Electoral voto electronico planteo de inconstitucionalidad

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Electoral. Voto electrónico. Planteo de inconstitucionalidad

Se rechaza la demanda de inconstitucionalidad de los arts. 23, 24 y 25 del Anexo II de la ley 4894 y de los arts. 3, 4, 6, 14, 23 y 24 del decreto reglamentario 441/GCBA/2014, que plantean innovaciones tecnológicas en materia electoral.

Buenos Aires, 23 de enero de 2015

Visto: el expediente citado en el epígrafe, resulta:

1. La Unión Cívica Radical del Distrito Capital Federal, en adelante UCR, promueve acción en materia electoral (art. 113 inciso 6, CCBA) a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 23, 24 y 25 del anexo II de la ley nº 4894 y de los arts. 3, 4, 6, 14, 23 y 24 del decreto reglamentario nº 441/GCBA/2014 (fs. 6/24).

La accionante aduce que las normas cuestionadas “constituyen una delegación constitucionalmente prohibida de la Legislatura al Poder Ejecutivo de las competencias en materia electoral y derechos políticos establecidas por la Constitución de la Ciudad (cf. arts. 84, 82 inciso 2, 80 inc. 1º, 69 y 103)” (fs. 16). Sostiene que los legisladores no adoptaron “la decisión política de incorporar tecnologías electrónicas en el proceso electoral sino que delegaron en el Poder Ejecutivo dicha decisión” (fs. 16 vuelta) y que en consecuencia, el dictado de los citados artículos del decreto reglamentario nº 441/GCBA/2014 por el Jefe de Gobierno, constituye el ejercicio de atribuciones que le fueron delegadas ilegítimamente.

Subsidiariamente solicita que se declare su inconstitucionalidad, pues considera que “no se ha cumplido con el trámite de comunicación y ratificación de la adopción del voto electrónico por parte de la Legislatura (…), conforme lo exigido por el art. 25 del anexo II de la ley 4894” (fs. 20 y vuelta).

En tercer término, cuestiona los incisos h) e i) del art. 3 del decreto nº 441/GCBA/2014 por entender que configuran un “exceso reglamentario” pues, “en lugar de disponer que todos los precandidatos y agrupaciones aparezcan en una única pantalla (como si fuera una Boleta Única papel), dichos incisos establecen un sistema de elección de dos pasos y en dos pantallas: Primero – el elector visualiza las opciones electorales por agrupación política pudiendo votar por lista completa. – Segundo, y solo para el caso que no haya optado por la lista completa, el elector puede optar por cada categoría de cargos a elegir en una segunda pantalla” (fs. 22 vuelta/23).

2. A fs. 27 se tiene por presentado y por parte al accionante, se imprime al proceso el trámite de los incidentes (cf. art. 43, ley nº 402) y se corre traslado de la demanda por cinco (5) días al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en adelante GCBA, con habilitación de días y horas inhábiles.

3. Al contestar la demanda (fs. 33/38), la Procuración General de la Ciudad solicita el rechazo de la acción interpuesta por considerar que:

a) “(…) si se lee el texto del art. 23 es evidente que la Legislatura ha emitido un pronunciamiento legal respecto al uso de la tecnología electrónica en el sistema electoral, ya que al sostener que el Poder Ejecutivo ‘podrá incorporar tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral…’, es clarísimo que ha establecido una política pública en la materia, autorizando al Ejecutivo a incorporar la misma” (fs. 34, la cursiva está en el original);

b) “(…) la autorización política del uso de la tecnología electrónica va acompañada de los límites de discrecionalidad que la propia Legislatura le fija al Ejecutivo” (fs. 35), mediante el establecimiento de los principios del art. 24 del anexo II, ley nº 4894 pues, “ (…) como toda norma meramente instrumental es habitual que su incorporación se derive al Ejecutivo, que es quien cuenta con la capacidad para hacerlo y a cuyo fin se le fijan los principios a los que debe sujetarse” (fs. 35 vuelta); y

c) los incisos h) e i), del art. 3 del decreto reglamentario nº 441/GCBA/2014 “no elimina(n) ni desnaturaliza(n) las disposiciones de la ley que reglamenta(n) pues contempla(n) iguales condiciones que las que resultan de los artículos reglamentados, ajustándolos a las características propias de un programa informático” (fs. 37).

