Se declara abusiva la propuesta de acuerdo efectuada por el concursado, toda vez que la misma imponía a los acreedores disconformes una quita superior al 45% del capital que terminaría siendo abonado a más de 10 años de la apertura del concurso. Para así decidir, se hizo hincapié en que el magistrado no se encuentra obligado en forma absoluta e irrestricta a dictar sentencia homologatoria del acuerdo votado favorablemente por las mayorías legales (cuyas conformidades son una condición necesaria pero no suficiente), toda vez que conserva la potestad de realizar un control que trascienda la mera legalidad formal en aquellos supuestos en los que el acuerdo pudiera afectar el interés o el orden público, atendiendo al ordenamiento jurídico en su totalidad, potestad legal actualmente restablecida.
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