Se deja sin efecto la caducidad de instancia decretada en una ejecución de sentencia, promovida a efectos de que un abogado cobre sus honorarios profesionales, en la medida en que dicha etapa procesal se encuentra excluida de la perención. Se destaca que el fundamento de la exclusión de las tramitaciones de ejecución de sentencias del régimen de la caducidad de instancia radica en que esta, al solucionar el conflicto que genera la pretensión procesal, pone fin a la inseguridad que provoca la indefinición de aquel.
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