4. A fs. 40/45, el Fiscal General emite su dictamen propiciando el rechazo de la acción pues entiende que la actora no se encuentra legitimada toda vez que -en su opinión- no logra individualizar un perjuicio o afectación individual de derechos. Por otra parte, considera que el decreto reglamentario n° 441/GCBA/2014 “refi ere únicamente al régimen normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas y no a la incorporación del voto electrónico” (fs. 45 vuelta).

5. A fs. 46 la actora solicita la habilitación de la feria judicial. Con fecha 5 de enero se declara habilitada la feria judicial, se corre vista a los partidos políticos con personería jurídico-política definitiva y se convoca a audiencia pública (fs. 48 y vuelta).

6. Posteriormente, la UCR amplía demanda cuestionando la constitucionalidad de los arts. 1 y 2 del decreto nº 513/GCBA/2014 (publicado el 29 de diciembre de 2014, BOCBA 4549) que sustituyen a los arts. 19 y 23, del decreto nº 441/GCBA/2014, por considerar que extienden la “incorporación de tecnologías electrónicas no sólo a la ‘emisión del voto’ sino también al ‘escrutinio de sufragios y transmisión y totalización de resultados electorales” (fs. 103) sobre la base de atribuciones inconstitucionalmente delegadas (fs. 102/106).

7. De la ampliación de demanda se corre traslado al GCBA y al Fiscal (fs. 107).

8. Contestan la vista los partidos de la Ciudad en Acción (fs.

115/117), Proyecto Sur (fs. 118/ fs. 121), de la Victoria (fs. 121 bis), Justicialista (fs.127), Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (ARI) (fs. 128/132), Unión del Centro Democrático (fs. 139/144), PRO Propuesta Republicana (fs. 145/150), Poder para el Espacio Social “PODES” (fs. 151), Nueva Dirigencia (fs. 152), Frente Progresista por Buenos Aires (fs. 168/172), y el Socialista (fs. 173/175).

9. El GCBA, por su parte, contesta el traslado de la ampliación de demanda (fs. 153/164).

10. El día 14 de enero de 2015 se celebra la audiencia pública de la que da cuenta el acta obrante fs. 178/180.

Fundamentos: La juez Inés M. Weinberg dijo:

(a) La parte pretende la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 23, 24 y 25 del Anexo II, de la ley nº 4894 y de los arts. 3, 4, 6, 14, 23 y 24 del decreto reglamentario nº 441/GCBA/2014.

Destaca principalmente la existencia de delegación legislativa en tanto -según sus propios dichos- los artículos 23 a 25 del Anexo II de la ley 4894 “… delegan en el Ejecutivo la atribución de la Legislatura de regular la materia electoral y el derecho a sufragio, a través de la incorporación de tecnologías electrónicas. [Afirma en tal sentido que] En virtud de dichas normas, la Legislatura no ha tomado la decisión política de incorporar o no tecnologías electrónicas sino que ha derivado la decisión al Jefe de Gobierno”.

Por otra parte y con relación a la reglamentación de la ley, manifiesta que a través del decreto 441/GCBA/2014 el Poder Ejecutivo “… ejerció la atribución delegada por la Legislatura de la Ciudad (…)”, resultando clarísima y evidente dicha actitud en cuanto el artículo 23 de dicha norma dispone: “Establécese la incorporación y aplicación de tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral (…)”.

Señala además que el Poder Ejecutivo reglamentó el Anexo II de la ley 4894 mediante los artículos 3, 4, 6, 14 y 24 del precitado decreto “forzándola” para intentar facilitar la ejecución de su decisión de adoptar tecnologías electrónicas.

Particularmente destacó que los incisos h) e i) del artículo 3 de la norma reglamentaria “…modifican la organización y el espíritu del sistema de Boleta Única. Ello así por cuanto dichos incisos establecen un sistema de elección en dos pasos: primero el elector visualiza las opciones electorales por agrupación política; y, segundo, el elector que no haya optado por la lista completa puede proceder a votar por cada categoría de cargos a elegir”.

