentos centrales: a) no se encuentra controvertido que el día 10/01/2015, entre las 01:20 y 01:30 horas, Gette acarreaba de manera pedestre su motocicleta dominio 984DVL -acompañado por Roxana Isabel Pérez- cuando fue impactado por la motocicleta dominio 253KNP, que conducida por Curatolo avanzaba a velocidad reglamentaria y en el mismo sentido de circulación -este a oeste, hacia la localidad de Caleufú-; b) al momento de producirse el impacto, aproximadamente a 2.000 metros del ingreso a la localidad de Caleufú, Gette acarreaba su rodado con las luces apagadas y sobre la cinta asfáltica correspondiente a la ruta provincial n° 4 y; c) el siniestro acaeció por culpa exclusiva de la víctima, quien transgredió disposiciones legales de tránsito y omitió tomar las diligencias que el caso y el deber de autopreservación le imponían.
Aunque parezca redundante, a los efectos de un correcto encuadre legal y la adecuada elucidación del recurso que nos convoca, es de importancia enunciar que los hechos no controvertidos permiten circunscribir la situación fáctica en la que se enmarca la contienda: peatón que transitaba por zona rural y es embestido por un rodado que avanzaba en el mismo sentido de circulación.
3. El recurso del actor. En una apretada síntesis es posible señalar que el demandante se agravia del fallo impugnado atribuyéndole una errónea valoración probatoria que, según afirma, deriva en una conclusión sin sustento fáctico, ya que en la consideración del quejoso el demandado no logró acreditar la culpa de la víctima.
3.1. A través de una línea de argumentación tan denodada como infructuosa, el recurrente pretende debilitar la validez probatoria que el juez de primera instancia le adjudicara a la declaración que Roxana Isabel Pérez brindara en dependencias de la Comisaría Departamental de la localidad de Caleufú, minutos después de acontecido el evento dañoso.
En esa ineficaz tarea, el apelante extracta frases -con la clara intención de sacarlas de contexto- vertidas por la testigo presencial del suceso en el legajo penal n° 21.875 (en adelante l.p.) y otras posteriormente expresadas en estas actuaciones judiciales, las compara e intenta de ese modo forzar una interpretación de los hechos, que a mi juicio, lejos está de generar suficiente convicción.
Por el contrario, coincido con la trascendencia probatoria que el a quo le otorgó a esa declaración, prestada ante la autoridad policial actuante. Es que, en mi apreciación, la fuerza convictiva de esa versión de los hechos descansa en ciertos aspectos que resultan dirimentes.
En primer lugar, porque el acta que luce glosada a fs. 7 del l.p. no fue redargüido de falsedad y, fundamentalmente, porque -en principio- dicho instrumento cuenta con la verosimilitud que le otorga su contigüidad con el evento dañoso. Obsérvese que la declaración en cuestión se produjo a la hora 03:00 del día 10/01/2015, es decir que se concretó algunos minutos después de acaecido el accidente. Mientras que, las audiencias testimoniales en las que Pérez declarara en este juicio (fs. 143 del 27/05/2016 y fs. 161 del 01/06/2016), se llevaron a cabo habiendo transcurrido más de un año desde la ocurrencia del siniestro bajo análisis y en cuyo desarrollo la testigo introdujo algunas «novedosas y antagónicas» manifestaciones en relación a su primigenia declaración (cfme. 3ra. y 4ta. ampliaciones, fs. 143).
Como bien lo indicara el magistrado de grado, en reiteradas ocasiones esta Cámara de Apelaciones ha sostenido que «… tiene gran valor probatorio lo declarado por los protagonistas de un accidente poco después de ocurrido, pues entonces describen con espontaneidad sus vivencias; son especialmente trascendentes cuando admiten hechos que luego se empeñan en negar u omiten señalar circunstancias que, ya en juicio, alegan en su defensa» (exptes. nros. 2.226/02, 5.839/17 y 5.977/17 r.C.A. -entre otros-) «… Por lo general, cuando un testigo declara varias veces con respecto a un mismo accidente, lo adecuado es acordarle mayor verosimilitud a la primera declaración, por ser la más cercana en el tiempo al hecho que se describe y ser menor el riesgo de que lo dicho tienda a beneficiar la posición de aquel protagonista con el que el testigo tiene algún tipo de relación (expte. n° 745/96 r.C.A.).
