Se resuelve que el agravamiento indemnizatorio del artículo 2 de la ley 25323 resulta procedente en los casos de despido indirecto, toda vez que la norma no distingue entre este y el despido directo, sino que tan solo exige la intimación fehaciente al pago de las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de la LCT y de los artículos 6 y 7 de la ley 25013 o las que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, obligar al trabajador a tener que iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas.
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