Subsidiariamente planteó la inconstitucionalidad de las normas arriba aludidas por cuanto no se cumplió con el trámite de comunicación y ratificación de la adopción del voto electrónico por parte de la Legislatura conforme lo prescripto en el artículo 25 del Anexo II de la Ley. Afirma en tal sentido: “Se trata claramente de un conjunto de normas [con relación a las normas atacadas supra descriptas] que establecen una decisión (adopción del voto electrónico) que no ha sido ratificada aun por la Legislatura y, por ende, no es posible ejecutarlas ni aplicarlas”.

En la ampliatoria cuestiona la constitucionalidad de los artículos 1 y 2 del decreto 513/GCBA/2014 -publicado el 29/12/14- donde se sustituyen los artículos 19 y 23 de su similar 441/GCBA/2014 por considerar que se extiende la “incorporación de tecnologías electrónicas no sólo a la `emisión del voto´ sino también al `escrutinio de sufragios y transmisión y totalización de resultados electorales” sobre la base de atribuciones inconstitucionalmente delegadas (fs. 102/106).

(b) Ahora bien, en cuanto a la normativa aplicable debe destacarse que la CCBA ha puesto en cabeza de los miembros de la Legislatura, bajo una mayoría especial, tanto el establecimiento del régimen electoral como la sanción del código en la materia (v. arts. 69 y 82), prescribiendo la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte disposiciones de carácter legislativo aún por decreto de necesidad y urgencia bajo pena de nulidad (v. art. 103).

En este marco la ley 4894 en su Anexo II aprobó el “Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas”; determinó sus características, contenido, confección, diseño, procedimiento de aprobación, forma de publicidad, difusión y uso (v. arts. 3 a 17 y concordantes) determinando su artículo 23 la posibilidad de que el poder Administrador incorpore tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral “… bajo las garantías reconocidas en la presente Ley y en la Constitución (…)”. Así el denominado procedimiento electoral como “…todas las actividades comprendidas en las diversas etapas de gestión y administración de una elección (…).” Y se especificó en seis apartados cada una de las etapas en cuestión aclarándose que la “incorporación de tecnologías” podía implementarse para una etapa, varias o todas.

En el subsiguiente artículo 24, la ley determina los “Principios aplicables a la incorporación de Tecnologías Electrónicas” en dieciocho apartados; prescribe que “Toda alternativa o solución tecnológica a incorporar en cualquiera de las etapas del procedimiento electoral debe contemplar y respetar los principios que enumeró y determinó bajo la siguiente denominación y contenido:

a. Accesibilidad para el/la votante: Que el sistema de operación sea de acceso inmediato, que no genere confusión y no contenga elementos que puedan inducir el voto o presentarse como barreras de acceso al sistema;

b. Auditable: tanto la solución tecnológica, como sus componentes de hardware y software debe ser abierta e íntegramente auditable antes, durante y posteriormente a su uso;

c. Comprobable físicamente: la solución debe brindar mecanismos que permitan realizar el procedimiento en forma manual;

d. Robusto: debe comportarse razonablemente aún en circunstancias que no fueron anticipadas en los requerimientos;

e. Confiable: debe minimizar la probabilidad de ocurrencia de fallas, reuniendo condiciones que impidan alterar el resultado eleccionario, ya sea modificando el voto emitido o contabilizándose votos no válidos o no registrando votos válidos;

f. Simple: de modo tal que la instrucción a la ciudadanía sea mínima;

g. Íntegro: la información debe mantenerse sin ninguna alteración;

h. Eficiente: debe utilizar los recursos de manera económica y en relación adecuada entre el costo de implementación del Sistema y la prestación que se obtiene;

i. Estándar: debe estar formada por componentes de hardware y software basados en estándares tecnológicos;

j. Documentado: debe incluir documentación técnica y de operación completa, consistente y sin ambigüedades;

k. Correcto: debe satisfacer las especificaciones y objetivos previstos;

l. Interoperable: debe permitir acoplarse mediante soluciones estándares con los sistemas utilizados en otras etapas del procedimiento electoral;

m. Recuperable ante fallas: ante una falla total o parcial, debe estar nuevamente disponible en un tiempo razonablemente corto y sin pérdida de datos;