En afinidad con el último de los precedentes jurisprudenciales citados, es propicio apuntar que en esta causa al ser interrogada sobre las generales de la ley, Pérez admitió ser «amiga de hace años del actor» (fs. 143 y 161). Pues bien, en la generalidad de los casos, esa circunstancia impone extremar la valoración del testimonio, pero en la especie, a su vez, se erige como un dato significativo, ya que si se tiene en cuenta el tenor de lo relatado ante la autoridad policial interviniente, la versión de los hechos de la testigo presencial adquiere un mayor peso probatorio. Me explico. Pérez dijo que luego de sufrir la avería en una de las ruedas de la motocicleta «… decidimos volver, nos cruzamos de banquina, a la orilla de la Ruta, con las luces apagadas y es en ese momento donde observo que venía un vehículo, el cual no alcanzo a distinguir por lo que le digo Marcos tené cuidado y es ahí en ese momento donde siento el golpe y posterior ruido…» (el subrayado me pertenece). Teniendo en cuenta el relato de los hechos volcado por Gette en su escrito postulatorio, está claro que la testigo al expresarse -insisto, en forma contigua al siniestro- en los términos antes transcriptos lo hizo en contra o en perjuicio de los intereses del aquí actor, protagonista del accidente con quien dijo mantener desde hacía años una relación de amistad. Por obvias razones, en mi parecer, ello le otorga aún mayor credibilidad e importancia a la declaración de Pérez y, al mismo tiempo, derrumba la crítica formulada por el apelante.
3.2. Una parte sustancial de la fundamentación del recurso tiene que ver con el punto de impacto de la colisión. Según el a quo, efectivamente se produjo «sobre la cinta asfáltica» (fs. 217 vta.), mientras que, por el contrario, el recurrente pretende generar convencimiento acerca de su ubicación en la banquina. En tal sentido, éste destaca distintas constancias del l.p. y el testimonio del subcomisario Daniel Osvaldo Pérez, de los cuales, es cierto, no surgen datos que arrojen precisión en dicha cuestión controversial.
Sin embargo, la postura de Gette se muestra francamente contradictoria, puesto que en la declaración que prestara en sede policial el día 14/01/2015 (fs. 15 l.p.), expresó que luego de haber sentido un impacto y observar que el mismo había sido provocado por una moto quedó «… tirado sobre la cinta asfáltica…». Esta revelación, sin dudas, desploma súbitamente la queja intentada en lo inherente al punto de impacto, pero a su vez, viene a corresponderse con la originaria declaración de Pérez en cuanto a que en los momentos previos a la colisión ambos transitaban «a la orilla de la ruta». Desde luego, semejante manifestación también explica por qué en su expresión de agravios el apelante, que procedió a transcribir parte de su declaración ante la autoridad policial, sugestivamente, o si se quiere no tanto, omitió reproducir aquel realzado segmento del testimonio (cfme. fs. 234).
Dejando a salvo lo hasta aquí expuesto, no está de más señalar que en el escenario de prueba no se advierten elementos que verifiquen que en los instantes previos a la colisión el accionado abandonara la calzada e invadiera la banquina.
En este orden de ideas y en base a un análisis integral de las pruebas reunidas, coincido con el magistrado de la instancia inferior en que de la declaración de Pérez en sede policial -y como hemos visto del propio Gette en el mismo ámbito- se desprenden diversas circunstancias fácticas de suma significación, a saber: a) Gette acarreaba la motocicleta «a la orilla de la ruta»; b) el rodado era acarreado «con las luces apagadas» y; c) el accidente se produce en el «momento» en que Gette transitaba por la orilla de la calzada, inmediatamente después de haber emprendido el cruce de la misma desde la banquina contraria.
Lo reseñado en el párrafo que antecede, tal como lo hiciera el a quo, torna procedente recordar -en lo que a esta vía recursiva interesa- que el art. 38 de la ley Nacional de Tránsito n° 24.449 (en adelante LNT) establece que los peatones deben transitar «… b) En zona rural: Por sendas o lugares lo más alejado posible de la calzada. Cuando los mismos no existan, transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente. Durante la noche portarán brazaletes u otros elementos retrorreflectivos para facilitar su detección. El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los vehículos….».
Una detenida lectura de las previsiones que aloja el segmento de la norma bajo examen y su cotejo con la plataforma fáctica del caso traído a estudio, indudablemente, permite inferir su notorio quebrantamiento en virtud de la imprudente conducta desplegada por Gette en la emergencia.
En efecto, en la especie, el peatón no sólo omitió transitar por un lugar lo más alejado posible de la banquina, sino que lo hizo por la orilla de la cinta asfáltica dando la espalda a los eventuales conductores que avanzaran en su mismo sentido de circulación y sin portar dispositivos que facilitaran su detección, pues es válido memorar que el accidente se produjo pasada la medianoche y en zona rural. Por si todas esas irregularidades resultaran escasas, cabe añadir que el rodado que acarreaba el accionante no llevaba ningún tipo de artefacto lumínico encendido.
En un evento dañoso de similares características al de esta contienda, la jurisprudencia ha sentenciado que «Es improcedente la demanda que persigue la reparación del daño sufrido por un peatón que fue embestido por un vehículo mientras caminaba sobre la línea blanca existente entre la banquina y la ruta, pues si bien el mero hecho de transitar por un lugar no habilitado para la circulación peatonal no trae aparejado automáticamente su responsabilidad, la circunstancia de que lo hiciera en horas de la noche y sin elementos que permitan advertir su desplazamiento, tornando extremadamente difícil advertir su presencia con un margen de maniobra suficiente para evitar su colisión, pone de manifiesto su culpa exclusiva en el accidente producido» (Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, sala civil y comercial – 22/09/2003 – Cardozo, Simón R. c. Báez, Raúl E. y otro – LLLitoral 2004 (junio), 530 – AR/JUR/5418/2003).
