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JURISPRUDENCIAAccidente de tránsito. Automóviles. Responsabilidad objetiva. Vicio o riesgo de la cosa
Se hace lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por el actor, producto de un accidente de tránsito, habida cuenta de que el demandado no respetó la regla de la prioridad de paso, que establece que en las bocacalles se debe ceder el paso a quien circula desde su derecha hacia su izquierda. Asimismo, se destaca que la circunstancia de que un auto arribe en primer lugar a la bocacalle o de encontrarse finalizando el cruce resulta intrascendente para la aplicación del principio.
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 17 días de Mayo de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Carlos Enrique Ribera y Hugo O.H. Llobera (artículos 36 y 48 de la ley 5.827), para dictar sentencia en el juicio: “G. L. C. A. C/M. A. M. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
CUESTION
¿Es justa la sentencia apelada?
VOTACION
A LA CUESTION PLANTEADA EL DR. LLOBERA, DIJO:
I. Los antecedentes del hecho
La actora afirma en su demanda, que el día 3 de noviembre de 2006, siendo aproximadamente las 16.30 hs. circulaba en su vehículo Ford Galaxy …, por la calle Eduardo Costa de la localidad de Acassuso del Partido de San Isidro, en sentido Norte Sur y que al llegar a la intersección con la calle Perú, fue embestido en el guardabarros delantero izquierdo por el vehículo Fiat Duna dominio … conducido por la demandada M., quien se trasladaba por ésta última arteria, en sentido Este a Oeste, a excesiva velocidad. Dicho impacto le provocó daños materiales a su rodado y le ocasionó las lesiones por las que reclama (fs. 65/76).
II. La sentencia
El fallo hace lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta por L. C. A. G. y condena a A. M. M. a abonarle al actor la suma de $ 243.165, con más los intereses que establece, a la tasa denominada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires como “Tasa pasiva- plazo fijo digital a 30 días” desde la fecha del hecho hasta el momento de su efectivo pago. Impone las costas a la demandada. Hace extensiva la condena a S. B. R. C. L., en la medida del seguro y difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (fs. 392/399).
III. La apelación
La demandada y la citada en garantía apelan la sentencia (fs.400) y expresan agravios (fs.414/421), los que fueron contestados por la actora (fs. 425/429).
IV. Los agravios:
1. Deserción del recurso
Al contestar los agravios el actor solicita se declare desierto el recurso presentado por los accionados, por cuanto a su criterio, no cumplen con los requisitos previstos por el art. 260 primer párrafo del C.P.C.C. En consecuencia, con carácter previo al eventual análisis de aquellos, corresponde tratar el pedido de deserción.
Para resolver esta cuestión, es necesario tener presente que expresar agravios consiste en el ejercicio del control de juridicidad mediante la crítica de los eventuales errores del Juez y al ponerlos en evidencia, obtener una modificación parcial o íntegra del fallo en la medida del gravamen que ocasiona.
Bajo ese concepto, el Tribunal de Alzada no puede examinar consideraciones de tipo genérico que denotan una mera disconformidad subjetiva con la sentencia y que por tanto son insuficientes como fundamento del recurso (C.P.C.C: arts. 246 y 260).
Entiendo que la facultad de declarar desierto un recurso ante la insuficiencia de la expresión de agravios, debe ejercerse por la Alzada con un criterio restrictivo, ya que lo contrario puede llevar a que, en forma arbitraria se afecte el derecho de defensa del recurrente.
En mi parecer, la expresión de agravios de la demandada y su aseguradora se refiere en forma concreta a la sentencia y a las constancias de autos para apoyar su reclamo.
En razón de los expuesto y siguiendo el criterio adoptado por esta Sala en casos precedentes (“Reynoso, Jorge c/ Kriptonite S.A. y otro”, causa nº 100.470; “Zárate, Aníbal J. c/ Transportes Avda. B. Ader S.A. y otro”, causa nº 102.592; “Olivera, Daniel A. c/ Hazmat S.A.”, causa nº 101.100; “Peñalva, Jorge – Vivas, Mirta G., Peñalva, Ornella L. c/ Maestretti, Roberto L.”, causa nº 102.722; “López, Daniel A. c/ Empresa Ciudad de San Fernando y otro”, causa nº 99.866; “Herrera Cabrera, Michel Franklin c/ Municipalidad del Pilar y otros”, causa nº 100.375; “Maldonado, María Luisa c/ Castronuovo, Marcelo Alejandro y Otro”, causa nº 100.883, causa 37.332/2010; entre muchos otros), propongo se le tenga por cumplido al apelante la carga que le impone el art. 260 del C.P.C.C.
En razón de lo dicho y de compartirse este criterio, corresponde proceder al análisis de los agravios.
2. La atribución de responsabilidad
a) El planteo:
Se agravian los accionados porque el sentenciador decidió que no existió culpa del actor en la producción del accidente y le atribuyó la total responsabilidad a su parte. Argumenta:
* Que el magistrado se equivocó al desestimar sus defensas; efectuó una errónea interpretación con relación a la prioridad de paso de quien circula por la derecha.
* Que tuvo por sentado que no se dio en la especie ninguna de las excepciones a dicha norma; pero de la pericial mecánica surge la existencia de un cartel de “Pare” sobre la arteria por la cual circulaba el actor, antes de llegar a la intersección con la calle Perú.
* Que esa expresa indicación constituye sin duda una excepción a la regla general y robustece la prioridad de paso a su favor.
* Que el actor tuvo el carácter de embestidor y ello ha puesto de manifiesto la falta de dominio de su vehículo.
Entiende que habiendo quedado acreditada la ruptura del nexo causal con los daños que sufrió el actor y su vehículo, en virtud de lo normado por el art. 1113 del C. Civil, corresponde se desestime la demanda.