n. Evolucionable: debe permitir su modificación para satisfacer requerimientos futuros;

o. Escalable: de manera tal de prever el incremento en la cantidad de electores;

p. Privacidad, que respete el carácter secreto del sufragio y que sea imposible identificar bajo ningún concepto al emisor del voto;

q. Seguridad informática, Proveer la máxima seguridad posible a fin de evitar eventuales instrucciones, intrusiones, o ataques por fuera del Sistema, debiendo preverse una protección y seguridad contra todo tipo de eventos, caídas o fallos del software, el hardware o de la red de energía eléctrica. Dicho sistema, no pueda ser manipulado por el administrador, salvo expresa autorización de la Autoridad de Aplicación; y

r. Capacitación in situ: Debe ser pasible de proveer una unidad de tecnología electrónica de emisión de sufragio por cada establecimiento de votación, a fin de facilitar el entrenamiento de los electores con igual tecnología a la utilizada en las mesas de emisión de sufragio.

El artículo 25 está dirigido a la Autoridad de Aplicación, que tiene a su cargo la aprobación y control de la aplicación de las precitadas tecnologías electrónicas, así como el deber de garantizar la transparencia, el acceso a la información técnica y la fiscalización directa por parte de las agrupaciones políticas y de los electores del sistema a implementarse “… así como todos los principios enumerados en la presente ley (…)”. Se estableció también en este artículo que: “Para el único caso que se decidiera la implementación del voto electrónico la Autoridad de Aplicación debe comunicar fehacientemente el sistema adoptado a la Legislatura (…) para su consideración y aprobación con las mayorías establecidas para materia electoral.”.

En cuanto a la reglamentación impugnada, debe destacarse aquí que el artículo 3 del Anexo II de la ley 4894 establece las características de la Boleta Única y prescribe en su apartado e) que debe regularse con claridad para el caso de la lista de diputados los nombres y apellidos de al menos los tres primeros precandidatos o candidatos titulares y fotografía color del primer precandidato o candidato titular. Sobre el punto la reglamentación prevé que la Autoridad de Aplicación establezca el mecanismo de información de la totalidad de los miembros integrantes de la lista de los precandidatos o candidatos titulares oficializados a diputados estableciendo sus características.

Similar regulación tiene el apartado f) de la ley, reglamentado por el apartado f) del decreto pero respecto de los miembros de la Junta Comunal y los respectivos apartados g) con relación a los convencionales constituyentes.

El apartado h) de la ley prevé la determinación de un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo a efectos de que el elector marque la opción de su preferencia, y el i) de un casillero de mayores dimensiones que el especificado en el apartado h) marque, si así lo desea, la opción electoral de su preferencia por lista completa de precandidatos o candidatos. Por su parte, el apartado i) de la reglamentación prevé que el sistema deberá proveer al elector la visualización en la pantalla de la máquina de votación, en primer lugar, de las opciones electorales por agrupación política, permitiendo al elector la votación por lista completa de precandidatos o candidatos o por cada categoría de cargos a elegir, y el apartado h) agrega que luego, al elector que no haya optado por la lista completa de precandidatos o candidatos, la votación por cada categoría de cargos a elegir.

El artículo 4 del Anexo II de la ley establece el diseño de la Boleta Única; a su turno la reglamentación del artículo prevé que la Autoridad de Aplicación diseñará la precitada boleta “…adecuando sus características a la máquinas de votación, que deben contar con pantalla táctil para la selección de las opciones electorales de las que disponga el elector, conforme las previsiones del artículo 3° del mismo Anexo de la Ley N° 4.894”.

El artículo 6 del Anexo II de la ley establece que la Autoridad de aplicación determinará el orden de la oferta electoral mediante un sorteo público, estableciendo la forma de convocatoria y plazo al efecto. Por su parte la reglamentación dispone que ésta debe prever que al momento de la emisión del voto “…el sistema aleatoriamente modifique en la pantalla de la máquina de votación la visualización de las opciones electorales de cada agrupación política, debiendo garantizarse el principio de privacidad y secreto del sufragio [y] (…) el tratamiento igualitario a todas las agrupaciones políticas”.