Es incuestionable que Gette con su notoria imprudencia decididamente generó -para sí mismo y para terceros- una clara situación de riesgo en el tránsito vehicular. Indudablemente, ante las circunstancias de tiempo y lugar imperantes en el caso que nos convoca, la diligencia mínima esperable de una persona prudente aconsejaba una conducta acorde a lo previsto por el inciso b) del art. 38 de la LNT, cuyas directivas contribuyen a evitar el desorden en la circulación del tránsito y a resguardar la integridad física de los peatones.
Según doctrina especializada, entre las principales causas de los accidentes en que participan los peatones, si bien son diversas, está comprobado que la principal se halla en la imprudencia del peatón, al cometer graves infracciones a las reglas del tránsito […] En cuanto a las personas que caminan por una carretera, normalmente su comportamiento es inapropiado, al marchar por el lado equivocado. Además, casi nadie lleva un elemento reflectante o algo luminoso cuando es de noche, para poder ser vistos desde lejos por los vehículos de la calzada (Beatriz A. Areán, Juicio por accidentes de tránsito, t. 2B, pág. 318, Hammurabi).
En el caso en estudio, entiendo que el cúmulo y la entidad de las infracciones legales cometidas por el demandante en su condición de peatón en tránsito por zona rural en horario nocturno, permiten calificar su proceder como una grave imprudencia. Coetáneamente, no puede afirmarse con certeza que Curatolo haya omitido extremar las precauciones del caso, ni que avanzara a velocidad antirreglamentaria o con un sistema de iluminación deficiente.
No se desconoce que sobre todo conductor pesa una obligación de máximo control de la cosa riesgosa que guía, mas esa exigencia debe ser apreciada en un marco razonabilidad, es decir, debe requerírsele una previsión normal, desde luego, sin desatender el contexto en el cual acontece el siniestro. Consecuentemente, a medida que la conducta introducida por el peatón es menos previsible, se reduce proporcionalmente la posibilidad de que el conductor logre evitar el accidente. En esa inteligencia, es imposible soslayar que en nuestro caso el evento dañoso se produjo -entre otras circunstancias agravantes- en zona rural y en horario posterior a la medianoche, todo lo cual revela el carácter imprevisto de la contingencia de tránsito que motiva esta contienda.
En mi consideración, al caminar sobre la orilla de la cinta asfáltica de una ruta provincial -zona rural- acarreando un rodado, en horario nocturno, sin elementos que permitieran su detección y dando su espalda al sentido de circulación del carril por el que avanzaba, Gette se expuso a una situación de grave riesgo. Por cierto, esa ilegal conducta del demandante ha sido la única causa generadora del accidente de tránsito en estudio, por ende, lo transforma en el exclusivo responsable de los daños y perjuicios acaecidos, al configurar su proceder el presupuesto de hecho normado por el art. 1.111 del derogado Código Civil, temporalmente aplicable al caso de marras.
Es verdad que el art. 64 de la LNT prescribe que el peatón goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor, empero es preciso observar que ello acontece, en tanto y en cuanto aquél no incurra en graves violaciones a las reglas del tránsito. Como hemos visto, en esta ocasión Gette incumplió abiertamente los recaudos receptados por el inciso b) del art. 38 de la LNT, además, lo que deviene relevante e incuestionable es que esas infracciones han sido la causa eficiente del siniestro vial que motivara la promoción de esta actuaciones judiciales.
Al respecto, se expresa que la violación de normas de reglamentos de tránsito, especialmente si se trata de violaciones graves de normas sustanciales, como las que asignan la prioridad de paso o el sentido de circulación, genera una presunción de responsabilidad del infractor, a quien competerá desvirtuarla, so riesgo en caso contrario de que esa presunción se haga efectiva y termine siendo responsabilizado ya no por la infracción sino por el accidente subsecuente (Marcelo J. López Mesa, Responsabilidad por accidentes de tránsito, t. III, pág. 1608, La Ley).
En definitiva, la decisión adoptada por el a quo ha sido correcta, de modo tal que, los agravios formulados por el apelante deben ser desestimados.
4. Conclusión: Sugiero entonces se rechace el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 222, con costas. Así voto.
El Dr. Alejandro PÉREZ BALLESTER, sorteado para emitir el segundo voto, dijo:
Por sus fundamentos, adhiero al voto del colega preopinante.
En consecuencia, la SALA B de la Cámara de Apelaciones:
RESUELVE: I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 222, con costas.
II.- Regular los honorarios de alzada para los Dres. Lucas Tomás JUBILLA, Domingo Federico CANTARELLA, Gustavo César MASSARA, en el 30% de los fijados en la instancia anterior, más el I.V.A. si correspondiere.
Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen.
Martínez, Aldo Omar y otro c/González, Héctor H. y otra s/indemnización daños y perjuicios – Cám. 1ª Civ. y Com. Bahía Blanca – 25/08/2015 – Cita digital IUSJU006472E
022062E