El reclamante al responder los agravios, sostiene que, el argumento que su contraria pretende introducir en esta etapa, carece de sustento fáctico y jurídico. Afirma que no fue parte de su defensa al contestar la demanda y por tanto no fue sometido a decisión por el magistrado de grado; y que lo expuesto es falso. Refiere que jamás mencionó el perito ingeniero mecánico la existencia de un cartel de “Pare”, no surge del croquis y tampoco de las fotografías del lugar del accidente. Sostiene que no medió de su parte una conducta que interrumpiera el nexo causal entre el hecho y el daño, por lo cual resulta de aplicación la responsabilidad objetiva que establece el art. 1113 del C. Civil en cabeza del demandado. Pide se rechace el agravio.
b) El análisis
i. El derecho aplicable
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994, en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015 (ley 27.077 B.O. 19/12/2014), en el art. 7º dispone: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
En el supuesto bajo tratamiento no se advierte una relación de consumo, por lo cual resulta aplicable al presente la ley vigente al momento del hecho (3-11-2006), es decir el Código Civil, toda vez que la obligación nació en el momento en que éste se produjo y las partes adecuaron sus conductas a las normas vigentes al tiempo del suceso (causas N° 30.282/2008, 13.737/2012, 92.045, entre otras).
ii. La responsabilidad objetiva (art. 1113 Código Civil)
El art. 1113 del Código Civil, vigente al tiempo del hecho, establecía que en los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa.
La cuestión en más compleja cuando el daño fue causado por el riesgo o vicio de la cosa. Aquí el dueño o guardián sólo se eximirá en forma total o parcial de responsabilidad, demostrando la culpa de la víctima, de un tercero por el que no deba responder, el caso fortuito o la fuerza mayor.
Se trata de una responsabilidad de carácter objetivo, en la que no se atiende a la noción de culpa, ni siquiera de voluntariedad; por ello no es relevante la conducta del sujeto a quien se le atribuye.
Para que aquella tenga lugar basta que exista un resultado dañoso y un vínculo de causalidad material entre ese resultado y el sujeto a quien se hace responsable (Moisset de Espanés, El Acto Ilícito y la Responsabilidad Civil en La responsabilidad, Homenaje al Prof. Dr. Isidoro Goldenberg, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1995, p. 100).
En estos casos la víctima no necesita probar la culpa del dueño o guardián; le alcanza con acreditar la relación de causalidad entre el daño sufrido y la cosa riesgosa cuya titularidad o guarda atribuye al accionado. Para ello debe probar que aquella intervino en el daño y que este provino, de alguna forma, del contacto con ella.
Así lo ha sustentado esta Sala en numerosas causas, entre las que cabe citar: n° 96.455, “Pérez, Ángel Alberto c/ Berrone, Sergio Julio”; n° 101.711 “Tonconogy, Sergio E. c/ Parrot, Guillermina y otro”; n° 100.470, “Reynoso, Jorge c/ Kriptonite S.A. y otro”; nº 100.883, “Maldonado, María Luisa c/ Castronuovo, Marcelo Alejandro y otro”; nº 102.862, “Ojeda, Abel E. c/ La Independencia S.A.T.”; nº 103.253, “Marshall, Juan José c/ Márquez, Lázaro S. y otro”; nº 103.461, “López Reggi, Agustín c/ Pecorelli, Bruno”; entre muchas otras).
iii. El caso cuando intervienen dos cosas riesgosas
Cuando nos hallamos ante un accidente protagonizado por dos cosas riesgosas, como es el supuesto de los que tienen lugar entre automotores y/o motocicletas y/o bicicletas, la doctrina ha señalado claramente la aplicación de este principio (Trigo Represas, Félix, Aceptación jurisprudencial de la tesis del riesgo recíproco en la colisión de automotores, L.L. 1986-D- 479/485 y Un nuevo trascendental aporte a la teoría del riesgo recíproco en la colisión de automotores, L.L., 1990-B-274/280).
La jurisprudencia también se ha inclinado en forma mayoritaria en cuanto a la plena vigencia que aquél principio, en casos como los mencionados. Así, la Suprema Corte provincial descartó la tesis de la «neutralización» y afirmó la vigencia en nuestro derecho de la tesis del riesgo recíproco («Sacaba de Larosa v. Vilches», del 8/4/86 [5], L.L., 1986-D-483/486; «Arozena de Gando v. Árias», del 17/4/90, L.L. 1990-D-25/26). En igual sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso «Empresa Nacional de Telecomunicaciones v. Prov. de Buenos Aires y otro», del 22/12/87, L.L., 1988-D- 296/301); la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (J.A. 1990-IV-363/365); y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en pleno, 10/11/1994, “Valdez, Estanislao F. v. El Puente S.A.”, J.A., 1995-I-280, Lexis Nº 951096).
El Código Civil y Comercial de la Nación, también contempla la responsabilidad objetiva (ley 26.994- Anexo I, arts. 1721, 1722, 1757, 1758 y concordantes).
iv. La exención por culpa de la víctima o de un tercero
La apreciación de la prueba sobre la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no se deba responder, se debe realizar de modo estricto, por cuanto se trata de desvirtuar una regla general, dejando sin efecto la presunción legal arriba mencionada.
Es necesario que en el proceso se logre recrear la situación fáctica acaecida y la demostración de su
coincidencia con el supuesto contemplado en la norma para asignarle las consecuencias jurídicas en ella previstas.
Así el art. 375 del C.P.C.C. prescribe que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invocare como fundamento de su petición.
Por esto los hechos constituyen el objeto de la prueba judicial. A través de ella serán recreados en el expediente, adquiriendo una vida propia más o menos coincidente con la verdad ocurrida.
La jurisprudencia de esta Sala así lo ha señalado, en numerosas causas: n° 92.388, “Garrote de Galván, Estela c/ Municipalidad de San Isidro”; nº 100.375, “Herrera Cabrera, Mitchel Franklin c/ Municipalidad del Pilar y otros”; n° 101.738, “Melul, Mirta Raquela c/ Camperchioli, Andrea Vanina”; nº 103.253, “Marshall, Juan J. c/ Márquez, Lázaro S. y otro”; entre otras.
v. Análisis de la prueba
El actor, en su versión de los hechos, sostiene que al llegar a la intersección de las calles Eduardo Costa y Perú, el automóvil Fiat Duna dominio … conducido por la demandada que circulaba por ésta última a gran velocidad lo colisionó en el ángulo izquierdo del guardabarros. Afirma que contaba con prioridad de paso porque su vehículo circulaba por la derecha.