El artículo 14 de la ley establece las pautas de publicación y difusión de la Boleta Única y sus respectivos afiches. Igual artículo de la reglamentación establece el plazo de inicio de la campaña publicitaria dando a conocer las características del uso del sistema que se adopte con la incorporación de tecnologías electrónicas.

En cuanto al artículo 23 de la reglamentación -en lo que aquí corresponde destacar- solamente remite a que la incorporación y aplicación de tecnologías electrónicas “… en un todo de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 24 del Anexo II de la Ley N° 4.894.” y a su vez la reglamentación del artículo 24 hace referencia, en apretada síntesis, a la actuación de la Autoridad de Aplicación y a los requisitos de adaptación -tanto en hardware como en software- de las especificaciones técnicas.

Por último, el decreto 513/GCBA/2014 sustituyó el artículo 19 del decreto 441/GCBA/2014 en los siguientes términos “Al aplicarse tecnologías electrónicas, el sistema que se adopte a tal efecto podrá prever la emisión del acta y certificado de escrutinio, que contendrán los datos que requiere el presente artículo del Anexo II de la Ley N° 4.894 y los que determine la Autoridad de Aplicación. El acta y certificado de escrutinio, conforme el procedimiento que establezca la Autoridad de Aplicación, deben ser emitidos por la autoridad de mesa. El sistema podrá prever los mecanismos necesarios para que los datos arriba indicados sirvan como dato consolidado a los fines de la transmisión y totalización de los resultados electorales de cada Mesa receptora de votación a los fines del escrutinio por la Autoridad de Aplicación». Asimismo se sustituyó el artículo 23 del decreto 441/14 por el siguiente: «Artículo 23.- Establécese la incorporación y aplicación de tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral, en las etapas de emisión del voto, escrutinio de sufragios y transmisión y totalización de resultados electorales, en un todo de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 24 del Anexo II de la Ley N°4.894».

(c) Ahora bien, en cuanto al planteo de la delegación legislativa debe destacarse aquí que si bien es cierto que el artículo 84 de la CCABA -a diferencia del 76 de la CN- rechaza en forma absoluta la posibilidad de la delegación legislativa, no menos cierto es que en el caso en modo alguno se presenta tal supuesto.

1. En efecto, debe destacarse aquí que desde antaño la CSJN ponderó que “siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”(caso “Ríos Ramos y otros”, Fallos 1:32 de 1863).

En esta inteligencia, posteriormente clarificó la diferencia entre la delegación de materia propia del Poder Legislativo en el Ejecutivo y la potestad reglamentaria de éste último órgano supremo del Estado respecto de las normas dictadas por el primero cuando la Constitución Nacional, antes de la reforma de 1994, no reconocía ni hacía mención en su texto sobre los denominados “reglamentos delegados” situación análoga a la que refleja el texto vigente de la CCBA, salvo claro está para determinar la nulidad de la delegación legislativa en materia tributaria (v. art. 51).

Así en el caso “Delfino” (Fallos 148:430 de 1927), el Alto Tribunal destacó con claridad meridiana en sus considerandos 5 y 6 que “… ciertamente, el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente conferidos. Es este un principio uniformemente admitido como esencia para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución (…) ”; agregando: “Existe una distinción fundamental entre la delegación del poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido aún en aquellos países en que, como los Estados Unidos de América, el poder reglamentario del Poder Ejecutivo se halla fuera de la letra de la Constitución.”.

Esta doctrina es aplicada sobre una cuestión de naturaleza penal en la causa “Mouviel” (Fallos 237:636 de 1957); el dictamen del Procurador Sebastián Soler en este pronunciamiento ponderó que “La diferencia entre una indebida delegación de atribuciones legislativas y una simple remisión al poder reglamentario del Presidente de la República para reglar pormenores y cuestiones de detalle, se estableció con toda claridad en el (…) caso de Fallos 148:430 [citando textualmente el considerando 6 de este pronunciamiento supra transcripto].”.

En el dictamen ejemplifica adecuada y gráficamente los parámetros necesarios para definir la delegación legislativa en lo que al caso en estudio se refieren.

