Se desestima el pedido de aclaratoria y fijación de audiencia interpuesto por el Estado Nacional, respecto de las medidas cautelares que determinaban que la reducción del Impuesto al Valor Agregado y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias. El máximo tribunal explicó que la recurrente no especificó cuáles eran las complejidades técnicas alegadas para la implementación de la medida cautelar ordenada y que resulta improcedente pedir una audiencia en el marco de un recurso de aclaratoria.
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