A. M. y su aseguradora (fs. 80/85 y 92/96), niegan la mecánica reseñada por el actor. Expresan que cuando comenzó a trasponer la mencionada bocacalle fue embestida de manera violenta por el Ford Galaxy conducido a excesiva velocidad por el actor, quien no aminoró la marcha al llegar al cruce y no respetó la prioridad de quien había arribado primero.
Agregan ahora los recurrentes que el sentenciador no tuvo en cuenta el cartel de “Pare” existente sobre la calle Eduardo Costa, tal como surge de la pericial mecánica. Afirman que este indicador excluye la prioridad de paso alegada por el demandante.
El ingeniero mecánico (fs.178/181), luego de inspeccionar la zona, efectuó un croquis del lugar del hecho y su entorno. Indicó que la demandada se desplazaba con el Fiat Duna por la calle Perú hacia la calle Eduardo Costa por la que circulaba el actor y que en la intersección no hay semáforos. Refirió que no existen elementos que le permitan observar si los vehículos efectuaron alguna maniobra de esquive o frenada; tampoco las velocidades. Concluyó que conforme las constancias del expediente y de la causa penal, los daños del rodado Ford Galaxy del actor, “…podrían ser consecuencia de un evento con la mecánica indicada en el croquis adjunto al presente informe, ya que existe relación de causalidad en cuanto a lo accidentológico se refiere…”. Dibujó en el croquis un indicador de tránsito de “cruce peligroso” ubicado en la calle Eduardo Costa metros antes de llegar al cruce con Perú.
La parte actora pidió una ampliación de la pericial a fin de dar respuesta al punto relacionado con la pérdida del valor venal del vehículo y al costo de las reparaciones (fs. 250), las que fueron respondidas por el perito luego de inspeccionar el rodado (fs. 283/284). Por su parte los accionados observaron dicho informe (fs. 256/257) en cuanto a sus conclusiones respecto a la mecánica del accidente, lo cual no mereció respuesta del perito, pues los interesados no impulsaron el traslado correspondiente.
Por tanto, no existiendo ninguna prueba que lo desvirtúe, no encuentro mérito para apartarme de sus conclusiones; los jueces, podemos pronunciarnos de acuerdo con lo que el experto ha apreciado y la convicción que ofrezcan los demás elementos de prueba (doct. arts. 384, 462, 474 del CPCC.).
vi. Prioridad de paso
Del croquis efectuado por el ingeniero mecánico, se desprende el sentido de circulación, la ubicación de los vehículos y el entorno del lugar, y con ello se pone en evidencia la prioridad de paso en la encrucijada. No había en la bocacalle un indicador de “pare” como sostienen los recurrentes, el cual sin duda hubiera desplazado al actor en su privilegio, sino de “cruce peligroso”. A mi entender ésta no es una señalización que haga perder la prioridad del actor, sino que supone un control mayor en el dominio del rodado y una velocidad prudente al momento de trasponerlo.
Establecía el artículo el artículo 57 de la Ley 11.430, vigente al momento del accidente, que el conductor que llegue a la bocacalle tiene la obligación de reducir la velocidad, y ceder el paso al vehículo que se presenta a su derecha; y sólo se pierde ante determinados supuestos que enumera ésta regla, los cuales no se dieron en el caso.
En reiteradas oportunidades esta Sala ha dicho (causa nº 98.662, entre muchas otras) que la regla general respecto al cruce en bocacalles es que quien llegue a la misma debe “en toda circunstancia” ceder el paso a quien circula desde su derecha hacia su izquierda y así lo establecía el art. 57 “C” inc. 2º del Código de Tránsito, ley 11.430 aplicable en la especie conforme la fecha del accidente.
La circunstancia de arribar en primer lugar a la bocacalle o de encontrarse finalizando el cruce, resulta intrascendente. Ello ya que el demandado, al circular por la izquierda, previo a trasponer la encrucijada, debió cerciorarse en forma eficiente acerca de la existencia de cualquier rodado circulando por su derecha, para no constituirse en un obstáculo para quienes gozaban de prioridad de paso; en este caso el actor, circunstancias que entiendo, la conductora del automotor Fiat Duna no realizó.
La norma mencionada, es de la mayor importancia en el derecho de la circulación, puesto que tiende a solucionar conflictos de tránsito potenciales en espacios de uso compartido. Es que las bocacalles urbanas, en particular, constituyen el ámbito preferente no sólo para las colisiones de vehículos, lo que ocasiona la mayor parte de los accidentes, sino también para la formación de nudos de tránsito que se producen por la pretensión de avanzar en forma prioritaria desde distintos puntos de ingreso.
Es un deber de todo conductor observar una conducta que evite el riesgo objetivo en el cruce de una bocacalle urbana, o de cualquier tipo de cruce. Depende de modo fundamental de la actitud personal de quien conduce el vehículo, altransitar la intersección y es por eso que estimo primordial enfatizar, que la preferencia en el cruce se ha establecido por razones de organización y seguridad propia y de terceros (Tabasso Cammi, Carlos, Preferencias del Ingreso prioritario, de la derecha-izquierda y de ipso, en Revista Derecho de Daños, Accidentes de tránsito Vol. III, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1998, p. 7).
Por ello, la jurisprudencia cada vez otorga mayor énfasis a la regla que impone ceder el paso a quien circula a la derecha, por ser ésta una norma de carácter objetivo, indispensable para el ordenamiento del tránsito. Obliga a quien no tiene preferencia, a prestar la mayor atención a la circulación del lado contrario, a fin de frenar oportunamente y ceder el paso; no cumple esa obligación quien, calculando bien o mal las distancias y velocidades de ambos vehículos, pretende pasar de modo prioritario (causa nº 84.180, “Verón, Juan Carlos c/ Empresa de Transportes Los Andes S.A.C. – línea 78 – y otros s/ daños y perjuicios”).
La Suprema Corte de esta Provincia se ha pronunciado sobre la obligatoriedad de ceder el paso a quien circula por la derecha (SCBA, 11 de marzo de 1997 “Marzio c/ Fuentes s/ daños y perjuicios”, citado por Piedecasas, Miguel A. La Prueba en los Procesos por Accidentes de Tránsito, en Revista de Derecho de Daños “Accidentes de Tránsito”, Vol. I, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe 1998, p. 227), conducta que debió ser respetada por el demandado y que evidentemente no cumplió.