En esta inteligencia y mutatis mutandi, puede concluirse que la delegación legislativa se presentará -esencialmente- (i) cuando existe un traspaso o transferencia de una porción de facultades o atribuciones que resultan propias del poder legislativo en tanto le fueron conferidas -en forma expresa o razonadamente implícita- por la Constitución, y (ii) cuando dicho traspaso se presenta ilimitado, sin ofrecer adecuados taludes que impidan su desborde. Esto es lo que prohíbe la Constitución local en cuanto su artículo 84 establece lisa y llanamente “La legislatura no puede delegar sus atribuciones” en consonancia con lo dispuesto por vía de principio por la primera parte del artículo 103: “El Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo (…)”.

El Poder Legislativo determina -siempre dentro del marco de sus atribuciones-el rumbo y los límites, decisión que no puede delegar. Por su parte el Administrador será el encargado de la ejecución de la manda, como infra se lo expone.

2. En el mismo sentido que lo señalara en mi voto de la causa “Piñero, Alicia Nilda c/ GCBA s/acción declarativa de inconstitucionalidad” Expte. 9743/13, sentencia del 29/10/14, desde Fallos 148:430 (causa “Delfino”, 1927) también se determinaron los límites entre los reglamentos de ejecución de las leyes (entonces art. 86 inc. 2 de la CN) y la delegación legislativa.

La CSJN clarificó que la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo encuentra su base en la determinación de los pormenores y detalles necesarios para la ejecución legal -v. en igual sentido Fallos 237:636 y 270:42, entre otros-, y encuentra su limitación constitucional en la no alteración del espíritu de la norma por vía de excepción reglamentaria (v. art. 99 inc. 2 y art. 102 de la CCABA).

En cuanto a los límites de la reglamentación -principalmente por exceso- ese Alto Tribunal señaló que: “El Poder Ejecutivo no excede la facultad reglamentaria que le acuerda la Constitución por la circunstancia de que no se ajuste en su ejercicio a los términos de la ley, siempre que las disposiciones del reglamento no sean incompatibles con los preceptos legales, propendan al mejor cumplimiento de los fines de aquélla o constituyan medios razonables para evitar su violación y se ajusten así, en definitiva, a su espíritu.” (Fallos 232:287; 269:120 entre otros), e incluso llegó a convalidar la subsistencia de una reglamentación que había perdido su ley marco originaria, en tanto no se había demostrado en la causa la incompatibilidad con el sistema establecido por una nueva ley que la reemplazaba (Fallos 300:271).

En tal sentido, podemos concluir -sin entrar en muchas otras cuestiones relativas a los límites de este tipo reglamentario que no sirven a la decisión del caso en ciernes- que el núcleo conceptual a tener en miras está en que: (i) no es necesario que exista una relación formalmente exacta entre la ley y su reglamentación; por el contrario, resulta constitucionalmente válido que exista la posibilidad de que el Ejecutivo determine cómo la llevará a cabo o determine la instrumentación la manda legislativa, y (ii) a efectos de delimitar el exceso reglamentario debe tenerse en miras lo que el Alto Tribunal ha denominado “compatibilidad” normativa, esto es, que la decisión adoptada por el Ejecutivo sirva razonablemente -bajo una relación adecuada de los medios propuestos a los fines normativamente previstos- a cumplir con la ley. Así, si la reglamentación desnaturaliza la manda legal impidiendo o modificando de alguna forma los límites o sus “taludes” establecidos por fuera del rumbo normativamente determinado, se verifica la alteración del espíritu normativo por vía de excepción reglamentaria. En suma, la reglamentación debe servir a la instrumentación de la norma de la forma más razonable posible en atención a los límites por ésta última establecidos.

(d) De conformidad con los parámetros normativos y jurisprudenciales arriba expuestos, no encuentro en el caso que haya existido delegación legislativa alguna.

La posibilidad de incorporar las tecnologías electrónicas para las etapas descriptas en el artículo 23 del Anexo II de la ley 4894 bajo los principios exhaustivamente regulados en el artículo 24 de dicho cuerpo normativo se presentan con un claro carácter instrumental.

Los taludes o límites normativos aparecen definidos sobre la materia electoral que constitucionalmente le compete a la Legislatura establecer por vía legal en los términos que la Constitución local le confiere.

