Corresponde confirmar la sentencia que hiciera lugar a la demanda interpuesta por el actor, en virtud de haber acreditado la existencia de una interposición fraudulenta de persona (arts. 14 y 29 LCT), por lo cual resultan solidariamente responsables por su actuar antijurídico tanto la empleadora directa como la intermediaria que registró la relación laboral.
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