No se advierte, que al conductor del Ford Galaxy, quien gozaba de la prioridad de paso, se le pueda imputar conducta reprochable alguna; no se acreditó la excesiva velocidad imputada en la contestación de demanda, ni la existencia del cartel de “Pare” y tampoco la calidad de embestidor. No obstante, éste último es un dato relativo que por sí sólo no define responsabilidad; si así fuere bastaría en todos los casos, acelerar para ganar el paso o a lo sumo que la parte impactada sea la lateral trasera, eludiendo, con ese simple recurso la culpa por haber realizado una maniobra indebida (causas nº 104.750, 107.510, entre otras). No obstante, en el caso los daños del rodado del actor se ubicaron en el lateral delantero izquierdo (fs. 283).
Tal criterio, vale señalar, resulta coincidente con la doctrina sentada por el Superior Tribunal Provincial, según la cual la circunstancia que un rodado sea embestidor no autoriza -por sí solo- a establecer la responsabilidad de su conductor, cuando fue el vehículo embestido el que al violar la prioridad de paso se interpuso indebidamente en la marcha de circulación del rodado (conf. causa C. 102.703, sent. de 18-III-2009 y sus citas), prioridad que -como es sabido- no está condicionada al arribo simultáneo a la encrucijada (conf. Ac. 58.668, sent. de 11-III-1997; Ac. 64.363, sent. De10- XI-1998, Ac.108.063, 9-5-2012).
vii. Conclusión
En función del análisis precedente, tengo por acreditado el supuesto fáctico de la pretensión y la convicción que fue la actitud de la accionada A. M. M. la que constituyó un actuar por demás imprudente, relevante en su producción y generador del riesgo, al arribar a la intersección y no respetar la prioridad de paso. No obra en la causa ninguna prueba que acredite responsabilidad, aunque sea parcial de la víctima, de un tercero por el que no deba responder, el caso fortuito o la fuerza mayor, como causal de eximición de la obligación de responder (art. 1113 últ. parte del Cód. Civ., en igual sentido art. 1729 del CCCN).
c) La propuesta al Acuerdo
En razón de todo lo expresado y lo dispuesto por los arts. 1113 y concordantes del Código Civil (en similar sentido arts. 1757, 1758, 1769 y 1729 del CCCN); arts. 375, 384, 474 y conc. del C.P.C.C., propongo al Acuerdo confirmar la sentencia apelada en cuanto a la responsabilidad de la demandada.
3. Rubros indemnizatorios
3.1. Daño físico
a) El planteo
El sentenciador consideró prudente establecer la suma de $ 142.200 para reparar la minusvalía física que afecta al actor.
La demandada y la citada en garantía se agravian porque consideran que el monto establecido configura un enriquecimiento indebido del reclamante y un empobrecimiento injustificado de su parte. Argumenta que el magistrado se apegó a la cuantificación de la incapacidad asignada por el perito médico y valoró con excesiva generosidad el 30% que le atribuyó, sin tener en cuenta que no es vinculante para los jueces y lo llevó a resolver “ultra petita”. Sostienen que omitió analizar los cuestionamientos que efectuaron al impugnar el informe pericial médico y psiquiátrico, los cuales trascriben. Refieren que la sentencia no menciona otras circunstancias que resulten indispensables a la hora de determinar la indemnización, es decir, la situación económica y social de la víctima y tareas laborales. Solicita se reduzca a una suma notablemente menor.
El actor al contestar los agravios sostiene que de manera expresa reclamó un monto estimado “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse”. Afirma que la cuantificación que determinó el perito resulta ajustada a sus lesiones, que debió ser intervenido quirúrgicamente a raíz del accidente, padeciendo las secuelas postraumáticas en su columna; las cuales quedaron acreditadas con las historias clínicas acompañadas al expediente. Expresa que la queja deviene improcedente, en virtud del principio de preclusión, porque los recurrentes fueron negligentes en la producción de su prueba; al no cumplir el traslado de las observaciones a las pericias. Piden se confirme la sentencia.
b) El análisis
i. Caracterización.
El daño está configurado por una lesión, que se define como una alteración a la contextura física y/o psíquica. En el primer supuesto comprende las contusiones, escoriaciones, heridas, mutilaciones y fracturas en general, alcanza todo deterioro en el aspecto físico o mental de la salud, aunque no medien alteraciones corporales.
Lo indemnizable es el daño que se traduce en una disminución de la capacidad de la víctima en sentido amplio, que comprende la aptitud laboral y los restantes aspectos de su vida social, cultural, deportiva, etc. (Cód. Civil, art. 1086).
Es decir, que las afectaciones dan lugar a una indemnización en la medida que ellas importen una disminución de las funciones, sin que estas deban considerarse nada más que desde la óptica del trabajo, sino desde la plenitud psico-física de la que todo ser humano debe gozar como persona conforme al orden natural (Const. Prov., arts. 10, 12 y 15; Const. Nacional, art. 75 inc. 22; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 3 y 8; Convención Americana sobre Derechos Humanos-Pacto de San José de Costa Rica, art. 5.1).
ii. Determinación pericial
A efectos de determinar la existencia de una lesión y la medida en que ella incide en la plenitud de la persona, se hace necesario recurrir a la prueba pericial médica.
En esta materia, corresponde atenerse a las conclusiones del informe del perito designado en la causa.
No obstante, es sabido que el dictamen pericial no es vinculante para el juez. Por ello, podrá apartarse en forma total o parcial de sus términos cuando, tomando en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que fundamenta su opinión, la concordancia de su aplicación con los principios de la sana crítica, en su caso las observaciones formuladas por las partes y los demás elementos de convicción que ofrezca la causa, lo lleven a la convicción de que la pericia no reviste la solidez científica para ser tomada como elemento de prueba (CPCC. art.474).
En el caso que se deseche el informe pericial resulta necesario aducir razones muy fundadas, porque el conocimiento del perito es ajeno al hombre de derecho (Fenochietto, Carlos E. – Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado con el C.P.C.C. de la Provincia de Bs.As., Astrea, Bs.As., 1987, p. 524).