No hay traspaso parcial o total de una porción de competencia legislativa; existe solamente la manda al Poder Ejecutivo de -en su caso- aplicar razonablemente nuevas tecnologías electrónicas bajo los principios regulados claramente por la ley marco y bajo el contralor de la Autoridad de Aplicación.

En cuanto a los artículos de la reglamentación atacada, en primer lugar debe destacarse con carácter preliminar que la utilización del verbo “Establécese” en la reglamentación en modo alguno puede revelar la presencia de delegación legislativa. La existencia o no del supuesto no se puede determinar por el giro gramatical utilizado ni aún como indicio de su presencia.

Por lo demás no se aprecia, de conformidad con la confrontación reseñada en el punto (b) del presente, cuál es la “forzada” aplicación impuesta por la reglamentación en exceso de lo que la normativa prescribe, cuestión que tampoco es explicitada claramente por la actora.

Párrafo aparte debe dedicarse a la cuestión ventilada sobre la regulación de los apartados h) e i) de la reglamentación respecto de sus similares establecidos en el artículo 3 de la ley.

La parte entiende que existe un exceso reglamentario ilegítimo en tanto los precitados artículos “alteran el espíritu del sistema de Boleta Única adoptado por el Anexo II de la ley 4894”. Ello así, en tanto “…modifican radicalmente la organización y el espíritu del sistema (…) por cuanto, en lugar de disponer que todos los precandidatos y agrupaciones aparezcan en una única pantalla (como si fuera una Boleta Única de papel), dichos incisos establecen un sistema de elección en dos pasos y en dos pantallas (…)”. Agregan que la reglamentación en estudio “… quiebra esa unidad de precandidaturas, candidaturas y agrupaciones dividiendo la opción del elector en dos pantallas. De un sistema de Boleta Única se pasa a un sistema que bien podría denominarse de “pantalla doble”, todo ello mediante un decreto que constituye un claro exceso reglamentario.”.

Al respecto debe destacarse en primer lugar que lo que la parte denomina “sistema de pantalla doble”, es solamente un medio instrumental al efecto, esto es, un mecanismo adoptado para cumplir con una porción de los objetivos trazados por la norma en la determinación de la “Boleta Única” a fin de practicar el acto de sufragio.

Tal como se lo expusiera en el punto 2) apartado c) del presente, es necesario acudir al concepto de “compatibilidad” normativa para determinar el exceso de reglamentación, en el caso, establecer si el medio de instrumentación escogido por la reglamentación sirve o se ordena razonablemente -bajo una relación adecuada de medios a fines- al cumplimiento de la manda legal.

En esta inteligencia, debe ponderarse que el sistema previsto por los apartados h) e i) del reglamento en estudio, en el grado de desarrollo e implementación preliminar del proceso electoral que actualmente se encuentra en etapa de regulación y desarrollo, no se presenta como incompatible con la norma marco en tanto no impide o desnaturaliza la conformación de una Boleta Única, máxime, cuando su diseño y aprobación todavía no se encuentra definido, ni la parte refiere cuál es en definitiva el perjuicio concreto que la reglamentación le confiere a su mandante, a las restantes agrupaciones políticas que involucra, y/o a las autoridades de mesa o electores vinculados con el proceso electoral.

En suma, tal como se encuentra regulada hasta el momento la cuestión, no existe exceso reglamentario dado que la regulación prevista no aparece como irrazonable o incompatible con los efectos pretendidos por la norma ni se verifica un supuesto de delegación legislativa prohibida por la CCBA.

Lo arriba indicado me releva de efectuar consideraciones sobre el supuesto incumplimiento normativo de lo que la accionante entiende por “voto electrónico”, y por ende, analizar la inconstitucionalidad subsidiariamente planteada al respecto por inobservancia de lo establecido en el artículo 25 de la ley.

Por todo lo expuesto, la acción interpuesta a fs. 6/24 y 102/106 debe ser rechazada, con costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida (cf. arts. 43 ley n° 402 y artículos 62 y 63 CCAyT).

Así voto.

