Se declara abstracta la pretensión ejercida por la Cámara Argentina de la Energía Asociación Civil (CADE) contra el Estado Nacional, persiguiendo que se declare la inconstitucionalidad -y, en su caso, la nulidad absoluta e insanable- del decreto 566/2019, al valorarse que habían ya cesado todas las medidas adoptadas: las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local podían ser facturadas y pagadas al precio que las empresas productoras y refinadoras conviniesen -sin estar ya limitadas a mantener lo oportunamente acordado al tipo de cambio vigente y utilizando el precio de referencia BRENT de la cotización del día que se pacte-. Había desaparecido también el precio máximo de las naftas y del gasoil en todas sus calidades, que podían luego ser comercializados por las empresas refinadoras y por los expendedores mayoristas o minoristas al precio que libremente fijen. En este contexto, no se advertía que se mantuviese vigente el conflicto que en su ocasión originó el caso judicial ventilado en la causa, desapareciendo así el recaudo que habilitaba la intervención del juez (artículo 2 de la ley 27).
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