El perito médico, luego de examinar al reclamante, concluyó que el actor presenta una secuela postraumática en las vértebras cervicales y miembros superiores derecho con repercusión, las cuales pudieron ser ocasionadas de la forma en que se relata la demanda. Observó cicatrices extensas y adherentes en las regiones indicadas por neurocirugía. Determinó una “…incapacidad parcial y permanente del 30% (veinte y cinco) de la total obrera según la tabla general de incapacidades Bonet Medicina Legal página 786 B, FG…”. Aclaró que no contestó el punto 3 porque no se encontraba agregada la historia clínica (fs. 183/184).
Este informe médico fue observado por la parte actora (fs. 249) mereciendo su oportuna respuesta (fs.289 bis, 297).
Por su parte, la demandada y la citada en garantía (fs. 253/254), también le solicitaron explicaciones al perito, las que fueron contestadas por el experto, sin modificar sus conclusiones (fs. 360).
Posteriormente, el magistrado intimó al perito para que informe de manera precisa cada una de las secuelas que padece el actor en la esfera física como consecuencia del accidente; le solicitó que se refiera en forma concreta a las constancias documentales que tuvo en cuenta para arribar a dicha conclusión y que establezca el porcentaje de incapacidad que le asigna (fs.365). El experto contestó, que la victima padece: cervicobraquialgia, consecuencia directa de las lesiones habidas por traumatismo producto del accidente de autos; efecto de latigazo cervical y contractura muscular paravertebral por perdida de lordosis; y cicatriz en la rama ascendente del maxilar de 0.07 m. de longitud (fs. 383). El 7 de julio de 2015, brindó las explicaciones que le fueron requeridas (acta de fs. 385) y ratificó lo expuesto en la pericia presentada a fs. 183/184, en cuanto a que la incapacidad que padece el actor por daño físico totaliza un 30 %; que en ese porcentaje no computó el daño estético y que tuvo en cuenta la historia clínica del Hospital Churruca obrante a fs. 221/244. Pese a encontrarse notificados (fs. 387), los accionados no asistieron a esta audiencia.
El perito médico, también presentó un dictamen psicológico, teniendo en cuenta un psicodiagnóstico (fs. 327/335) que adjuntó el actor y concluyó que a raíz del accidente se encuentra afectado por una reacción vivencial anormal neurótica RVGAN G II, que le generó una incapacidad del 20%. Recomendó la necesidad de un tratamiento por un lapso no menor a un año, de dos sesiones semanales (fs.340/342). Este informe fue cuestionado por los recurrentes (fs.346) y lo hacen en sentido similar en los agravios. Sin embargo, el porcentaje de incapacidad psicológica no fue considerado por el magistrado como daño físico y tampoco psíquico, sino para establecer el costo del tratamiento terapéutico y al respecto no se ha expresado ninguna queja, quedando consentido éste aspecto de la sentencia.
Con lo dicho y pese a los agravios vertidos por los recurrentes, no existiendo ninguna prueba que lo desvirtúe, tampoco encuentro mérito para apartarme de sus conclusiones.
Al respecto recordemos que la prueba pericial es, en principio, el medio más idóneo para aclarar cuestiones de una especialidad técnica ajena al conocimiento judicial.
Esta se produce a través del perito, que es un sujeto ajeno a las partes, con conocimientos técnicos de los que carece el juez o, por lo menos, no está obligado a conocer, ya que su deber se circunscribe al conocimiento del derecho. Se trata de un auxiliar del órgano judicial, con conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada (cfr. Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado con los códigos provinciales, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, t. 2, p. 644 y ss.).
En consecuencia, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos y científicos, y concuerda con los demás elementos de ponderación arrimados al proceso, la sana crítica aconseja -en principio- que frente a la imposibilidad de oponer argumentos de igual naturaleza y de mayor peso de convicción, se acepten sus conclusiones (cfr. CNCiv., sala C, LL, 1991-E, 489 del 14/6/1991, Palacio Derecho Procesal Civil, V-514 y sus citas)(CNCiv, Sala I, “C., A.P. c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca S.A.”, LL, ejemplar del 12/11/2004, p. 7).
Es menester señalar que en numerosas oportunidades esta Sala se ha pronunciado con relación a la prueba pericial, sosteniendo que los peritos son auxiliares de la justicia cuya misión consiste en contribuir a formar la convicción del Magistrado quien, no obstante no estar ligado categóricamente a las conclusiones del peritaje, que es solo un elemento informativo sujeto a la apreciación del juez (SCBA, Ac. y Sent. 1957-IV-54; 1961- V-490), no significa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo (conf. causas 45.416 del 23-2-88, Sala 1°).
Considero que con la prueba pericial médica, el informe del Hospital de Vicente López (fs. 148/153), y la historia clínica del Hospital Churruca (fs. 220/244), ha sido probado tanto el daño en la salud, como su magnitud. Resta ahora valorizar la indemnización que le corresponde al reclamante.
iii. La cuantía de la indemnización
El principio de la reparación integral responde al concepto de aquella que sea justa, entendiéndose por tal la que ubica al reclamante, dentro de lo posible, en una situación equivalente a la que se encontraba si no hubiera acontecido la violación del derecho. La aplicación de este método requiere el cumplimiento de las siguientes reglas: a) el daño debe ser fijado al momento de la decisión; b) la indemnización no debe ser inferior ni superior al daño sufrido; c) la apreciación debe formularse en concreto.
Se caracteriza por conferir libertad al juzgador para valorar y cuantificar el monto indemnizatorio.
Ante una incapacidad genérica parcial, el damnificado puede padecer diversos grados de minusvalía específica. Esta, según el caso, puede producir una pérdida total de los ingresos previos al hecho, una parcial, no necesariamente semejante al grado de incapacidad o no producir ninguna mengua (Iribarne, Héctor Pedro, De los daños a la persona, EDIAR, 1993, p. 515).
El juez tiene la tarea de fijar una suma adecuada, con prescindencia de estimaciones incorrectas de las partes y hasta de opiniones periciales que a veces escamotean o agigantan los montos representativos de los daños sufridos (López Cabana, Roberto M., Limitaciones cualitativas y cuantitativas de la indemnización, L.L., 2000-F-1325).