La jueza Ana María Conde dijo:

1. La presente acción intenta obtener la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 23, 24 y 25 del Anexo II, de la ley nº 4894 y de los arts. 3, 4, 6, 14, 23 y 24 del decreto reglamentario nº 441/GCBA/2014 (fs.6/24), así como de los arts. 1 y 2 del decreto reglamentario 513/GCBA/2014 (fs. 102/106), basándose centralmente en tres impugnaciones:

a) La parte actora aduce que las normas cuestionadas “constituyen una delegación constitucionalmente prohibida de la Legislatura al Poder Ejecutivo de las competencias en materia electoral y derechos políticos establecidas por la Constitución de la Ciudad (cf. arts. 84, 82 inciso 2, 80 inc. 1, 69 y 103)” (fs. 16). Sostiene que la Legislatura no adoptó “la decisión política de incorporar tecnologías electrónicas en el proceso electoral sino que delegaron en el Poder Ejecutivo dicha decisión” (fs. 16 vuelta) y que en consecuencia, los citados artículos del decreto reglamentario nº 441/GCBA/2014 constituyen el ejercicio de atribuciones que le fueron delegadas ilegítimamente.

b) Alega, además, que “no se ha cumplido con el trámite de comunicación y ratificación de la adopción del voto electrónico por parte de la Legislatura (…), conforme lo exigido por el art. 25 del Anexo II de la ley 4894” (fs. 20 y vuelta), lo que torna inválidas las disposiciones mencionadas de los decretos 441/GCBA/2014 y 513/GCBA/2014, que reglamentan diversos aspectos del procedimiento de votación mediante el uso de tecnologías electrónicas.

c) En forma subsidiaria, para el caso de que fueran consideradas válidas las normas cuya validez constitucional se impugna, cuestiona los incisos h) e i) del artículo 3 del decreto reglamentario nº 441/GCBA/2014 por entender que configuran un “exceso reglamentario” pues, “en lugar de disponer que todos los precandidatos y agrupaciones aparezcan en una única pantalla (como si fuera una Boleta Única papel), dichos incisos establecen un sistema de elección de dos pasos y en dos pantallas: Primero – el elector visualiza las opciones electorales por agrupación política pudiendo votar por lista completa. – Segundo, y solo para el caso que no haya optado por la lista completa, el elector puede optar por cada categoría de cargos a elegir en una segunda pantalla” (fs. 22 vuelta/23).

2. Corresponde considerar, en primer término, los cuestionamientos que se sustentan en la pretendida delegación de competencias legislativas hacia el Poder Ejecutivo.

Con fecha 9 de diciembre de 2013 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la Ley n° 4894 “Rég imen Normativo de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas” (B.O. n° 4483 del 18/09/2014), que dispuso -en lo que aho ra importa-, la utilización del sistema de voto por Boleta Única “…para los procesos electorales para cargos públicos electivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como para los procedimientos de participación ciudadana consagrados en los arts. 65, 66 y 67 de la Constitución de la Ciudad (…) de acuerdo con los criterios que se establecen en la presente ley” (Artículo 1, Anexo II, Ley 4894). Con tal fin especificó, con pautas claras, en los arts. 3, 4, 5, 6, 7 y 8 las características de la Boleta Única, su diseño, el orden de la oferta electoral, su oficialización y su confección.

Para llevar adelante el proceso electoral, además, la ley 4894 previó la posibilidad de utilizar tecnologías electrónicas y así dispuso:

“Artículo 23.- Incorporación de Tecnologías Electrónicas. El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá incorporar tecnologías electrónicas en el procedimiento electoral, bajo las garantías reconocidas en la presente Ley y en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se entiende por procedimiento electoral todas las actividades comprendidas en las diversas etapas de gestión y administración de una elección. Las etapas del procedimiento electoral son las siguientes:

a. Producción y actualización del registro de electores;

b. Oficialización de candidaturas;

c. Identificación del elector;

d. Emisión del voto;

e. Escrutinio de sufragios; y

f. Transmisión y totalización de resultados electorales.

La incorporación de tecnológicas electrónicas puede realizarse para una, varias o todas las etapas del procedimiento electoral.

Artículo 24. Principios aplicables a la incorporación de Tecnologías Electrónicas. Toda alternativa o solución tecnológica a incorporar en cualquiera de las etapas del procedimiento electoral debe contemplar y respetar los siguientes principios: