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JURISPRUDENCIA
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2013
En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
LA DOCTORA GRACIELA LUCIA CRAIG DIJO:
La sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda viene apelada por la parte actora (fs. 446/448) y por la demandada (fs. 449/454) cuyas replicas se encuentran a fs. 460/464 y fs.466/467 respectivamente. Asimismo apela el perito contador fs.455 la regulación de sus honorarios por considerarla reducida.
La parte demandada se agravia porque la sentenciante de grado consideró acreditada en autos que las partes estuvieron ligadas por un vínculo de naturaleza dependiente. Sostiene el apelante que la actora, inscripta como monotributista, se desempeñó como una profesional independiente, autónoma, regida por un contrato de locación de servicios en lugar del contrato de trabajo que estableció la juez a quo.
Adelanto que, en mi opinión, la queja incoada por el recurrente no merecerá recepción favorable, puesto que los planteos que esgrime en el escrito recursivo no constituyen una crítica razonada y concreta de los fundamentos del fallo, tal como establece el art. 116 de la L.O.
En primer lugar señalo que no se hace cargo el apelante del reconocimiento de la prestación de servicios realizado en la contestación de demandada (ver fs. 96). En efecto, el art. 23 de L.C.T. dispone que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, el que es definido precisamente por la nota de la dependencia (conf. Art. 21 L.C.T.). La presunción mencionada opera igualmente aún cuando se utilice figuras no laborales para caracterizar el contrato, como en el caso de autos.
La norma prevé además la posibilidad de que el demandado demuestre que el contrato no fue laboral. Sin embargo en la causa no surge ningún elemento probatorio que permita concluir que el accionante ejercía su profesión en distintos ámbitos, tal como lo manifestó en la contestación de demanda.
Tampoco se hace cargo el apelante de que la totalidad de las declaraciones testimoniales de autos corroboran que la actora, en su calidad de odontóloga y radióloga prestó servicios atendiendo a pacientes que concurrían a realizarse prácticas radiográficas odontológicas en el instituto Dr. Hugo Dagum S.A. Tal circunstancia implica que la prestación se llevó a cabo en un ámbito sujeto a un poder jurídico de organización y dirección ajeno.
La circunstancia de facturar honorarios (ver pericia contable fs.301) no es más que la forma de disfrazar el pago de una remuneración al trabajador dependiente
Por todo lo expuesto, entiendo que existió entre las partes contrato de trabajo, razón por la cual, solo cabe confirmar en este aspecto la sentencia apelada.
La parte actora se agravia porque la Juez a quo tuvo por resuelto el vínculo por el telegrama extintivo de la demandada del 23 de junio de 2009 (fs. 77) cuando sostiene debió tomar el despido indirecto por esa parte mediante comunicación del 27 de julio del mismo año (ver fs. 84) y en consecuencia rechazó las multas de la Ley de empleo atento que la intimación de la actora no se produjo encontrándose vigente la relación laboral. Sostiene, el apelante que la extinción del contrato de trabajo por parte de la demandada formó parte del fraude que existió entre las partes.
No encuentro procedente el agravio. Y ello así pues la actora tomó conocimiento del cese del vínculo decidido por su empleadora en la fecha arriba señalada por cuanto el fraude laboral que existió en el caso de autos resulta de la naturaleza jurídica del vínculo que unió a las partes, y no de la forma en que se extinguió el contrato de trabajo.
Por otro lado corresponde señalar que la sentenciante de grado ha otorgado la multa del art. 1 de la Ley 25323 que no resulta acumulable a las indemnizaciones reclamadas.
La parte actora se agravia porque el Juez a quo consideró improcedente el reclamo por las vacaciones 2008, estima que en tanto no hubo un reconocimiento de la relación por parte de la demandada, mal pudo existir goce de las vacaciones.
No le asiste razón al quejoso ya que tal como estableció la Juez a quo no se ha denunciado su goce efectivo que tenía como límite el mes de abril del 2009, en virtud de ello corresponde desestimar el agravio también este aspecto.
Por su parte la demandada se agravia porque la Juez a quo extendió la condena a los codemandados Hugo Dagum y Hugo Marcelo Dagum junto con la codemandada Instituto Hugo Dagum S.A. sin tener en cuenta que, según su criterio, la sociedad demandada no ha sido conformada por ellos para evadir la ley o perseguir fines ajenos a su objeto social.
En mi opinión no le asiste razón al recurrente.
Llega firma a esta Sala no solo que Hugo Dagum y Hugo Marcelo Dagum ejercieron el cargo de Presidente y Vicepresidente de la sociedad empleadora de la actora (ver contestación de demandada de fs.37/40) sino también que dicha circunstancia transcurrió contemporáneamente con el desarrollo de la relación laboral existente entre las partes. Sentado ello, el análisis efectuado de las pruebas colectadas en la causa permiten concluir, tal como fue acreditado, que la empresa mantuvo el contrato de trabajo de la actora en absoluta clandestinidad.
En mi opinión el comportamiento tanto del Presidente como del Vicepresidente de la sociedad demandada es altamente censurable y permite responsabilizarlos en forma personal, por cuanto tenían a su cargo la gestión administrativa y han dispuesto o permitido la celebración y mantenimiento de un contrato de trabajo en forma ilegal y oculta. Así han consentido la realización de los consecuentes pagos clandestinos violando las leyes laborales de orden público y las normas de seguridad social, provocando perjuicios al trabajador y a la comunidad en general, al no registrar en forma debida la relación laboral, lo que justifica la extensión de responsabilidad solidaria conforme lo establece el art. 59, y 274 de la L.S.C. En virtud de que dichas disposiciones normativas los hacen solidaria e ilimitadamente responsables por los daños que causen con sus acciones u omisiones dolosas o culposas sin que hubiere necesidad de apartar la persona jurídica, cuya invalidez inexistencia o irregularidad no ha sido demostrada en los términos previstos por el art. 54 de la L.S.C.
Por ello, propicio confirmar la condena dispuesta en primera instancia.
Las costas de primera instancia han sido correctamente impuestas a cargo de la parte demandada vencida tal como lo establece el art. 68 C.P.C.C.N.
Teniendo en cuenta el mérito y la importancia de los trabajos realizados considero que las regulaciones de honorarios cuestionadas resultan razonables por lo que propongo se confirmen (art. 38 L.O).
Atento las cuestiones debatidas y resultados alcanzados, propongo asimismo que las costas de alzada sean soportadas por la parte demandada vencida, a cuyo efecto propicio regular los honorarios de los letrados intervinientes en un …% de lo que les corresponda por su labor en la anterior instancia (Conf. art. 68 CPCCN y art.14 Ley 21.839).
EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:
Adhiero al voto que antecede
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios, 2) Imponer las costas de alzada a cargo de las demandadas vencidas, 3) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en un …% de lo que les corresponda por su labor en la anterior instancia.
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013
Regístrese, notifíquese y vuelvan
GRACIELA L. CRAIG
JUEZ DE CÁMARA
JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID
JUEZ DE CÁMARA
Rivero, Domingo Faustino c/PAMI Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/regularización L. 24013 – Cám. Nac. Trab. – Sala I – 18/02/2014
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