Por ello, en la misión orientadora que deben tener los dictámenes periciales, resulta esencial que señalen en forma concreta qué consecuencias ha tenido la lesión en las actividades laborales que la víctima desarrollaba antes del accidente y qué limitaciones suscita en su vida cotidiana (Iribarne, Héctor Pedro, Indemnización por lesiones y por incapacidad. Pautas para su cuantificación, en la obra Responsabilidad por daños en el tercer milenio – Homenaje al Prof. Dr. Atilio Aníbal Alterini, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 305).
En razón de lo dicho queda claro que para cuantificar la indemnización que debe acordarse por un daño en la salud, es necesario disponer al menos de ciertos parámetros que permitan aquella valoración. Así, deberá ponderarse respecto de la víctima su edad, estado civil, nivel de preparación para su desempeño en actividades productivas o económicamente valorables su profesión u oficio, sus ingresos habituales, nivel de vida y condición social, entre otros (en el mismo sentido, S.C.B.A, Ac. Nº 45.258, 19-6-1990), todo ello a la fecha del evento dañoso.
En la estimación del monto indemnizatorio, resulta un elemento de singular importancia, no sólo la pericial médica referida a la incapacidad sino también las restantes pruebas que se hayan producido sobre los parámetros indicados en el párrafo precedente. En esta línea podremos disponer de declaraciones testimoniales, e informes de diversa naturaleza; todo ello tendiente a que quien debe juzgar cuente con elementos debidamente acreditados en la causa que permitan inferir, con relativa certeza, aquellos indicadores (CPCC. art. 375).
Debo señalar que el monto pretendido no actúa como tope indemnizatorio si lo pedido lo es con la salvedad de “lo que en más o en menos resulte de la prueba”, no siendo por ella lesiva de garantías constitucionales la sentencia que sobre la base de tal reserva acuerda una suma mayor a la reclamada (CSJN 25-2-75, LL 1975-V-382; SCBA, Ac. y Sent. 1976, v. III, p. 157; 1977, v. II. p. 662, entre muchas otras). Esto es lo que acontece en la hipótesis de autos, toda vez que de la atenta lectura del escrito de demanda se advierte que el reclamante pretende las cifras allí consignadas “o lo que en más o en menos surja de las probanzas que se produzcan en autos” (ver fs. 65 vta.).
El actor tenía a la fecha del evento 38 años de edad, era casado, y se desempeñaba como Suboficial de la Policía Federal Argentina (fs. 161/162). No se encuentran acreditados sus ingresos económicos.
No obstante la ausencia de estos indicadores, hallándose acreditado el daño padecido en su salud y sus secuelas, corresponde que se establezca el monto indemnizatorio, de conformidad con el principio de reparación integral (CPCC, art. 165, segundo párrafo).
iv. Los precedentes
Similares consideraciones a las que anteceden han sustentado numerosos precedentes de esta Sala (causas nº: 100.883, 93.308, 80.419, 89.892, 100.375, 101.709, 100.905, 10.927/2012 entre muchas otras).
c) La propuesta al Acuerdo
En virtud de lo dispuesto por los arts. 1068, 1069, 1083, 1086 y conc. del Código Civil (en similar sentido, arts. 1737, 1738, 1739, 1740 y 1746 del CCCN); arts. 272, 375, 384, 474 y conc. del C.P.C.C., tomando en cuenta el porcentaje de incapacidad estimada (30%) y las condiciones personales del reclamante, entiendo que la suma establecida en la instancia de origen ($ 142.200) no es elevada. Sin embargo, habiendo sido apelada sólo por los accionados, atento los límites del recurso, propongo al Acuerdo su confirmación.
3.2. Daño moral
a) El planteo.
Se estableció por este rubro la suma de $ 70.000.
La demandada y su aseguradora se alzan, por cuanto entienden que la cantidad otorgada para reparar el reclamo se encuentra sobredimensionada y sin adecuado sustento, dado que el demandante no soporta secuelas incapacitantes de envergadura. Afirman que la condena no se compadece con las circunstancias personales de la víctima ni con los padecimientos realmente soportados.
Solicitan que se recomponga el quantum a la verdadera entidad del daño sufrido.
El actor al contestar lo agravios, refiere que el sentenciador hizo una perfecta valoración de la incapacidad asignada y su afectación extrapatrimonial y que por ello no hay mérito para disminuir el monto de esta partida indemnizatoria.
b) El análisis
i. Caracterización
El daño moral está configurado por una afectación íntima que sufre la persona con motivo del actuar de terceros, que implica una injusta privación o disminución de los bienes que tienen valor fundamental en su vida y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (C. Civil, arts. 1078 y 1111; S.C.B.A, Ac. Nº 63.364, 10-11-1998, DJBA 156-17).
Su indemnización debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos del demandante, que constituyen aquello que se pretende reparar. La suma que se fije a tal efecto no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (S.C.B.A., Ac. Nº 51.179, 2/11/93).
Encuentra su fundamento en la obtención de una satisfacción compensatoria, y por ende, imperfecta, del dolor íntimo experimentado, a raíz del siniestro. A través de ella se procura la obtención de gratificaciones sustitutivas de aquellos bienes perdidos, como fuentes de gozo, alegría, estimables en la esfera psicofísica (Iribarne, H., De los daños a personas, p. 162, Ediar, Bs. As., 1993).
Para ello corresponde tener en cuenta que esta indemnización de carácter resarcitorio (C.S.J.N, 5/8/86, ED 120-649), debe atender a los sufrimientos psíquicos y afectivos sufridos por el demandante, valorándose la gravedad del ilícito cometido, sin que sea preciso que guarde relación con el daño material, ni con otros que se reclamen, pues no reviste carácter accesorio (C.S.J.N, 6/5/86, RED a-499).
ii. Los precedentes
Todas estas consideraciones han sido ponderadas en reiteradas oportunidades por esta Sala cuando ha debido fijar una indemnización por el rubro que aquí nos ocupa (causas Nº 101.321, 100.706, 102.722, 102.829, 100.883, 102.592, 101.100, 101.709, 10.927/2012 entre muchas otras).
iii. Las lesiones padecidas
El actor ha sufrido las lesiones que se han detallado al considerar el reclamo por incapacidad sobreviniente. Debe contemplarse, conforme la evaluación que efectuó el perito, que el demandante presenta secuelas como dolor, hormigueo, mareos y dolor de cabeza (fs.383). La copia de la historia Clínica del Hospital de Vicente López, da cuenta de que el actor fue atendido tres días después al accidente, le realizaron estudios y le indicaron collar cervical (fs. 150). El informe del Hospital Churruca, acredita que en los meses posteriores debió ser sometido a una cirugía por discopatía cervical (fs. 219/245) y a raíz de ello debió permanecer en licencia y cambiar de tareas laborales (fs. 222). Las molestias que ello le ocasionó, sin duda influenciaron en su estado emocional de manera negativa.
En el aspecto psicólogico, le generó una incapacidad que el perito estimó en un 20% y debe realizar un tratamiento psicoterapéutico de dos sesiones semanales por un período no menor a un año.
Asimismo, deben evaluarse todas las circunstancias personales de la víctima ya mencionadas al tratar la minusvalía, a las que me remito en honor a la brevedad.
c) La propuesta al Acuerdo
En virtud de todo lo expresado y lo dispuesto por los arts. 1078 y concordantes del Código Civil (en similar sentido arts. 1738 y 1741 del CCCN); arts. 272, 375, 384, 474 y conc. del C.P.C.C., entiendo que, el importe fijado en la sentencia ($ 70.000) no es elevado. Sin embargo, habiéndose sido apelada sólo por los accionados, atento los límites del recurso, propongo al Acuerdo su confirmación.
V. Los intereses
a) El planteo
El magistrado de la anterior instancia estableció que los intereses correrán desde la fecha del siniestro hasta el efectivo pago conforme la “Tasa pasiva-Plazo fijo Digital a 30 días” del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La demandada y la citada en garantía se agravian, por cuanto al aplicar la tasa BIP, el sentenciador eludió la veda legal a la repotenciación o actualización de deudas, lo que es arbitrario y violatorio de la ley vigente, de la doctrina del Superior y de la Constitución Nacional. Solicita se modifique el fallo y se fije la pasiva de dicha entidad, por ser la acorde con la realidad económica, de la cual los jueces no pueden sustraerse.
También se quejan porque en el caso de los “gastos de reparación del vehículo” y “pérdida de valor venal” el sentenciador aplicó los intereses desde la fecha del accidente, cuando en realidad se deben desde la presentación del dictamen pericial mecánico.
El actor al contestar el traslado sostiene, de manera contraria, que la tasa pasiva no cumple hoy la función resarcitoria que tienen los intereses moratorios, es decir, no repara el daño que implica al acreedor no percibir su crédito en tiempo oportuno, sino que provoca un beneficio al deudor moroso. En cuanto al segundo aspecto, refieren que los apelantes no indican las razones de hecho y de derecho por las cuales debería tomarse otra fecha, siendo esta queja una mera disconformidad, por cuanto no hay duda que los intereses correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o de cuasidelitos deben liquidarse desde el día en que se produce cada perjuicio objeto de reparación. Cita jurisprudencia y solicita que se confirme la sentencia.
b) El análisis
i. El tipo de interés en análisis constituye la forma específica de indemnización por el atraso en el pago de una obligación pecuniaria (conf. Trigo Represas, Félix A.- Compagnucci de Caso, Rubén H., Código Civil comentado, Obligaciones, T°. I., Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2005, p. 493). Por otra parte el art. 622 del Código Civil establece que el deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no los hay convenidos, se deben los legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si tampoco los hubiere legales, los jueces determinarán el que se deba abonar.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en reiterados pronunciamientos, insistió en la aplicación de la tasa de interés que se debe aplicar, en casos análogos al de autos, que es la que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos en pesos a treinta días vigentes al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, desde el día del hecho y hasta el efectivo pago, estableciendo su doctrina legal al respeto (causa C. 101.774, en autos: “Ponce, Manuel Lorenzo y otra contra Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y perjuicios», del 21/10/2009; causa C. 92.681, en autos: «V., S. U. contra Schlak, Oscar Reinaldo y otros s/ Daños y perjuicios», del 14/9/2011; causa 102.410, en autos: ”Núñez, Enrique Agustín c/ Ivancich, Raúl Leopoldo s/ Daños y perjuicios”, del 4/4/2012; causa 107.097 en autos: “Lescano, Gustavo Ariel c/ Cepeda, Edgardo Omar s/ Daños y perjuicios” del 27/6/2012; causa C 105.187, en autos: “Spadaro, María Lorena c/ Salezzi, Claudia y otros s/ Daños y perjuicios”, del 15/8/2012).
La doctrina legal es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (SCBA causa N° 117.819 del 18/06/2014). Su objetivo es establecer una unidad interpretativa que hace imprescindible el anhelo de otorgar seguridad jurídica a la comunidad.
La violación de la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 inc. 1° del CPCC se configura en el caso que un fallo sea dictado con injustificado apartamiento o inobservancia de un criterio jurisprudencial sentado previamente por la Corte, en casos análogos o de estrecha similitud.
Esta Sala, aplica la doctrina legal impuesta por la SCBA, sin perjuicio que en los fallos en que he emitido opinión, he dejado asentado que no comparto los argumentos en que se sustenta la referida doctrina. No obstante, razones de celeridad y economía procesal, como así también por la innegable aptitud vinculante de los fallos de nuestra Suprema Corte, conforme la ubicación en la cúspide de nuestro ordenamiento judicial local, siempre he propuesto adoptar su criterio (causas N° 40359-0 del 29/12/2014, 2528-6 del 20/11/2014, 38583-2009 del 12/11/2014, 15617-2011 del 23/10/2014, 1196-4 del 23/9/2014, 33760-11 del 7-7-15; entre muchos otros).
Algunos tribunales, con la intención de no violentar la doctrina legal de la SCBA, consideraron que, dado la variedad de tasas pasivas ofrecidas por el Banco Provincia, no se encuentra obstáculo para utilizar una que sea más equitativa. Consideraron razonable aplicar la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos en pesos a treinta días respecto a fondos captados en forma digital; es decir, a través del sistema “home banking” de la entidad, que se denomina comercialmente como Banca Internet Provincia o BIP en su modalidad tradicional (Tribunal de Trabajo n° 7 de San Isidro del 19/3/2014, en autos: “Czernecki, Jorge Alberto c/ Rezagos Industriales S.A. s/ Despido”, public. en La Ley online, AR/JUR8079/2014; Cám. Apel. Civ. y Com. Junín, del 4/11/2014, en autos: “Remy, Juan Domingo c/ Viora, Orlando s/ Daños y Perjuicios”, public., en RCyS 2015-V, 184, en La Ley online AR/JUR/70739/2014; Cám. Apel. Civ. y Com. Lomas de Zamora del 26/3/2015, en autos “Aguilera Azucena Petrona c/ El Puente SAT y/o s/ Daños y Perjuicios”). Dicha tasa se encuentra publicada por la entidad oficial desde el 19/8/2008.
La SCBA, en la causa 118.615 del 11/3/2015, en los autos caratulados “Zocaro, Tomás Alberto c/ Provincia ART S.A. y/o s/ Daños y Perjuicios”, dictó un fallo que entiendo, abre una senda favorable en tal sentido. Consideró nuestro Tribunal Superior que la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación, impuesta por el Tribunal de Trabajo N° 1 de La Plata, no habilita la instancia extraordinaria, desde que el interesado no demuestra vulnerada la doctrina legal de la Corte elaborada al respecto, pues precisamente en ella se ampara el fallo de origen.
En virtud de lo analizado, el respeto a la doctrina legal de la Corte en este tema y a los fines de salvaguardar el principio de la reparación integral, entiendo que nada impide aplicar una tasa pasiva que sea más equitativa (art. 622 del Cód. Civil, y art. 768 del CCCN). En dicho sentido ya se ha expedido esta Sala en anteriores decisiones (causa 33752-0 del 19/5/2015, Reg. N° 68; D-2375-04 del 19/5/2015, Reg. N° 69; 3149-6 del 28/5/2015, Reg. N° 80; 10.927/2012, de 2/2016 entre otras).
ii. En cuanto a la fecha a partir de la cual deben aplicarse, conforme lo tiene decidido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires reiteradamente, el interés de una suma de dinero reviste la condición de un accesorio cuyo cómputo es la única forma de que el acreedor reciba al momento del pago el valor real de lo que se le adeuda y dicho accesorio se debe -en las obligaciones con fuente en hechos cuasi delictuosos-, como el de autos, desde que se produjo el daño, tesis ésta, como ha dicho el referido Tribunal, que es la que mejor se compadece con la idea de indemnización integral que inspira en esta materia a nuestra legislación (causas Ac. 45.005, sent. del 27-XII-91 en D.J.B.A., tº. 143, pág. 58; Ac. 33.140, sent. del 23-VII-85 en «Acuerdos y Sentencias», 1985-II-195; Ac. 40.669, sent. del 12-IX-89 en «Acuerdos y Sentencias», 1989-III-325; Ac. 45.272, sent. del 11-VIII-92; Ac. 51.296, sent. del 27-IX-94).
Ello es así, por cuanto si el capital se debe desde la fecha del siniestro y la obligación de indemnizar también cubre los accesorios -como lo son los intereses-, tal como lo tiene decidido la jurisprudencia el punto de arranque de los accesorios no puede ser otro que la fecha del evento dañoso, sin que corresponda atenerse al momento en que se verificó el gasto o que en la pericial se fijaron los valores, pues la obligación de indemnizar y el correlativo derecho de la víctima de lograr la satisfacción dineraria de su quebranto nacen simultáneamente con la ocurrencia del suceso dañoso” (CACC Lomas de Zamora, “Marcos Walter H. c. Sosa Roberto L. y otros s/ daños y perjucios, 12440, RSC 96-94 S 10/5/1994; CACC Morón, “Pomerantz, Salomón M. c. Martín Fabián R y otro s/ daños y perjuicios”, 33463, RSD 165-95 S 18/5/1995; CACC San Martín, “Durán, Josefa Elena c. Empresa Gral. José de San Martín SA y otra s/ daños y perjuicios”, 49029, RSD 37-1 S, 1/3/2001, Juba). En sentido similar lo prevé el art. 1748 del Código Civil y Comercial el cual establece que “El curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio”.
En consecuencia propongo que se confirme el cómputo de los intereses fijados en la sentencia.
c) La propuesta al Acuerdo
De conformidad con lo dispuesto por el art 622 del Código Civil (en igual sentido el art. 768 del CCCN), art. 279 inc. 1° del CPCC, propongo al Acuerdo se confirme lo decidido en primera instancia en cuanto a la tasa de interés aplicada, por el período comprendido desde el 19 de agosto de 2008 y hasta el efectivo pago. Por el período anterior, es decir, desde la fecha del hecho (3/11/2006) y hasta el 18 de agosto de 2008, deberá aplicarse la pasiva (común) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para depósitos en pesos a treinta días.
VI. Las costas de la Alzada
En mérito a la forma en que se propone resolver los agravios planteados, entiendo que las costas de Alzada deben imponerse a los apelantes, en su condición de vencidos (art. 68 del CPCC).
Por todo lo expuesto, voto por la AFIRMATIVA.
Por los mismos fundamentos, el Dr. RIBERA votó también por la AFIRMATIVA.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
SENTENCIA
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia en todo lo que ha sido materia de agravios. Sin perjuicio de ello, se aclara que por el periodo comprendido desde la fecha del hecho (3/11/2006) y hasta el 18 de agosto de 2008, deberá aplicarse la pasiva (común) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, para depósitos en pesos a treinta días.
Las costas de esta Alzada se imponen a los recurrentes.
Se difiere la pertinente regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31, 51 del Decreto ley 8.904/77).
Regístrese, notifíquese y devuélvase a la Instancia de origen.
Carlos Enrique Ribera
Juez
Hugo O.H. Llobera
Juez
Mariano A. Bonanni
Secretario
Buenos Aires, Ley 11430 – BO: 20/12/1993
Herrera Cabrera, Michael Francklin c/Municipalidad Del Pilar y otros s/daños y perjuicios, Cám. 1ª Civ. y Com. San Isidro, Sala I, 08/08/2006
007944E
